Elian Villegas, ministro de Hacienda, afirmó que no sería conveniente reducir el impuesto a la propiedad de vehículos, que forma parte del marchamo, en momentos en que a las finanzas públicas les urgen ingresos frescos.
En conferencia de prensa, el jerarca afirmó que, si en la Asamblea Legislativa llegara a avanzar alguna propuesta para diminuir dicho tributo, el proyecto tendría que contemplar también una fuente para sustituir los ¢250.000 millones anuales que genera el cobro del marchamo.
Villegas afirmó que reducir el derecho de propiedad de automotores tampoco sería una medida justa a nivel social, pues se trata de una imposición progresiva, es decir, que depende de la capacidad adquisitiva de cada contribuyente.
“Unas de las preguntas que se hacían hace un rato al señor presidente era sobre impuestos justos. El impuesto a la propiedad de los vehículos es un típico impuesto de esos. No lo paga la gente que no tiene vehículo, lo pagan quienes tienen un vehículo, y quién tiene un vehículo ¢1,5 millones paga un monto, y el que tiene uno de ¢50 millones paga un monto distinto”, afirmó el titular de Hacienda.
“Dentro de la dinámica actual que tenemos, no tiene mucho sentido que pensemos en reducir el cobro de un impuesto que es necesario para las arcas públicas y que es progresivo”, añadió el ministro.
El marchamo que pagan los dueños de vehículo al final de cada año tiene tres componentes: el impuesto a la propiedad del vehículo constituye el 63,8%, el Seguro Obligatorio Automotor (SOA) equivale a un 21,9% y un pago para el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), un 5,7%.
El 8,6%, restante son tasas a favor de otras entidades financieras e infracciones de tránsito.
Villegas recordó que a mediados de julio envió una carta al diputado Eduardo Cruickshank, presidente del Congreso, en la que exhortó a los diputados a no aprobar exoneraciones sin definir cómo se sustituirían esos recursos.
“Tenemos que decir: ¿pero de dónde vamos a tomar el dinero que deja de ingresar? El impuesto a la propiedad de vehículos nos deja ¢250.000 millones al año, es un impuesto importante y desde ese punto de vista creo que reducirlo no es conveniente en este momento de crisis fiscal”, enfatizó el jerarca.
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De acuerdo con la Contraloría General de la República, dos proyectos de ley que promueven los diputados liberacionistas Franggi Nicolás y David Gourzong para reducir el cobro del marchamo agravarían la crítica situación fiscal del país.
El plan de Nicolás reduciría el tributo en un 20%, mientras que el de Gourzong lo disminuiría en un 25% a los propietarios de vehículos que estén desempleados o con jornada reducida, así como a las microempresas cuyos ingresos hayan caído en un 20% a causa de la crisis del coronavirus.
La legisladora verdiblanca defiende su iniciativa con el argumento de que los conductores utilizan menos sus vehículos, a causa de las restricciones sanitarias que se impusieron para contener el contagio de la covid-19.
Sin embargo, la CGR expuso que “el impuesto se denomina como un ‘impuesto sobre la propiedad’, de tal modo que no se configura en relación con el uso efectivo de las vías, sino con una manifestación de capacidad contributiva, conforme al principio así denominado”.
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El órgano contralor certificó que este año, los ingresos del Estado caerán en ¢1,2 billones, una cifra equivalente al 21% de los ingresos por impuestos que el Ejecutivo tenía previsto obtener y a un un 3,3% del PIB.
Dicho desequilibrio obligó al Gobierno a bajar sus gastos y aumentar el endeudamiento.