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Renato Alvarado, jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), afirmó que, en el sector estatal de apoyo a los productores agropecuarios, existe un problema de fragmentación que hace que las instituciones se comporten como “islas” y “feudos”.
Según el jerarca, esta situación se presenta desde antes de que él llegara al MAG.
“¿Qué fue lo que yo me encontré aquí? Me encontré una alta dispersión de las instituciones, porque cada institución se convierte en una isla y es un feudo que defiende cada uno de sus directores, y eso hace que la coordinación sea bastante compleja”, dijo Alvarado.
Las declaraciones del Ministro se produjeron luego de que un informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló una serie de falencias en la rectoría del sector agropecuario del Estado.
“Efectivamente, cuando nosotros vemos el resultado de la auditoría, agradecemos mucho a la Contraloría el esfuerzo que hace el estudio, porque refleja de una manera sustantiva y muy concreta cuáles son esas falencias, esas diferencias que tenemos como sector y donde hay que entrar a trabajar puntualmente en la construcción de una mejor articulación”, explicó Alvarado.
Observaciones
Dentro de las observaciones del ente contralor, está una débil recopilación de datos para dar seguimiento a los programas que desarrolla el MAG.
Este ente rector dispone de diversos sistemas en las 11 instituciones que componen el sector; sin embargo, ninguna de ellas intercambia información con el fin de mejorar la planificación institucional y detectar parámetros como riesgos o mejoras.
El informe señala que la falta de coordinación se origina debido a barreras legales y administrativas que hacen que cada institución se comporte de “forma aislada”, lo que genera un fraccionamiento del sector.
Agrega el documento que esto limita contar con una visión integral del Gobierno para atender oportunamente las necesidades de las personas dedicadas a las diferentes actividades agropecuarias.
“Cada institución del sector gestiona sus servicios de forma dispersa, según sus propios criterios de actuación y prioridades, lo cual limita la articulación de la gestión estratégica a nivel sectorial e implica el riesgo de una posible desvinculación con respecto a las necesidades prioritarias“, alertó el órgano contralor.
Al respecto, el ministro de Agricultura indicó que junto a la CGR trabajan en poder integrar al sector con fundamentos legales que los respalde.
“Hemos venido trabajando con la Contraloría para tratar esas falencias con un asidero jurídico, muy ordenado, que nos permita también a las instituciones decirles ‘no es un decir del ministro nada más y un deseo del ministro la articulación’, sino que aquí hay un tema que hay que resolver”, agregó el rector del MAG.
El ente contralor señaló: “Los programas institucionales no están vinculados o integrados entre sí respecto al plan sectorial y estos instrumentos no incorporan los resultados esperados para la población meta del sector, en razón de que no existe evaluación de los resultados del citado plan”.
El Plan del Sector Agropecuario, Pesquero y Rural 2019-2022, conocido como plan sectorial, es un instrumento de planificación que contiene estrategias para cumplir los lineamientos de política 2019-2022 para el sector agropecuario.
No obstante, debido a las falencias en la recopilación de información, este plan estratégico presenta debilidades que perjudican el desarrollo de la producción agropecuaria nacional.
No contempla mecanismos de ajuste y mejora continua ni de valoración de riesgos; tampoco asigna los resultados que se esperan ni análisis para evitar duplicidades dentro de las instituciones o programas que componen el plan sectorial.
Otro de los hallazgos de la Contraloría es que “no existen mecanismos para integrar las necesidades de la población objetivo”, al tiempo que las metas e indicadores están desligados de las necesidades de la población del sector agropecuario.
Finalmente, detalló que no se cuenta con un registro único que recopile información homologada de productores y agroempresas, el cual serviría como insumo para fortalecer las acciones entre el MAG y este sector.
Falta de coordinación
“Se carece de un proceso formal de seguimiento con enfoque de resultados que permita conocer el grado de cumplimiento de las acciones sectoriales y los efectos e impactos sobre la población meta”, aseguró el informe.
El jerarca reconoce que esta situación se debe a que los programas institucionales no están conectados entre sí, debido a que cada entidad actúa independientemente.
Según la Contraloría, esta situación impide determinar los efectos e impactos de los programas.
Actualmente, existe una serie de órganos encargados de la coordinación del sector, dentro de los que se encuentra la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa) y el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (Cotecsa).
También, están el Consejo Nacional Sectorial Agropecuario, los Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios, los Comités Sectoriales Locales Agropecuarios, los Foros Mixtos, y foros con la población objetivo para coadyuvar con la toma de decisiones.
No obstante, pese a la existencia de esos órganos, “existen limitaciones en coordinación”, lo que genera dificultades en la obtención de resultados e información.
“No existe coordinación para establecer mecanismos de priorización de las necesidades sectoriales con participación directa de los actores del sector”, añadió el ente contralor.
Beneficiarios alertan fallas
La auditoría de la Contraloría también contiene las opiniones de organizaciones del sector agropecuario, las cuales señalaron debilidades y carencias en los programas promovidos tanto por el MAG y órganos que lo componen.
“La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria indicó que, desde su óptica, el sector no posee los mecanismos idóneos para determinar los efectos e impactos esperados de las acciones institucionales sobre la población meta y que no hay una coordinación efectiva y orientada hacia la gestión”, apuntó el informe.
Asimismo, esta Cámara explicó que las acciones prioritarias del sector deben abocarse en el mejoramiento de la productividad, la transparencia de mercados y el desarrollo.
Adicionalmente, solicitaron la reactivación en la producción de cultivos como arroz, cacao, coco, plátano, café, entre otros, para generar empleo.
Por su parte, la Unión de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios señaló que, para que se brinde un buen servicio, se debe mejorar la planificación en cada sector agropecuario.
Además, insistieron en que se necesita “educación rural, empresarial y diversificación de emprendimientos”.
Otro de los requerimientos es el fortalecimiento de los instrumentos de investigación científica, y la gestión de recursos para minimizar los riesgos.
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Según reconoció el titular de la cartera de Agricultura, los agricultores y productores sienten lejanía con el Ministerio y sus instituciones, por lo que empezaron a implementar un formulario para recibir propuestas de los costarricenses.
“Hemos podido trabajar, por ejemplo, con un formulario único en la zona sur, para la presentación de proyectos”, añadió.
En octubre del 2020, la Contraloría también reveló que el MAG había girado fondos por ¢1.168 millones a 24 organizaciones sin evaluar resultados, entre enero del 2018 y mayo del 2020.
