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El dinero de las multas a los conductores que violen la restricción vehicular sanitaria será destinado a financiar los subsidios a las familias afectadas económicamente por el covid-19.
Así lo determinaron los diputados antes de votar, en primer debate, el proyecto de ley que reforma la legislación de tránsito, para subir de ¢23.415 a ¢107.000 los cobros a las personas que saquen sus vehículos a las calles, pese a existir una restricción sanitaria.
La decisión se tomó con base en una moción que planteó la diputada independiente Zoila Volio Pacheco, quien aseguró que no tiene sentido que el dinero recogido por las multas se destine, como usualmente, al Poder Judicial.
De hecho, la congresista aseguró que se trata de una norma transitoria que se aplicaría para el tiempo que dure la emergencia nacional por el nuevo coronavirus, y en razón de las medidas de restricción que ha tomado el Gobierno para evitar que la gente salga a la calle innecesariamente, generando un riesgo de propagación del covid-19.
Literalmente, la moción de Volio introduce un transitorio XXIV en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, donde estipula que los recursos recogidos por la nueva multa “se usará para financiar ayudas a personas afectadas económicamente por dicha emergencia”.
“Si no hubiéramos aprobado esta moción, se mantiene lo que dice la ley, que destina el 95% de lo recogido en multas al Poder Judicial y, en este momento, el Poder Judicial está cerrado. Tenemos la emergencia nacional de la pandemia, entonces la idea es que los fondos vayan a una buchaca para atender eso”, indicó.
Volio añadió que, antes de llegar a un consenso con su propuesta, se tuvo que negociar arduamente este martes.
La moción tuvo el apoyo de todos los diputados presentes en el plenario, en el momento de su votación.
Luego, el proyecto de reforma a la Ley de Tránsito fue aprobado en primer debate; la votación en segundo debate quedó fijara para este viernes.
