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El decreto del 25 de octubre que endureció las reglas de la inspección técnica vehicular respondió a las presiones que ejerció ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) la empresa alemana Dekra, 45 días antes de iniciar operaciones.
Desde el 13 de setiembre, Eduardo Zúñiga Brenes, representante de la compañía europea, le envió una nota al ministro Luis Amador Jiménez en la cual le deja ver “gran preocupación” si la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) no les autoriza cobrar la reinspección a un vehículo con dos o más defectos. Alegó, además, que habría “una violación del servicio al costo” y se les afectaría “gravemente el equilibrio financiero”.
En respuesta a ese reclamo, Amador promovió el decreto que varió las reglas de revisión técnica, el cual fue publicado ese 25 de octubre por él y el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. Allí, se aplican normas más rigurosas por la reinspección, a la que el año pasado, por ejemplo, se sometieron más de medio millón de vehículos.
De esa forma, el MOPT obligó a los propietarios de vehículos que presentaran más de un defecto, a someter el carro a una inspección completa y, por lo tanto, a pagar nuevamente el monto total de la revisión que se fijó en ¢8.086 (con impuesto al valor agregado -IVA-), en el caso de los livianos.
Sin embargo, el 28 de octubre, día en que Dekra inició operaciones y los usuarios reportaron el cobro completo por reinspección, Amador justificó el monto en la necesidad de proteger a quienes viajan en vehículos, sin citar la queja económica de Dekra.
“Cuando hay dos o más componentes graves peligrosos que fallan en un vehículo, eso compromete la seguridad del pasajero, conductor y de todo el que camina por la calle, y debemos hacer una inspección integral del vehículo, para garantizarles la seguridad”, declaró esa tarde.
El lunes 7 de noviembre, ante la Asamblea Legislativa, reiteró que se hizo por seguridad vial, pero, a la pregunta puntual del diputado liberacionista, Gilberth Jiménez Siles, sobre si la empresa indicó que si no se tenía una tarifa que cubriera los costos, no iniciaba, el ministro manifestó: “Así es. La empresa indicó que si no tenía una tarifa que le permitiera cubrir sus costos no entraba, hubo que hacer ese cambio de manera temporal hasta por seis meses e inmediatamente lo vamos a volver a cambiar. Ahora, lo que se ocupa es que la Aresep acepte el cálculo que va a enviar la empresa, donde va a ir de nuevo cero por la inspección de un componente y ¢4.000 y resto por más de dos componentes”, sostuvo.
Los días en que llegó la carta
Según consta en las actas de Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), en la sesión del 21 de setiembre se dio a conocer la misiva que el representante legal de Dekra en Costa Rica, Eduardo Zúñiga Brenes, envió al jerarca del MOPT.
En el documento, la compañía advertía de que cuando participaron en el proceso de selección para el permiso de uso en precario, se consideraron tarifas para cada tipo de vehículo “haciendo una distinción clara” entre el servicio de inspección y de reinspección.
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“Considerando lo anterior y en vista de la posición que ha expresado la Aresep, deseo manifestarle la gran preocupación que esta situación genera a la compañía”, añade el oficio en referencia a una supuesta negativa de la Autoridad Reguladora para fijar tarifas de reinspección.
En esa misma carta, el representante de Dekra le señala a Amador que la situación representa un “cambio radical” en las condiciones fijadas para el otorgamiento del permiso, lo cual les impide formalizar el inicio de sus operaciones en el país. Zúñiga añadió que la ausencia de las tarifas de reinspección implicaría una afectación grave al equilibrio financiero.
La reinspección es un factor de peso económico. El año pasado, Riteve SyC inspeccionó 1.322.296, de los cuales, el 41%, es decir, 542.141, debieron acudir a reinspección. De ahí que el cambio en la normativa impactaría directa y positivamente los ingresos de Dekra.
Las instrucciones
Amador redirigió la carta de Dekra a la directora del Cosevi, Cindy Coto, con instrucciones. Le indicó que mientras el estudio tarifario para el cobro de la reinspección se realizara era necesaria una reforma al reglamento de inspección. Esto, alegó “para que el concepto de reinspección se entienda como la falta en un solo componente, la cual es gratuita, según lo ofertado por la empresa Dekra, y que por dos o más componentes se deba realizar la inspección nuevamente”.
