Dos mociones de cambio para el proyecto de empleo público, firmadas por diputados de Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN), el bloque Nueva República y la independiente Zoila Rosa Volio, incorporarían a las universidades públicas en la definición del futuro salario global para los funcionarios estatales.
Las iniciativas se elaboraron con aportes del Ministerio de Planificación (Mideplán) y fueron presentadas para el último trámite de discusión de mociones en la Comisión de Gobierno y Administración, en donde el texto será afinado para pasar al plenario legislativo.
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En ambas mociones, los legisladores proponen que las ‘U’ públicas construyan conjuntamente la respectiva columna salarial global con el Mideplán, la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y el Servicio Civil, con base en el principio de coordinación institucional.
Para cumplir con ese fin, el Estado tendría dos tipos rectorías, según una megamoción aparte elaborada entre varios partidos y el Ministerio.
La rectoría política estaría a cargo de Mideplán y la técnica en poder del Servicio Civil. Según la ministra de Planificación, Pilar Garrido, cada una de estas dos instituciones actuarían en materia rectora según sus competencias constitucionales y legales.
En cuanto a las dos mociones para elaborar las escalas del salario global, la primera expone los postulados rectores que orientarían la gestión de compensación en el sector público.
Uno de esos postulados consiste, por ejemplo, en preservar el principio de igual salario por igual trabajo en determinada escala de puestos con similares condiciones de eficiencia, puesto y jornada, independientemente de la institución en que la persona labore.
La segunda moción se refiere, específicamente, a la construcción de la columna salarial global con base en los lineamientos de Mideplán, el Servicio Civil y la Autoridad Presupuestara.
El salario global consistirá en una remuneración única sin necesidad de los pluses que hoy disparan el gasto público. Para calcular el sueldo de cada puesto, se tomarían en cuenta factores como las necesidades profesionales de cada familia laboral y empleos de referencia en cada uno de esos ocho grupos
De acuerdo con Luis Fernando Chacón, vocero del PLN y uno de los firmantes de las iniciativas, se incorporan a las universidades públicas en la construcción del salario global para preservar sus autonomías. Lo mismo, dijo, ocurriría con el resto de instituciones autónomas que también se incorporan.
Con esa visión, las dos mociones agregan a la construcción del salario global a las municipalidades y al resto de instituciones autónomas, así como a los poderes Legislativo y Judicial, y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
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Sin embargo, Pilar Garrido cree que, en esa construcción propiamente salarial con las instituciones autónomas, el Servicio Civil no tendría competencias.
“La rectoría técnica de la Dirección General del Servicio Civil no alcanza a las autónomas”, aseveró la ministra.
En el caso de las universidades, el trabajo se haría con las oficinas de Recursos Humanos de cada universidad, al analizar la familia de servidores públicos que desempeñan funciones docentes y académicas de la educación técnica y superior.
En todo caso, dijo la ministra, se resguardaría “el cumplimiento de los principios de compensación, de los límites de la política de remuneración, de los factores y grados”.
“Y guardar coherencia, balance horizontal y vertical de la escala salarial global del único régimen de empleo público”, manifestó.
Las iniciativas la firman los liberacionistas Chacón y Jorge Fonseca, el rojiamarillo Víctor Morales Mora, el fabricista Jonathan Prendas y la independiente Zoila Rosa Volio.
Según estima el Mideplán, la implementación de un salario global en las universidades públicas generaría un ahorro anual equivalente al 0,06% del producto interno bruto (PIB) durante los primeros 12 años, estima Mideplán.
Si se toma de referencia el tamaño de la economía nacional del 2021, ese porcentaje equivaldría a unos ¢21.600 millones anuales.
Ese ahorro, dijo la ministra, “debe invertirse en los estudiantes, en la mejora de la educación superior, en más becas, más infraestructura, más equipamiento, más innovación e investigación”.
Garrido insistió en que la Ley Marco de Empleo Público no viola las autonomías constitucionales ni la libertad de cátedra de esas casas de estudio.
“La Sala Constitucional ha dejado en claro que las autonomías existen en razón de las funciones que le son encomendadas a una institución, no por la institución en sí misma, es decir, las autonomías están en función de las competencias esencialmente técnicas que fueron asignadas por el constituyente”, dijo Garrido.
La jerarca citó la resolución 1313-1993 de la Sala Constitucional, del año 1993. Esta resolvió que “la específica competencia funcional de las universidades, la llamada ‘especialidad orgánica’, se refiere a ‘impartir enseñanza superior en diversas carreras universitarias, y otras actividades conexas’”.
Karine Niño, diputada del PLN; y Enrique Sánchez, vocero del PAC, firmaron un grupo de diez mociones adicionales que, sin excluir a las universidades públicas del plan, dicen resguardar su autonomía administrativa y organizativa.
“Por ejemplo, el que sigan aplicando las fases recursivas que contienen sus estatutos y normativa interna, así como que sean las universidades que apliquen su normativa interna en los procesos de despido de los profesores, como actualmente se da”, explicó Niño.
Enrique Sánchez, agregó: “Lo que esas mociones buscan es que, siempre dentro del marco de la ley, sus alcances, sus principios y su rectoría, las universidades preserven su autonomía administrativa en los temas que esta alcanza, con base en los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política y otras regulaciones de la materia como la Ley General de Administración Pública”.
“Se busca, entonces, garantizar que las universidades serán parte de la ley de empleo público sin violentar o amenazar la autonomía constitucional que gozan, así como otras instituciones como las municipalidades, la Caja, el Poder Judicial y otros.
“De esta forma, también, estimo yo, podemos evitar riesgo de constitucionalidad a la ley que es esencial para el país en este momento”.
Además de Niño y Sánchez, suscriben esas mociones los liberacionistas Luis Fernando Chacón y Jorge Fonseca; Víctor Morales Mora, del PAC; y los independientes Drago Dolanescu y Zoila Rosa Volio.
A modo de ejemplo, la moción 235 sobre el proceso de despidos, dice así:
“Las instituciones de educación superior estatal, emitirán normativa interna que regule esta materia de conformidad con los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución y el principio del debido proceso de la Constitución Política. En caso de que no exista normativa institucional al respecto, aplicará supletoriamente la Ley N°. 6227, Ley de Administración Pública, las normas de derecho público, los principios generales del derecho público, el Código de Trabajo y el Código Civil”.