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La ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz Rosales, nombró a Carlo Magno Burgos Vargas, gerente del consorcio Corp. Low Risk, socio estratégico de Radiográfica Costarricense (Racsa) en el negocio de los escáneres antidroga, en la Junta Directiva del Centro Nacional de la Música.
La designación comenzó a regir el pasado 15 de mayo y tiene un periodo de vigencia de cuatro años, según consta en la resolución MCJ-DM-096-2023.
Burgos, abogado de 34 años, se desempeña en esta junta en el cargo asignado a un profesional en Derecho y, además, es el secretario del órgano directivo.
Su nombramiento se produjo semanas después de que Racsa eligió a Corp. Low Risk como su socio estratégico, con el objetivo de proveer al gobierno los escáneres antidroga que se instalarán en fronteras marítimas y terrestres.
La Nación envió consultas a la ministra de Cultura para conocer cuál fue el proceso de selección de Burgos, si alguien se lo recomendó y cuál es su experiencia en este sector, pero no hubo respuesta.
En cuanto a la selección de su empresa como socia de Racsa, tampoco se conocen detalles porque Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), propietario de Radiográfica, declaró confidencial el proceso de contratación. Solo se sabe que se adjudicó entre marzo y abril pasado.
Potestad legal
El Centro Nacional de la Música, mediante la dependencia de Promoción Artística y Relaciones Públicas, recalcó que “la elección de los miembros de la Junta recae exclusivamente en la señora Ministra de Cultura”.
El artículo 4 de la Ley de Creación del Centro de la Música establece que esa organización contará con una Junta Directiva, la cual debe ser designada por Nayuribe Guadamuz, quien además es la presidenta.
De los siete escaños posibles, Burgos Vargas ocupa el puesto correspondiente a un licenciado en Derecho, pues también tiene que haber uno en Economía, otro en Administración y tres del sector artístico.
El lunes pasado, La Nación reveló que la empresa de Burgos logró acceder a Racsa mediante el expresidente ejecutivo del Incop Braulio Venegas Dijeres, quien dimitió al cargo por su relación con un sospechoso del Caso Corona, en el cual se investiga a una presunta banda dedicada al tráfico de cocaína líquida.
Venegas concretó una reunión para Burgos con el gerente general de Racsa, Mauricio Barrantes, y la entonces directora de negocios de esa empresa estatal, Alicia Avendaño. El encuentro se realizó el 2 de setiembre del 2022, de manera virtual.
El presidente de Corp. Low Risk reconoció que él le pidió ayuda a Braulio Venegas, quien para ese entonces era asesor jurídico de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), porque había tenido dificultades para acceder a Radiográfica. Ambos se conocen desde hace 16 años, cuando comenzaron a estudiar Derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR).
Ocho meses después, en mayo del 2023, como parte de la investigación del Caso Corona, el OIJ captó llamadas telefónicas en las que dos miembros de la presunta banda narco hablaron de aprovechar el negocio de los escáneres. Uno de ellos, el abogado Francisco Montes Fonseca, de 35 años, dijo que entrarían en el negocio mediante un amigo “que mueve todo por detrás”. También, citó que hablaría con una persona de nombre “Braulio” para que les consiguiera una cita con Racsa y con la empresa.
Aliados en Moín
Actualmente, Radiográfica y el consorcio suministran juntos servicios a la empresa APM Terminals, operadora del megapuerto de Moín. El 13 de julio del 2023, suscribieron en asocio un subcontrato con la concesionaria portuaria “para la prestación del servicio complementario de escaneo de contenedores”.
El gobierno, a través del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), pretendía contratar a Racsa como proveedor de los escáneres, de manera directa y sin concurso, mediante un procedimiento de excepción entre entes de derecho público. Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó frenar ese proceso, tras detectar “yerros graves”.
El órgano contralor concluyó que la asociación estratégica entre Racsa y Corp. Low Risk no era compatible con la contratación por excepción que pretendía realizar el Gobierno. Bajo esa figura, Radiográfica no puede subcontratar más del 30% del objeto contractual a un tercero y en ese caso, el aliado iba a ser el proveedor de los aparatos.
La CGR, además, detectó que no el Servicio Fitosanitario no realizó un estudio de mercado adecuado para justificar la idoneidad de contratar a Racsa. Por el contrario, se fundamentó en un texto de solo seis párrafos para descartar la opción de que empresas privadas compitan para proveer esos escáneres.