Finalizó el oficio solicitando a la directora que se realice la modificación para someterla a la aprobación de la Junta.
Ante los miembros del Consejo Directivo de Cosevi, el ministro dio la misma explicación y expresó que Aresep les había manifestado que no tenía elementos para calcular una tarifa de reinspección, lo cual los ponía en una “situación un poco incómoda”, por lo que la tarifa se podría volver a revisar en seis meses.
“Ya sostuvimos una reunión con la Aresep en varias ocasiones, hoy fue la última inclusive con el vicepresidente de la República tratando de buscar una solución y la única solución a la que podemos llegar es que ahora se puede volver a calcular tarifa pero para volver a calcular tarifa se necesitan 6 meses de datos (...) No podemos esperarnos por la presa de vehículos y con no abrir la inspección técnica y además para que ellos (Dekra) tengan datos tienen que ser datos locales recientes, entonces necesitamos que se active la inspección.
“La propuesta es que se cambie un poco la norma técnica que se ajuste y se le cambie la terminología y se indique que cuando son dos o más componentes graves o peligrosos se considere una nueva inspección, eso de manera temporal para poder pasar los primeros meses recaudando datos y una vez que tengamos datos volvemos a cambiar la norma técnica y entonces ya será nuestra tarea, no hay otra solución ya lo vimos para adelante y para atrás”, dijo al insistir en que no se podía esperar a que Aresep fijara la tarifa porque no daría tiempo.
El ministro también recordó a los directivos que, antes, la inspección costaba alrededor de ¢14.000 y la reinspección cerca de ¢7.000, “lo cual significa que este 50% que la gente tiene que pagar sería ¢7.000 por la primera y ¢7.000 por la segunda durante un periodo de 6 meses aproximadamente”.
Por su parte, la directora del Cosevi dijo que como un insumo para la valoración, se debía considerar que al tener más de dos defectos se está alertando sobre una situación de su vehículo, por lo que también podría verse como un incentivo a tener el carro en buen estado y, una vez más, recalcó que en caso de un solo defecto no se cobraría.
Finalmente, luego del detalle del decreto ofrecido por el asesor legal, todos los miembros votaron a favor de la modificación del reglamento.
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En una sesión posterior, la cual tuvo lugar el 8 de octubre, la Junta Directiva conoció el texto final que se enviaría a formalizar para convertirlo en decreto.
Para esa fecha, la empresa Dekra ya había manifestado mediante una carta enviada a Amador, el 7 de octubre, que no cumpliría su ofrecimiento de dar gratis la reinspección por un solo defecto. No obstante, esa medida no impactó la decisión que ya semanas antes habían tomado de obligar a los conductores a pagar el monto completo en la inspección cuando se detectaran dos o más fallas.
La intención de publicar el decreto igualmente se mantuvo a pesar de que una semana antes de que Dekra abriera sus puertas, la Aresep finalmente resolvió fijar una tarifa de ¢1.917 (más IVA) para la reinspección.
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¿Sabotaje?
El lunes pasado, ante los diputados, el ministro Luis Amador denunció que en el decreto publicado el 25 de octubre, donde se establecía que ante falta grave los de vehículos debían salir de los planteles de Dekra en grúa, hubo un “sabotaje”.
“Eso fue un sabotaje. Calculo yo que nos hicieron y pusieron esa palabra, ya lo hemos remediado con una fe de erratas” y de seguido afirmó que ordenó una investigación para identificar al responsable.
Sin embargo, la condición de la grúa para los casos de faltas graves está desde que la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y el mismo Amador conocieron, el 21 de setiembre, el borrador de decreto que modificaría el artículo 22 del reglamento de inspección técnica. Desde entonces se indicaba que como resultado negativo se tendría aquellos en los que se detectaran dos o más defectos graves o peligrosos.
Además, en ese primer borrador se establecía que en estos casos “el vehículo no podrá circular por las vías públicas terrestres por lo que deberá ser transportado por medios ajenos”.
Esa medida generó molestia entre conductores, pues implicaba que, en caso de no aprobar la revisión por dos defectos graves, deberían sacar su carro de las estaciones en una grúa.
El MOPT debió corregir ese ítem, dejando esa condición únicamente para los carros con fallas catalogadas como peligrosas.
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