La funcionaria de Casa Presidencial, Mayuli Ortega, aseguró que no respondió la mayoría de las preguntas de los diputados de la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales para no prestarse “a juegos políticos o tergiversación de la información”. Agregó que no tiene ningún proceso penal pendiente en México, en donde vivió durante 30 años.
Así lo declaró Ortega luego de que La Nación le consultara sobre su paso por la política de México.
La también presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPS) fue llamada a comparecer porque Alberto Vargas Zúñiga, creador del trol de redes sociales Piero Calandrelli, afirmó que ella le pagó para que hablara bien del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y en contra del partido de gobierno, Progreso Social Democrático (PPSD).
Durante la comparecencia, los diputados no solo le preguntaron sobre lo dicho por el trol, sino que también le consultaron su versión sobre noticias que circularon en México, en el 2017, según las cuales a ella la denunciaron por una presunta falsificación de documentos para inscribirse como candidata a alcaldesa de Tecolutla, en el estado de Veracruz.
Ese día, Ortega rechazó referirse a esos hechos, aunque el legislador Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), hasta proyectó una noticia televisiva. De hecho, se abstuvo de contestar preguntas en 51 ocasiones.
Este martes, la funcionaria afirmó, mediante un texto enviado a este medio, que no oculta ninguna información ni duda de la institucionalidad democrática, pero asegura que “en ocasiones esta no es manejada como se debe y lejos de buscar la verdad, mancillan”.
“Yo para esos juegos no me voy a prestar”, aseveró.
La funcionaria dijo haber vivido en México por más de 30 años, que es viuda de un ciudadano mexicano y que, actualmente, es pensionada. Asegura que trabaja en Casa Presidencial desde junio de 2022, donde recibe un salario bruto mensual de ¢330.000.
Pese al intento de La Nación, Ortega no accedió a un intercambio de preguntas y respuestas sobre su papel en la política mexicana.
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Sin embargo, indicó: “No tengo ningún problema con la justicia de México, hago una acotación sobre este particular, ya que ha circulado en distintos medios de información sobre un supuesto proceso contra mi persona en ese país, lo cual es absolutamente falso. No existe un proceso pendiente en mi contra, no fui sancionada o condenada penalmente”.
Ortega le presentó a los diputados un documento que, según dijo, respaldaba que el juicio en su contra fue desestimado.
Sin embargo, la legisladora liberacionista Dinorah Barquero, presidenta de la comisión investigadora, señaló que el documento en cuestión se trataba de un oficio incompleto, sin número de causa, cuya autenticidad no está validada por ninguna autoridad nacional.
Jorge Dengo, representante del Partido Liberal Progresista (PLP), explicó que, durante los últimos 10 años, practicó el Derecho en México y que tiene los atestados para ejercer allá. Acto seguido, manifestó: “el documento (aportado por Ortega) me parece muy inusual; creo que sería oportuno tener acceso a una sentencia desestimatoria o al expediente, porque no es un documento que me dé confianza como abogado”.
Ante esto, los diputados Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Francisco Nicolás, del PLN; Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y el mismo Jorge Dengo pidieron a la presidenta del foro contactar a autoridades mexicanas para corroborar la información.
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Sobre las transferencias de dinero realizadas al trol Piero Calandrelli, Ortega señaló que el caso “está pronto a ser judicializado”, por lo que no se referirá en detalle a los acontecimientos. En la comisión, sí reconoció haberle hecho una transferencia de dinero a Vargas, pero alegó que fue para hacerle un favor a una amiga que no identificó.
“No tengo ninguna relación con el señor Alberto Vargas, persona que maneja el personaje Piero Calandrelli. Nunca le he pagado a dicho señor para que me realizara ningún servicio y mucho menos atacar a alguien en particular, ni a ningún partido o agrupación política”, sostiene la funcionaria.
El lunes, Ortega declaró ante los diputados y se abstuvo de declarar “para no incriminar a otras personas”.