Pese a que el Poder Judicial tiene casi 900 pensionados que reciben más de ¢2,6 millones al mes, solo 111 pagan una contribución solidaria, es decir, un rebajo ordenado por ley para atenuar el gasto en jubilaciones de lujo y darle sostenibilidad al régimen.

Adicionalmente, el aporte solidario que deduce la Corte es el más bajo de los que existen en los sistemas de pensiones exclusivos, según pudo corroborar este medio.

El Poder Judicial tiene un régimen con poco más de 4.000 jubilados, pero entre ellos un grupo de 883 personas se lleva más de la mitad del gasto mensual bruto: ¢3.275 millones de ¢6.243 millones.

Se trata de los pensionados que reciben montos brutos de entre ¢2,6 millones y ¢10,1 millones. Todas estas son jubilaciones que están por encima del monto máximo del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que es de ¢1,6 millones.

En el 2018, cuando la Asamblea aprobó una reforma para cerrar un déficit actuarial de ¢5,3 billones en el sistema de pensiones de la Corte, creó la contribución solidaria para las pensiones más altas. Sin embargo, esa medida alcanza a muy pocos en la Corte.

La contribución más baja

Actualmente, de los regímenes que pagan pensiones de lujo, el de la Corte es el que cobra las contribuciones solidarias más bajas de todas. Le sigue el sistema Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional.

Así se desprende de una comparación hecha por La Nación utilizando como referencia la mayor jubilación del Poder Judicial, que es de ¢10,1 millones.

Por concepto de aporte solidario, a esta pensión hoy se le rebajan ¢2,4 millones, lo cual equivale a un 24,1% del monto bruto.

A una jubilación con un monto similar, en el régimen de Gobierno y Exdiputados, se le rebajarían por contribución solidaria casi ¢4,1 millones, es decir, un 40,4%.

¿A qué se debe la diferencia? Primero, el Poder Judicial cobra el aporte solidario a partir de ¢4,4 millones, mientras que el régimen de Gobierno lo hace desde los ¢2,7 millones.

Segundo, la Corte cobra entre un 35% y un 55% del monto que se exceda a partir del tope, mientras que el otro deduce entre un 25% y un 75%.

Si el Poder Judicial bajara el tope a sus pensiones a ¢2,6 millones, como lo recomendó un estudio actuarial elaborado por la empresa Proveedor Integral de Precios de Centroamérica S. A. (Pipca), el rebajo por contribución para su máxima jubilación de lujo subiría a ¢3,7 millones (un 36,8%).

Asimismo, las pensiones de ¢4 millones, que hoy están exentas del aporte solidario, pagarían ¢552.000 (un 13,6%).

Entonces, la cifra de 111 beneficiarios que cancelan contribución solidaria aumentaría a casi 900.

Mientras tanto, si se aprobara un proyecto impulsado por la diputada Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN), para bajar el tope a las pensiones de lujo a ¢2,2 millones, la contribución solidaria de la pensión más alta de la Corte pagaría ¢4 millones por aporte solidario (un 39,6%).

En ese caso, serían más de 1.000 las jubilaciones que se podrían topar.

En su defensa, la Corte envió un comunicado en el que alegó que ninguna jubilación neta de su régimen supera los ¢6,5 millones, después de descontar contribuciones solidarias y otras deducciones.

El estudio actuarial elaborado por la firma Pipca reveló que las mayores pensiones son las principales causantes de que el régimen aún no alcance sostenibilidad, porque fueron otorgadas antes de la reforma del 2018 con un perfil de beneficios muy favorable.

Según la medición, ese sistema jubilatorio todavía tiene un hueco actuarial de ¢629.454 millones y su reserva comenzará a consumirse en el 2036, para agotarse por completo en el 2049.

Asimismo, el análisis determinó que el régimen de la Corte se ha visto afectado por la pérdida del 5% de cotizantes durante los últimos cuatro años.

Desde el 2015 a la actualidad, la planilla del Poder Judicial disminuyó en 683 personas; pasó de 13.485 a 12.802 empleados.

En contraposición, la cantidad de jubilados creció más del 15% durante el mismo periodo.

El informe hizo una serie de recomendaciones, dentro de las que figura la reducción del tope. De esta forma se podría ahorrar en el pago de estas pensiones, pues al bajar ese techo, sería posible cobrar contribución solidaria a más jubilados.

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¿Qué más recomienda el informe?

Aparte de bajar el tope a las pensiones, el estudio actuarial de Pipca sugiere conformar, cuanto antes, la Junta Administradora del Fondo, creada con la reforma del 2018.

Esta agrupación tendrá la potestad legal para modificar el perfil de beneficios del régimen, sin necesidad de que intervenga la Asamblea Legislativa para crear una nueva normativa.

No obstante, el Congreso también podría tomar medidas mediante el proyecto de Xiomara Rodríguez.

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Adicionalmente, el ajuste de la ley del 2018 modificó la edad de retiro de 55 a 65 años, así como el aporte del trabajador del 11% al 13% de su salario.

El fondo de pensiones del Poder Judicial cuenta con 4.131 jubilados y 12.802 trabajadores.