El pasado lunes, González calificó de “inoportuna” a la Procuraduría por entregar la resolución que eximió de responsabilidad al expresidente, Luis Guillermo Solís, por el caso del cemento chino, a tan solo un día hábil antes de que terminara el periodo constitucional anterior.

El Congreso investiga por qué los actuales diputados conocieron el documento cuando ya había expirado el plazo para apelar, que era de tres días hábiles.

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Sobre este primer cuestionamiento, la Procuraduría respondió ante la consulta de La Nación: “Las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se efectuó la notificación bajo escrutinio, no tenían por qué menoscabar la posibilidad de la Asamblea Legislativa de interponer los recursos ordinarios dispuestos por la legislación en contra de la determinación adoptada".

Los diputados perdieron la oportunidad de apelar el informe porque el Directorio Legislativo del periodo anterior acordó repartir el documento a los diputados entrantes, pero, al final, lo recibieron días después de iniciado el siguiente periodo.

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Esa imposibilidad molestó a los diputados, en especial a los liberacionistas, que promovieron la apertura de una investigación para determinar las causas que mediaron en la entrega del documento al Congreso.

La PEP sostiene que notificó la tarde del jueves 26 de abril.

Benavides también cuestionó la confidencialidad que le dio la Procuraduría a la resolución.

Sin embargo, la Procuraduría asegura que esas afirmaciones no son ciertas. El órgano consultor del Estado aclaró que el carácter de confidencialidad del documento cesa únicamente al verificarse la firmeza de la resolución, es decir, al transcurrir el plazo para apelar o resuelta esa apelación.

Posición invariable

La Procuraduría se sacudió de las críticas de Benavides, quien señaló un cambio de criterio en cuanto al seguimiento que deben dar los diputados a los informes de faltas éticas de sus colegas.

Ante esto, la Procuraduría respondió que su posición ha sido “invariable” y no como lo señala el diputado.

El lunes, Benavides dijo que, cuando se enviaron al Directorio los informes de los exdiputados Otto Guevara, Víctor Morales Zapata y Johnny Leiva, relacionados con el caso del cemento chino, la Procuraduría recomendó a los integrantes revisar si la legislación vigente les permite emitir sanciones como consecuencia de lo encontrado en los informes.

“Yo entendería que la Procuraduría, que es la que hace interpretaciones de la ley y dice cómo se aplica la legislación, es bastante raro que, en el marco de presión mediática que existió con respecto al cementazo, le diga a la Asamblea ‘vea, yo siempre he pensado que los diputados no se pueden sancionar, pero revisen ustedes si la legislación aplicable ahora –que es la misma de siempre– da para sancionar diputados’. Es un hecho realmente raro”, manifestó Benavides en la comisión investigadora.

Sobre estas afirmaciones, el abogado del Estado respondió:

“La acción de recomendación en nada varía la posición explicada. Esta acción lo que busca es motivar a la Asamblea Legislativa a adoptar una determinación conclusiva respecto a los informes emitidos en los casos de los diputados de la República de la legislatura anterior. Y ello por cuanto, según se nos había informado, el Directorio Legislativo había acordado dejar en suspenso los casos abordados en los respectivos informes hasta contar con una reforma constitucional y legislativa que contemplara sanciones administrativas para los diputados”.