EscucharNogui Acosta, ministro de Hacienda, sugirió trasladar al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) los fondos de cinco regímenes de pensiones exclusivas, de instituciones publicas, que actualmente se encuentran invertidos en bonos de deuda.
De esa forma, según el ministro, se evitaría la distorsión que generaría la eventual reventa de los títulos, en el mercado de valores, en el caso de que los bonos tuviesen que ser convertidos en recursos líquidos para entregarlos a los futuros pensionados.
Acosta hizo su planteamiento ante los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, donde se discute un proyecto de ley para cerrar estos regímenes de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Estos sistemas demandan al alto costo al Estado, pues estas instituciones deben hacer cotizaciones de hasta el 10% de la planilla, aparte de la contribución para la pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de los funcionarios.
Según el plan de ley, los actuales pensionados seguirán recibiendo sus beneficios y, en el caso de los trabajadores activos, los recursos se les devolverán o se les pasarán al ROP para la futura pensión complementaria de cada uno, en seis meses.
Los administradores de estos recursos han alegado que, al cerrarlos, se tendría que correr a revender los títulos a un menor costo, al tiempo que se generaría una distorsión en el mercado de valores.
Semanas atrás, Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la CCSS, dijo que devolver los ahorros a los trabajadores activos del Fondo de Retiro de la Caja (FRE) en seis meses implicaría poner a la venta, a un menor costo del real, los títulos valores que compró el fondo para su capitalización.
En esa situación, dijo, le correspondería a la Caja hacer la compensación con sus recursos, por lo que pidió un proceso ordenado.
Los mismo dijo, días atrás, Héctor Mora Porras, representante de los pensionados del Banco Nacional, al indicar que liquidar los recursos implicaría vender alrededor de ¢36.000 millones invertidos en deuda pública del Gobierno.
Al respecto, el ministro de Hacienda explicó que existe un mecanismo de traslado no oneroso para enviar al ROP los saldos de los trabajadores activos con pensiones exclusivas.
Significa que se hace una liquidación por cada trabajador y, según lo que le corresponda, se transfiere el monto en títulos valores a la operadora de pensiones. El mecanismo, aclaró el ministro, es regulado por la Superintendencia General de Pensiones (Supén).
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“Lo que se le daría son títulos y no habría que estarlos liquidando para saber cuánto le corresponde a cada uno de ellos. No tiene esas implicaciones que podría, eventualmente, generar minusvalías importantes si tuvieran que ir a venderse (cada título)”, explicó Acosta.
La sugerencia del ministro surgió ante consultas de los diputados David Segura, del Partido Nueva República (PNR), y Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP).
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El diputado Segura recordó, incluso, que la Bolsa Nacional de Valores (BNV) sugirió un periodo de cuatro años para liquidar los fondos de pensiones exclusivas, para evitar efectos negativos en el mercado.
Entonces, Acosta dijo: “Hay un esquema de traslado no oneroso. Como son seis operadoras de pensiones, los diferentes fondos se podrían poner de acuerdo para valorar cuánto le corresponde a cada uno de los trabajadores y trasladarlos en bloques, para decirlo de alguna manera. Lo que hace el fondo es trasladarle los títulos que tiene a la operadora de pensiones”.
Pensiones exclusivas deben cerrarse
Acosta dijo que algunos de esos fondos como el de la CCSS son deficitarios, por muchas reformas que se le hagan a esas fondos exclusivos.
Sugirió cerrarlos, para evitar que en un futuro el Estado pueda asumir sus compromisos en caso de que cada institución tengan dificultades para sostenerlos. Es decir, que las deudas no sean asumidas por los contribuyentes.
El ministro explicó que el fondo del BN, por ejemplo, no tiene personería jurídica. En este caso, son la Junta Directiva y la actividad propia del banco los que asumen los compromisos si el fondo no alcanza.
De hecho, señaló, el gasto de cada institución para sostener las pensiones exclusiva de los trabajadores, se traslada al costo de los servicios. Los bancos, por ejemplo, trasladan ese gasto al cobro de comisiones y a las tasas de interés.
Acosta dijo que, con la liquidación, también, se garantizaría equidad. “No podemos permitir que las generaciones nuevas le paguen los pensiones a jubilados que no contribuyeron para tener ese nivel de pensión, es un tema de equidad porque todos somos iguales”, criticó el ministro.
