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Una alianza de clubes de motociclistas calificó de desproporcionado un proyecto de ley que obligaría a estos conductores a portar el número de placa impreso en el casco y en el chaleco.
Se trata de una iniciativa del legislador liberacionista Roberto Thompson, la cual plantea una reforma a la Ley de tránsito con el objetivo de identificar a las motocicletas y a sus conductores.
“La propuesta de imponernos el castigo inmerecido de tener que portar un caso y un chaleco numerado a costo del motociclista, con el propósito de diferenciarnos del resto de la ciudadanía, como si fuéramos delincuentes de previo, es inmerecida”, señaló Erick Soto, representante legal de la alianza.
Él sostiene que el plan es discriminatorio y que violentaría el principio de inocencia, consignado en la Constitución Política, al atribuirle a todos los motociclistas la criminalidad en el que incurre un pequeño grupo.
Sin embargo, el diputado Thompson explicó que el objetivo de su propuesta es permitir a las autoridades mejorar la identificación de las motocicletas en uso, dentro de un plan que debe ser integral para “combatir la delincuencia y el crimen organizado”.
“En todo caso, las recomendaciones serán escuchadas en comisión (una vez que se le asigne). La constitucionalidad la determinara eventualmente la Sala IV y, durante la discusión del proyecto, se le permitiría un informe al departamento de Servicios Técnicos” del Congreso, añadió el legislador.
La iniciativa de ley aún tiene pendiente la asignación de la comisión legislativa que la discutirá.
Thompson presentó el texto a inicios de setiembre a raíz de hechos como el asesinato de dos personas en Alajuelita, San José, cometido por dos sicarios que viajaban en motocicleta.
El plan, además de la obligatoriedad de utilizar casco y chaleco con el número de placa, contempla que las motocicletas porten una placa metálica en la parte delantera y otra en la parte trasera.
Erick Soto afirmó que, con esos cambios, los choferes honestos más bien se exponen a que el crimen organizado les robe el chaleco y el casco impreso, con el número de placa, para cometer fechorías y responsabilizar al propietario del bien.
Citó que, cada día, se producen 37 robos de motocicletas.
“Lejos de ser nosotros victimarios, más bien somo víctimas”, añadió el dirigente, al tiempo que señaló que numerosos choferes utilizan las motos para actividades laborales, recreativas y de ayuda social.
Según Soto, el costo de imprimir la placa en el casco y chaleco, así como colocar nuevas placas delante y detrás del vehículo, ascendería a unos ¢70.000, lo cual sería un gasto que el propietario deberá asumir.
“El fundamento es peyorativo. El proyecto parte del supuesto de que todos los motociclistas somos maleantes y como se supone que todos somos maleantes, todos tenemos que marcarnos o rotularnos de previo para que nos puedan localizar de una manera muy ágil como si fuéramos los culpables de la criminalidad en el país”.
“Consideramos que es inconstitucional, en primera instancia, porque invierte el principio de inocencia claramente establecido por la constitución, de manera que se nos imputa como responsables, como delincuentes hasta que demostremos lo contrario sin que hayamos hecho nada”, alegó Soto.
Por su parte, el reverendo de la Iglesia reformada de Estados Unidos, Roy Palavicini, miembro de la alianza, afirmó: “Este proyecto no puede ser funcional, porque se necesitaría si tenemos suficiente apoyo policial y el país, en este momento, si no me equivoco, tenemos un déficit de oficiales de tránsito, más los de Fuerza Pública".
