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Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, advirtió este miércoles de que iniciará el 2025 con un déficit de ¢10.000 millones en el presupuesto para cubrir la operación de las cárceles, esto a pesar de que se espera un mayor crecimiento de la población privada de libertad.
Ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el jerarca declaró que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se comprometió a inyectar los recursos restantes por medio de presupuestos extraordinarios.
El pasado 30 de agosto, el gobierno del presidente Rodrigo Chaves presentó su plan de gastos 2025, el cual incluye recursos por ¢203.606 millones para el Ministerio de Justicia y Paz.
No obstante, la diputada de Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez, presidenta del foro legislativo, cuestionó por qué había montos más bajos que en el 2024 en varias subpartidas. Por ejemplo, para la compra de alimentos y bebidas, se incluyeron ¢10.082 millones menos; y para el pago de agua y alcantarillado, el monto es inferior en ¢2.195 millones. Asimismo, hay diferencias negativas de ¢673 millones y ¢492 millones en los rubros de energía eléctrica y vestuarios.
Al respecto, Campos manifestó que su cartera prepraró el presupuesto con base en el monto que le suministró el Ministerio de Hacienda y que, efectivamente, habrá faltantes en las áreas mencionadas por Paulina Ramírez.
“Lo que me dijo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, es que hay un compromiso en el primer movimiento extraordinario, para inyectar recursos, porque con lo que nos dan para el sistema penitenciario, tómese en cuenta que está sujeto a la regla fiscal, tenemos que hacer la distribución hasta donde nos alcance con el monto que este año nos giró Hacienda”, declaró el ministro de Justicia y Paz.
Jonathan Acuña: Es una decisión política de Chaves y Acosta
El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), calificó de irresponsabilidad de parte del Ministerio de Hacienda que se presupuestaran montos más bajos en rubros enfocados a garantizar la operatividad del sistema penitenciario.
Igualmente, cuestionó que no se pudiera garantizar los fondos necesarios para el Ministerio de Justicia, bajo el argumento de la restricción del gasto público que impone la regla fiscal.
“Había espacio de la regla fiscal para que se incorporen recursos desde ahora. Hay una decisión política del ministro de Hacienda y del presidente de la República, Rodrigo Chaves, de enviar el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz faltándole ¢10.000 millones”, expresó Acuña.
Un criterio similar manifestó Paulina Ramírez, quien acusó al ministro Acosta de haber mentido.
“¿Sabe cuánto está creciendo la regla fiscal en este presupuesto? La diferencia es a penas el 0.90%, incluyendo el gasto corriente y el gasto de capital, quiere decir que no es cierto que a ustedes no se les puedan aumentar los renglones que ustedes requieren porque se incumple la regla fiscal. No se hace por ministerios, debe hacerse de forma global, la suma de todos los ministerios es lo que vale para el cumplimiento de la regla fiscal.
“Es probable que a muchos les haya dicho lo mismo y lo que me preocupa es que estamos hablando de un ministerio que tiene a cargo de todo el sistema penitenciario, que está en una situación realmente alarmante, y ustedes requieren de recursos para poder atender las necesidades y, sobre todo, que estamos hablando de áreas muy sensibles”, explicó Ramírez.
Para la presidenta del foro legislativo, es inconveniente depender de un presupuesto extraordinario para atender las necesidades básicas del sistema penitenciario, ya que se corre el riesgo de afectar su quehacer diario.
Por su parte, el verdiblanco José Joaquín Hernández indicó que la caída presupuestaria es un “tema grueso”, porque el país ya arrastra problemas de sobrepoblación carcelaria y la Asamblea Legislativa tramita leyes más severas para castigar la delincuencia común y el crimen organizado, por lo que se espera que haya un mayor incremento en la población privada de libertad.
Eliécer Feinzaig, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), externó que si el país no estuviera viviendo una ola de criminalidad, él apluadiría el esfuerzo por recortar presupuestos y ser más eficientes; “lo que pasa es que el recorte, por admisión de ustedes mismos, no es por ser más eficientes”.
El presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz también contempla un aumento del 3,11% en remuneraciones, según expuso la viceministra de Gestión Estratégica, Carolina Castro del Castillo. Esto permitirá, entre otras cosas, incorporar 212 nuevos funcionarios; de estas nuevas plazas, 100 están destinadas a la Policía Penitenciaria y 74 a la Dirección de Adaptación Social.
