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Organizaciones solidaristas le solicitaron al Gobierno, este viernes, que revise la suspensión aplicada a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), anunciada el miércoles por el presidente, Rodrigo Chaves.
En un comunicado conjunto, firmado por la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol) y el Movimiento Solidarista Costarricense (MSC), manifestaron una profunda preocupación por la decisión del mandatario.
En particular, reclamaron por la suspensión de la representante del solidarismo en ese órgano directivo, Maritza Jiménez Aguilar.
“En nuestro criterio dicha decisión debe ser revisada en apego a normas constitucionales, la ley y el reglamento por el que se rige esa institución”, expresaron las organizaciones.
Si bien el solidarismo se manifiesta consciente de que es posible que surjan diferencias de fondo con el Gobierno en un Estado democrático, lo que corresponde es que las divergencias sean externadas mediante canales “garantes del marco de la legalidad”.
En particular, los solidaristas enfatizaron que eso es lo que corresponde en virtud de la autonomía y la independencia administrativa y política garantizada constitucionalmente a la CCSS, “como entidad emblemática de la institucionalidad democrática, el Estado Social de Derecho y la paz social”.
También, habían externado preocupación por lo sucedido grupos sindicales y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
El miércoles, el Consejo de Gobierno acordó presentar una denuncia penal contra Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la Caja, y otros cinco miembros de la Junta Directiva, por aprobar un aumento salarial retroactivo para los 63.000 funcionarios de la institución.
Además, Rodrigo Chaves anunció la suspensión inmediata de los cinco directivos, por el aumento aprobado pese al criterio negativo de la Dirección Actuarial del Seguro Social que advertía sobre las repercusiones financieras de esa decisión.
“Había un informe diciendo ‘no alcanza la plata; la Caja y el Seguro de Enfermedad y Maternidad entre en números rojos ahoritica; no es el momento de subir el salario’. Y aún así ignoraron eso”, expresó Chaves el miércoles.
Por su parte, las organizaciones solidaristas afirmaron que reconocen el derecho del Gobierno, “en el marco de la transparencia y la probidad exigida a todo funcionario público”, de presentar acciones ante el Poder Judicial, “siempre y cuando esta decisión se haga en absoluto respeto al debido proceso”.
Los grupos solidaristas insistieron en que estarán atentos para que las actuaciones se lleven a cabo “con total rigor y respeto a principios de justicia, transparencia y rendición de cuentas por todas las partes involucradas”.
Adicionalmente, la Conasol y el Movimiento Solidarista hicieron un llamado a la prudencia y la sensatez como principales formas para encontrar los caminos del entendimiento, “en el marco del respeto al Estado de Derecho y la autonomía constitucional de la CCSS”.
