EscucharElian Villegas, ministro de Hacienda, asegura que sí existe una institución capaz de generar un desequilibrio fiscal en el país: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Si bien resalta el servicio de salud que ofrece a los habitantes, cuestiona el enorme presupuesto que consume la CCSS, así como su manejo financiero, la forma en que calcula la deuda del Estado, el alto costo de administración del sistema de pensiones y el costo de la atención médica.
“Cuando vemos que el gasto corriente del Gobierno Central sin intereses está por encima de los ¢6 billones, mientras que el gasto corriente de la Caja para el próximo año anda arriba de ¢5 billones, eso tiene un impacto directo en la competitividad del país e impacta directamente el déficit fiscal del país.
“Si hay algo que realmente tiene una capacidad poderosa de erosionar la estabilidad fiscal es la Caja y, por eso, es de la mayor importancia poder analizarla también desde esa perspectiva financiera, pero no desde la perspectiva de salud, en la que también somos conscientes de su aporte no solo a la salud, sino al pacto social”, criticó el ministro.
El ministro aludió el tema el martes en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso cuando la diputada liberacionista, Ana Lucía Delgado, le preguntó sobre el estado de los abonos del Gobierno a la histórica deuda del Estado con la Caja.
Villegas cuestiona que mientras el Gobierno restringe el crecimiento de su gasto por la crisis fiscal, el presupuesto de la CCSS se incrementa en 10% para el 2022.
“Ahí no hay ninguna prudencia. Creo que ustedes como diputados deben entenderlo desde el lado de la administración financiera. Reitero: desde el lado de salud, todos entendemos que la Caja no solo es una institución importante, es imprescindible para el pacto social. Para preservar eso, debemos revisar lo otro. Revisar lo otro es tener cuidado con el concepto de deuda histórica, puede prestarse a confusiones importantes”, insistió en la comisión.
Posteriormente, el ministro amplió a La Nación cómo el incremento presupuestario de la Caja afecta la competitividad y la estabilidad fiscal del país.
“El financiamiento de la CCSS viene por dos fuentes: el mercado laboral y el presupuesto nacional. Como país, debemos reflexionar en que un incremento del presupuesto de la CCSS se traduce en una mayor presión sobre las cargas que se extraen del mercado laboral y ello afecta automáticamente el costo de la mano de obra, lo cual genera un impacto en la competitividad de las empresas y del país en general.
“Igualmente, al aumentar el presupuesto de la CCSS, también habrá que procurar esos fondos por vía de transferencia del Presupuesto Nacional, es decir, de la recaudación del Estado (por vía de impuestos)”, explicó.
El ministro, quien fue presidente del Instituto Nacional de Seguros (INS) antes de asumir la jefatura de Hacienda, criticó los costos de atención en salud de la CCSS con el siguiente ejemplo: “Un encamado cuesta un tercio en el INS de lo que cuesta en la Caja. Son temas evidentes que necesitan ser revisados porque tienen una incidencia en la competitividad del país. No es un tema menor”.
En setiembre del 2020, se informó que el costo diario de una cama en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ronda ¢1,5 millones y en salón, ¢500.000. En tanto, a agosto pasado, la CCSS tenía 63.723 empleados.
Para el 2022, el Gobierno Central le transferirá a la Caja ¢1 billón en contribuciones para el seguro de salud y las pensiones contributivas y no contributivas (para personas de escasos recursos), así como aportes para gasto corriente.
Solo en transferencias corrientes, Hacienda presupuestó ¢688.371 millones y, en giros para el seguro de salud, ¢203.776 millones.
“Si elimináramos las transferencias que desde el Presupuesto Nacional se deben realizar a la CCSS, el gasto del Gobierno sería incluso menor al gasto total de la Caja. Por eso, son muy importantes los esfuerzos que se han venido haciendo para que la institución se autoimponga un límite de gasto”, pidió.
Villegas les advirtió a los diputados de que deben tener cuidado sobre el significado de la deuda histórica del Estado con la Caja.
Según comunicó la Contraloría General de la República (CGR), esta deuda ascendió a ¢2,37 billones al mes de setiembre de 2021, de acuerdo con información de la Caja. Sin embargo, de ese monto, el Gobierno y la CCSS solo han coincidido en ¢323.000 millones en el proceso de verificación.
La verificación es un ejercicio que realizan ambas partes para proceder a los pagos a través de los presupuestos aprobados de los diputados. El Congreso le ha autorizado a Hacienda el uso de deuda pública y el 10% de los créditos internacionales para abonar a la deuda.
Durante el 2020 los diputados le autorizaron ¢74.000 millones a Hacienda, de los cuales se giraron ¢42.833 millones al pago de deudas del Ministerio de Salud y del sistema de pensiones.
Este año se han autorizado ¢68.100 millones y se han utilizado ¢17.739 millones como abono de la deuda del MEP a la Caja por impago de cuotas completas.
Sin embargo, Villegas criticó que la deuda histórica se ha engordado por las obligaciones aprobadas por los diputados a la Caja. Esta, a su vez, no las asume de sus propios recursos, sino que le pasa la factura al Gobierno, se quejó.
“Un caso es de la fertilización in vitro. La Caja nos pasa factura todos los años y es una factura grande, no es poca plata, son miles de millones de colones. Igual nos pasa la factura no solo de asegurados por el Estado, nos pasa factura por indigentes, facturas por niños y adolescentes, nos pasa la factura por extranjeros y muchos otros.
“Hay una gran partida que (anualmente) se le debe trasladar a la Caja. Hay que hacerlo porque vienen de alguna ley que autorizó a la Caja a hacer algo, pero cuando mediante una ley se le gira un ingreso a la Caja, eso no computa como disminución de esas obligaciones”, lamentó.
Sobre las críticas al manejo financiero, cuestionó que la CCSS duplicara en cinco años el costo administrativo de las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El costo pasó de a ¢37.798 millones a ¢72.284 millones entre el 2017 y el 2021, publicó este martes La Nación. “No es posible que en el caso del IVM se duplicara el costo administrativo en cinco años”, señaló el ministro.
La diputada de la bancada oficialista Laura Guido también invitó a la Caja a revisar los rubros que incorpora a la deuda del Estado.
“No solo hablamos de contribuciones patronales, hablamos de nuevas legislaciones que introducen nuevas responsabilidades, como las pruebas de paternidad. La Caja la contabiliza dentro de la deuda del Estado y no lo asume dentro de su propio peculio. Sería un tema de esclavitud perpetua del Estado costarricense que no podrá terminar de pagar si no hay un modelo riguroso y estricto de cálculo de la deuda”, lamentó Guido.
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