EscucharLa ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Laura Fernández, exigió a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) revertir la declaratoria de que todos sus puestos de trabajo como exclusivos y excluyentes.
Esa declaratoria busca evitar que los salarios de la Aresep se rijan por lo que disponga el Ministerio de Planificación, ente rector del empleo público.
La Junta Directiva de Autoridad Reguladora tomó su decisión el pasado 26 de junio.
La ministra Fernández calificó el acuerdo de ilegal, argumentando que la institución no tiene autonomía constitucional para declarar todos sus puestos esenciales.
Según un dictamen vinculante de la Procuraduría General de la República (CGR), solo pueden declararse puestos exclusivos y excluyentes las instituciones con autonomía y funciones fijadas explícitamente en la Constitución Política.
Para las demás instituciones descentralizadas, rige la rectoría del Mideplán según la Ley Marco de Empleo Público.
“El acuerdo tomado por Aresep es ilegal, por lo que deben derogarlo”, afirmó la ministra.
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En ese sentido, la ministra envió a la Aresep, el 12 de julio pasado, el dictamen vinculante de la Procuraduría que confirma que Planificación debe regular los salarios y emitir lineamientos sobre el empleo público en instituciones descentralizadas que carecen de autonomía constitucional.
La funcionaria dijo que la Autoridad Reguladora solo posee autonomía administrativa y de organización, pero no de gobierno. Por lo tanto, su personal debe estar sujeto a la rectoría de Planificación.
“El criterio de la PGR es vinculante para ellos y les aclara que no poseen el grado de autonomía requerido para poder excluir puestos de Mideplan. Eso está resuelto por esa vía”, sentenció Fernández.
Aresep se aparta de rectoría
En respuesta a la comunicación enviada por Planificación el 12 de julio, el regulador general, Eric Bogantes, admitió que la Aresep no está exenta de la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público.
Sin embargo, aseguró que su grado de autonomía le impide estar bajo la rectoría del Poder Ejecutivo, argumentando la existencia de una “coletilla”.
“Es decir, le corresponde al ente regulador, en atención a su autonomía de segundo grado, implementar lo dispuesto en dicha norma”, afirmó Bogantes.
Según el regulador, la jurisprudencia de la Sala IV ha elevado la autonomía de la Aresep al rango constitucional de segundo grado, lo que le otorga autonomía de gobierno.
Con ese nivel de desconcentración, asegura, la Autoridad Reguladora puede declarar cuáles de sus puestos pueden ser exclusivos y excluyentes, de manera que sus salarios sean fijados internamente.
Además, el regulador general sostuvo que el dictamen de la Procuraduría solo es vinculante para la administración consultante, en este caso, Planificación.
También, recordó que la PGR no entró a analizar en el fondo la decisión de la Autoridad Reguladora, dado que declaró improcedente la consulta planteada por Mideplán.
Infocoop dice que trabaja en dos escenarios
Otra institución descentralizada que declaró que todos sus puestos son exclusivos y excluyentes es el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop). La jerarca de Planificación también le envió una nota para pedir la derogatoria de ese acuerdo.
Ante una consulta de La Nación sobre el criterio de la Procuraduría, el Infocoop argumentó que ese dictamen surgió con motivo de una consulta del Mideplán sobre el caso de la Aresep.
“Si bien los pronunciamientos de la Procuraduría son vinculantes para la Administración Pública, para el caso en concreto del Infocoop aún estamos a la espera que se resuelva la consulta planteada por Mideplán, ya que el Infocoop, a diferencia de Aresep, es una institución financiera no bancaria, clasificación que ya ha sido reiterada por la Contraloría General de la República”, argumentó la institución.
Según el Infocoop, no ha incurrido en ningún acto contrario a la Ley Marco de Empleo Público y está trabajando internamente en los dos escenarios: en el que se tiene que regir por la rectoría del Mideplán y en el que puede definir sus salarios internamente.
