El ministro de Hacienda, Elian Villegas, asegura que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) sí puede hacer aportes anuales de sus excedentes para ayudar a pagar la deuda pública, una vez que deduzcas sus gastos y el pago del impuesto de renta.

Ante consultas de la prensa, Villegas reaccionó a la negativa del presidente de Recope, Alejandro Muñoz, de que su institución aporte hasta el 30% de sus ganancias anuales, por los próximos cuatro años, al pago de deuda del Gobierno Central.

La solicitud que hace el Gobierno, a través de una iniciativa de ley, es que en total 14 empresas del Estado contribuyan de manera solidaria con el equivalente al 0,20% del producto interno bruto (PIB) en cada uno de esos años.

“Recope señala que técnicamente ellos no tienen utilidades, pero para los efectos del proyecto, llámelo usted el excedente que les queda después de haber pagado todos sus gastos, como usted quiera llamarlo, para efectos nuestros esos son utilidades y dentro de esas utilidades es que estamos pidiendo el aporte”, manifestó.

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El presidente de Recope le respondió por escrito a la bancada del Partido Restauración Nacional (PRN) que técnicamente carece de utilidades porque su servicio es regulado y que la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), de conformidad con el principio de servicio al costo, solo le reconoce cada año un monto para inversión.

Esa reserva de inversión se denomina Rédito sobre la Base Tarifaria (RSBT), “cuyo monto se utiliza para financiar el desarrollo y mejoramiento del Sistema Nacional de Combustibles”, aseguró Muñoz.

Recope expuso que, entre el 2016 y el 2020, la empresa estatal solo reportó utilidades contables en los años 2017 y 2018.

Villegas evitó polemizar sobre si el jerarca de Recope se aparta de la línea del Gobierno con esa posición. Solo dijo que ha conversado en un par de ocasiones con él, sobre el tema.

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Añadió que la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, también ha estado conversado con Muñoz y otros jerarcas de instituciones que se han mostrado reticentes a realizar la contribución.

“El proyecto va para adelante por parte del Poder Ejecutivo. Las empresas tienen que hacer un esfuerzo y, llegado el momento, se les hablará y tendrán que ver cómo acomodan su situación financiera, pero eso tiene que salir”, aseguro el ministro.

Villegas volvió a recordar que el proyecto de ley no busca privatizar a ninguna de estas empresas, sino, más bien, se les pide una contribución solidaria en una coyuntura especial.

Al mismo tiempo, el jerarca explicó que el propietario o socio de las empresas públicas es el pueblo costarricense, el Estado, e hizo ver que sus altas direcciones deben estar anuentes a colaborar.

‘Es el socio que pide a sus negocios un aporte’

“Es decir, ¿cómo es que el socio llega a hablarle al gerente y el gerente dice no, no puedo, no, no quiero? Perdón, pero esa no es la situación. El pueblo costarricense está en medio de una pandemia, está en una situación económica difícil, requiere un pequeño auxilio por parte de sus empresas”.

“No estamos hablando de que es un impuesto. Estamos hablando de que es el socio el que está pidiendo a sus negocios que le den un aporte adicional en los próximos cuatro años”, subrayó el ministro.

En su respuesta al PRN, Muñoz aseguró que en 2016 y 2017, de conformidad con la liquidación fiscal, el pago del impuesto de renta ascendió a ¢5.523 millones.

“Si el aporte solidario (al pago de deuda) hubiese estado vigente en esos años, el monto total habría ascendido a ¢15.455 millones, muy superior al de renta calculado para esos mismos años, en razón de que la base imponible es mayor, lo que habría reducido la capacidad de inversión y mantenimiento de la empresa”, agregó el jerarca de Recope.

Esta última cifra es parecida al costo promedio anual de la convención colectiva que la Refinadora acaba de firmar con su sindicato por tres años, por un monto de ¢46.200 millones (¢15.400 millones al año). Esos beneficios de los trabajadores son cargados a los precios de los combustibles como costos de operación cada año.

Al mismo tiempo, el presidente de Recope les informó a los diputados que para el 2019 las pérdidas de la empresa, que tiene el monopolio de importación y venta al por mayor de combustibles, alcanzaron ¢2.111 millones y, para el 2020, esa cifra negativa fue de un poco más de ¢18.000 millones.

Así como la Refinadora, han cuestionado el plan de aporte solidario en los términos planteados por el Gobierno, los bancos públicos Nacional (BCR) y el de Costa Rica (BCR), y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

También lo hizo Correos de Costa Rica, que alega pérdidas y caída en la capacidad de inversión.

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) también expuso que tiene pérdidas, pero su jerarca, Elizabeth Briceño, manifestó estar de acuerdo con la iniciativa que considera temporal.

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Villegas reiteró que el rendimiento del proyecto sería de unos ¢75.000 millones anuales, para lo cual se tomó en cuenta las condiciones particulares de cada una de las 14 empresas estatales incluidas.

“Esperamos que no tengan pérdidas durante los cuatro años. En algún momento van a tener ganancias y ahí vamos a poder tasarlas. Los rendimientos están estimados considerando condiciones particulares de esas empresas y considerando incluso que el rendimiento no es plano a lo largo del tiempo.

“Creo que es muy razonable lo que estamos pidiendo. Lo estamos pidiendo no es para beneficio de un Gobierno, es el Estado costarricenses, es el pueblo costarricense como tal, como dueño de esas empresas quien está pidiendo el aporte”, finalizó.

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Por su parte, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, consideró que está organizando reuniones con jerarcas de las instituciones para conocer y evaluar sus preocupaciones.

“Es importante destacar que el proyecto de ley contempla que el monto del aporte se hará por decreto y atendiendo las situaciones de cada empresa en términos de sus utilidades. Buscando que el aporte de todas las empresas sea 0,20% del PIB”, dijo Dinarte.