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La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial realizan desde tempranas horas de este martes 26 allanamientos por la presunta complicidad de intereses económicos dentro de la creación del Plan Regulador Costero de la zona marítimo-terrestre de Talamanca (Limón), con el que se procuraría el otorgamiento de permisos de construcción dentro de la zona restringida.
La acción busca recopilar pruebas para una investigación por los presuntos delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y falsedad ideológica.
Entre los lugares que se registran están 11 casas, incluida la del alcalde de Talamanca, Rugeli Morales Rodríguez, así como oficinas públicas y empresas en Limón, Santo Domingo de Heredia, Curridabat y San José.
La acción judicial, conducida por la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, se inició a las 6 a. m. Las autoridades confirmaron la detención de un hombre de apellido Domínguez, de 44 años.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, el Plan Regulador Costero se habría hecho contraviniendo normativa nacional e internacional, afectando los bosques y humedales cercanos al Refugio Mixto de Gandoca-Manzanillo, en Talamanca, según confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Las autoridades presumen que eso se logró tras un acuerdo entre empresarios de la zona y funcionarios y exfuncionarios de diferentes instituciones, entre las que se encuentran la Municipalidad de Talamanca, el Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
La evidencia obtenida en los operativos será incluida dentro del expediente N.° 23-000250-1218-PE.
Como parte del operativo, se allanaron también las oficinas del Sinac, la Municipalidad de Talamanca, el INVU, la Setena y el ICT. También hubo diligencias en viviendas de particulares vinculados al Consejo Local del Área de Conservación La Amistad-Caribe (Aclac) y el Consejo Local de Áreas de Conservación (Colac).
Las autoridades sospechan que todo conecta con la tramitación y aprobación de dicho plan regulador por parte de la Municipalidad de Talamanca.
“Al parecer, esta anomalía tuvo por objetivo el beneficiar los intereses privados de personas particulares enfocados en la explotación turística, empresarial, urbanística y comercial en zonas no permitidas y en consecuencia, la aparente consecución de otros actos como eliminación de humedales, tala ilegal de árboles, invasión a la zona marítimo-terrestre y territorios indígenas, así como el presunto cambio de uso de suelo”, informó el Ministerio Público.
Por el momento, la acción continúa con recolección de indicios como dispositivos electrónicos y documentos, cuya información será analizada por expertos forenses. No se descarta la detención de más personas, añadió el órgano acusador.
Otras investigaciones por permisos de tala en Talamanca
Actualmente, la Fiscalía tiene abiertas otras causas vinculadas con supuestas anomalías en el otorgamiento de permisos de tala en el Caribe Sur. Estas investigaciones no tendrían relación con la que trascendió este martes.
El 16 de julio, las autoridades detuvieron a cinco personas sospechosas de los delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso en relación con permisos de tala en terrenos del Refugio Gandoca-Manzanillo.
Aquellas capturas se efectuaron durante siete diligencias en las oficinas centrales del Sinac, en Santo Domingo de Heredia y en la sede del Área de Conservación La Amistad-Caribe, en Talamanca. Asimismo, se realizaron operativos en viviendas en Cahuita, Limón, Sarapiquí y Curridabat.
Los implicados, entre ellos funcionarios del Sinac y el empresario Allan Pacheco Dent, quedaron en libertad y sin medidas cautelares mientras avanzan las pesquisas.
El 21 de mayo, el Ministerio Público también había allanado la Municipalidad de Talamanca, en busca de información por el supuesto otorgamiento ilegal de un permiso de aprovechamiento forestal para la extracción de madera.
La acción en ese ayuntamiento se relaciona con presuntos delitos de cambio de uso de suelo, invasión a la zona marítimo-terrestre y otros.
