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La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, señaló a Armando Gómez Ordóñez, exdirector de Comunicación de Casa Presidencial, como el responsable de supervisar los términos de referencia del contrato adjudicado al empresario, Christian Bulgarelli Rojas, para dar servicios de comunicación al gobierno con $405.000 donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Este negocio generó polémica porque Bulgarelli elaboró los requisitos, de manera que se adaptaran a su empresa RMC La Productora, y luego ganó la licitación del BCIE.
Ante una consulta de la diputada Vanesa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), la ministra de la Presidencia alegó este lunes que Gómez debió revisar los requisitos del contrato e identificar las similitudes entre las condiciones redactadas por Bulgarelli y los servicios de su empresa.
Agregó que ella firmó la contratación confiada en que la parte técnica se había encargado de la supervisión. Además, rechazó la posibilidad de que el gobierno investigue cómo se construyeron los términos de referencia y si existen responsabilidades de funcionarios públicos.
Díaz adujo que ya existe un proceso en la Fiscalía General sobre el tema y una investigación interna en el BCIE, la cual recientemente concluyó que Bulgarelli “pudo haber incurrido en prácticas prohibidas de fraude y colusión”.
Ante la comisión que investiga los contratos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y la donación del BCIE, Díaz dijo que el área dirigida por Gómez era el ente técnico responsable de supervisar el conjunto de requisitos.
Según su declaración, en vista de que el Ministerio de Comunicación es un ministerio sin cartera, se decidió que la Dirección de Comunicación se encargaría de la contratación.
“Ellos elaboran eso, lo trasladan, eso se envía al Banco y, con base en eso, el Banco procede a hacer la licitación para elegir a la persona que va a ser contratada para esos efectos, ese es el procedimiento correcto”, argumentó la jerarca.
Natalia Díaz recordó que Armando Gómez encabezaba la Dirección de Comunicación de Presidencia cuando Bulgarelli elaboró los términos de referencia.
Igualmente, Díaz dijo que, al ser la Dirección de Comunicación una instancia adscrita a la Presidencia de la República, Gómez no era subalterno suyo y tampoco de la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro.
“Él tiene su jefatura porque es una Dirección. Patricia le apoyaba y coadyuvaba en la parte del Ministerio, desde el punto de vista de Comunicación, porque es una ministra sin cartera, pero la Dirección es la responsable de todo lo que se haga a nivel de Comunicación, también”, adujo.
Díaz: ‘Yo solo recibo para la firma’
La ministra aseguró, en reiteradas ocasiones y bajo juramento, que se enteró por los medios de comunicación de la participación de Bulgarelli en la redacción de los términos de referencia.
“Yo recibo el documento donde me dicen ‘estos son los términos de referencia del ente técnico’, punto. Ese era el rol que yo tenía, recibir eso y proceder con el envío de esto al BCIE”, declaró Díaz.
Ante las preguntas de la diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), la jerarca negó haber tenido algún papel en los procesos previos a la firma del contrato. Sostuvo que ella solo recibió el contrato cuando estaba listo para la firma.
La diputada Álvarez fustigó lo expresado por la ministra y le señaló que, aun cuando no se hubiese involucrado en la tramitación previa, “el hecho de que lleve su firma ya implica una responsabilidad de todo lo que ocurrió para hacer el contrato”.
Díaz indicó a los parlamentarios que tampoco participó en la definición de los componentes en los que se dividió el $1 millón y que esa decisión estuvo a cargo del presidente Rodrigo Chaves.
“Él (Rodrigo Chaves) mandó una nota al BCIE estableciendo los componentes generales”, puntualizó.
