Escuchar
Un grupo de 33 diputados aprobó una moción, este miércoles, para allanarle el camino a un proyecto de ley que reduciría de ¢107.000 a ¢23.415 las multas por incumplir la restricción vehicular sanitaria, sanción que el mismo Congreso aprobó en abril pasado al inicio de la pandemia por covid-19.
Se trata de un proyecto de reforma a la Ley de tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial, número 9078, promovido por el socialcristiano Pablo Abarca y una veintena de legisladores.
Dicha iniciativa también eliminaría la directriz que permite hoy a la Policía de Tránsito retirar las placas de los vehículos que incumplen la regulación vehicular.
Igualmente, se derogaría la norma que les resta seis puntos en la licencia a los conductores que circulen los días que no lo tienen permitido.
El diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, promotor del proyecto, dijo que su intención es “equilibrar y volver razonables las sanciones”, pues hoy se aplican tres castigos: la multa, el retiro de placas y los puntos.
“Eso complica mucho, porque la persona dura como un mes y medio para recibir de nuevo las placas, y hay que hacer un curso para la licencia”, adujo.
La moción aprobada dispensa al expediente 22.134 de todos los trámites, lo que permitirá a los congresistas discutir la iniciativa directamente en el plenario.
La dispensa tuvo el apoyo de los partidos Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN) y Republicano Social Cristiano (PRSC), así como de los diputados independientes.
Estuvieron en contra de la moción el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio.
LEA MÁS: Rodrigo Arias: ‘El país tiene que tomarse una medicina dura y amarga’
El proyecto del socialcristiano eliminaría los incisos d, del artículo 136; dd, del artículo 145, y k, del 151, todos de la Ley de Tránsito.
En su lugar, modifica el inciso ñ del numeral 147, donde agrega la infracción a la restricción vehicular por emergencia nacional declarada dentro de la multa categoría E, que para este año está en ¢23.415.
Lo que sí mantiene el proyecto es el transitorio XXIV, el cual establece que todo lo recaudado por infracción a la restricción se debe utilizar para “financiar ayudas a personas afectadas económicamente por la emergencia del covid-19″.
Según Abarca, la restricción vehicular sanitaria solo ha servido para limitar la “capacidad de movilización de las personas y la restricción al derecho de circulación”.
En la exposición de motivos del proyecto, el socialcristiano sostiene que dicha medida “no ha tenido mayor alcance para evitar el contagio del coronavirus, ya que los casos se han visto aumentados significativamente, sobre todo en el último mes y medio”.
“La restricción se sigue irrespetando sin importar la multa que se genere. No es este un medio efectivo para promover el cumplimiento de las medidas sanitarias”, dice Abarca.
Ya en varias ocasiones la Sala Constitucional ha rechazado recursos de amparo interpuestos por ciudadanos en contra de dicha restricción vehicular, pues los magistrados alegan que las medidas tomadas por el Gobierno revisten interés público.
