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El ministro de Justicia, Gerald Campos, admitió ante los diputados que Arturo Salazar Valverde, gerente de la empresa Datasys, fue quien le planteó la idea de construir cárceles de carpas. La sugerencia surgió en febrero de 2024 cuando el empresario le indicó al jerarca que conocía una firma que podía explicarle el planteamiento.
Según detalló el ministro, Salazar le recomendó hablar con la compañía española ARPA. Así lo explicó este martes en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se discute la solicitud del gobierno para destinar ¢2.684 millones a la instalación de las carpas.
“Fue una de las primeras personas que se contactaron para que nos explicara qué era eso (cárceles de carpas). Eso lo empezamos el 17 de febrero; comenzamos a hablarlo todos y nos dijeron: ‘Hay alguien que le puede explicar y se trata de la empresa ARPA’”, aseveró Campos.
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“El señor Arturo Salazar, el de la empresa Datasys, nos refirió a ARPA”, continuó.
La empresa Datasys es proveedora del Estado. Entre 2018 y 2024 ganó al menos 273 contratos, tanto en ministerios como en instituciones descentralizadas y municipalidades, de acuerdo con datos del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Gerente de Datasys llegó referido por colegas de gobierno
Campos también admitió que Arturo Salazar llegó “por referencia de otros colegas de gobierno”.
“Me dijeron ‘puede tener experiencia, contáctelo’. No experiencia en carpas, sino en construcciones livianas. Le pregunté (a Arturo) y él me dijo: ‘Conozco a unos señores de España, voy a hacerte el contacto’.
“Hay varios jerarcas que hemos estado hablando de la problemática, ahorita por nombres no recuerdo, pero hablamos de cómo solucionar esto (confinamiento) “, agregó el ministro ante preguntas del diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA).
Fue así como la firma ARPA, que tiene su sede en Zaragoza, España, logró una reunión en el despacho del ministro, el 7 de marzo. A esa cita asistieron Tomás Bujeda Rami, como representante de la empresa española, junto a los gerentes de Datasys, Arturo Salazar y Alberto Salazar.
Menos de cuatro meses después de ese encuentro, Gerald Campos y Carolina Castro, viceministra de Justicia, aprovecharon una gira a España, financiada con recursos del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), para visitar las instalaciones de la empresa ARPA, el 4 de julio.
Según afirmó Justicia, esa visita a Zaragoza tuvo como objetivo hacer un estudio de mercado para la contratación de un modelo constructivo liviano y de fácil montaje para el sistema penitenciario.
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Paulina Ramírez: ‘¿Es ético?’
Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), preguntó al ministro si consideraba ético utilizar recursos de cooperación internacional para visitar a un posible proveedor del Estado.
“Yo quería conocer (la empresa ARPA). Decidí, en un día, ir al lugar, ver la empresa, ver lo que ofrecían y traerlo como retroalimentación aprovechando que estaba en España”, contestó Campos.
El Ministerio de Justicia alegó que ARPA es una empresa especializada en la fabricación y suministro de soluciones móviles e instalaciones temporales para diversos sectores, incluyendo defensa, emergencia, salud y misiones humanitarias.
Exleine Sánchez, quien fue destituido del cargo de viceministro de Justicia el 11 de julio, fue recibido este martes en audiencia por el mismo foro legislativo.
Durante su intervención, detalló que el encuentro de marzo, en el despacho ministerial, fue dirigido por Alberto Salazar, otro de los gerentes de Datasys, quien presentó el proyecto como una oferta de sus servicios.
Según afirmó el exviceministro, el gerente de Datasys no fue capaz de responder preguntas básicas sobre las supuestas cárceles de carpas ni logró decir nombres de lugares con sistemas penitenciarios de ese tipo.
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El pasado 30 de julio, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, pidió a los diputados aprobar los ¢2.684 millones para que el Ministerio de Justicia y Paz financie el plan de cárceles de carpas, pese a desconocer si el proyecto es técnicamente factible en términos económicos y en materia de seguridad.
Ese día, la diputada Paulina Ramírez le preguntó si el Ministerio de Justicia cuenta con algún análisis técnico que evidencie si el uso de carpas es factible y seguro para el manejo de privados de libertad.
El jerarca respondió que a Hacienda solamente le corresponde poner los recursos a las partidas para que los ministros las vayan ejecutando. “No sé si ellos (Ministerio de Justicia) han hecho estudios o algunas de las gestiones que normalmente se hacen para un proyecto”, agregó.
El plan cuenta con el visto bueno del presidente Rodrigo Chaves, quien el 12 de julio, luego de que Exleine Sánchez Torres afirma que es una ocurrencia, declaró: “La opinión de un exfuncionario, en este caso de don Exleine que fue destituido ayer, a mí no me va a hacer cambiar los criterios técnicos que he visto, a menos que él presente un caso técnico, pero ¿por qué ahora, el día que lo echaron?”.
“Aún no se han emitido estudios técnicos de ningún tipo”, reconoció, sin embargo, el Ministerio de Justicia.
