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“La mamá las vende ahí mismo, en la propia casa”, afirma Rachel mientras sostiene a su hijo de dos años.
No habla de pulseras ni de perfumes que alguien comercie. Lo que se ofrece es una niña. “Es una señora del barrio que tiene dos hijas”, dice Rachel, adolescente, que quedó embarazada cuando tenía 12 años.
Este caso fue confirmado por cuatro amigas más de Rachel, quienes, como ella, forman parte de las adolescentes atendidas por el proyecto Iniciativa Mesoamérica , que procura bajar la cantidad de menores embarazadas.
La Nación consultó a la coordinadora técnica del programa y representante del Ministerio de Salud, Nancy Vargas, si ocurre que un padre ofrezca a una hija de 11 años, por ejemplo, al dueño de un almacén, de un billar o un bar para que sostengan encuentros sexuales, y a cambio, se le perdone una deuda o saque algún otro beneficio económico.
La respuesta de Vargas fue categórica: “¡Sí, sí se da!”.
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Vargas confirmó que en el trabajo de campo de dicho proyecto, que se realiza en 11 cantones de las regiones Huetar Caribe y Brunca (zona sur), determinaron que hay padres o encargados de menores que sacan provecho económico de la sexualidad de sus niñas y adolescentes.
Un equipo de La Nación visitó la provincia de Limón, donde escenas como la descrita por Rachel son cotidianas, inmersas entre bananales y fincas de piña, agudizadas además por la pobreza y la falta de oportunidades, según los especialistas.
El pago de deudas por licor, apuestas, mejorar la situación económica, un trabajo con más salario en una finca agrícola o bien solo conseguir dinero fácil, son los motores de esta actividad, aceptó Vargas.
El ofrecimiento de menores de edad por parte de sus papás o encargados para que sostengan relaciones sexuales con adultos, es una realidad que afecta a un número indeterminado de niñas en diferentes zonas el país.
En familia. ¿Y cómo se lleva a cabo este tipo de gestiones?
“Vaya donde el mentao , y que la toque y me trae la mitad de lo que a usted le da”. Así, con matices según el caso, es como se escucha decir a los adultos, según narró Sofía, otra de las menores atendidas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en una comunidad limonense de empleados bananeros.
En Costa Rica, donde el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) reveló que cada 90 minutos nace un bebé cuya madre tiene entre 12 y 17 años, el ofrecimiento de menores con fines sexuales inquieta a las autoridades. Testimonios de vecinos y los hallazgos hechos por los trabajadores sociales y especialistas de instituciones como Salud, PANI, Ministerio de Educación Pública y los Cen-Cinái y organizaciones como Defensa de Niños Internacional (DNI), han permitido arrojar luz sobre este fenómeno.
Para la directora de la DNI Costa Rica, Karin Van Kjuik, la situación se debe al entorno en que se crían estas menores.
“Lo que pasa es que dentro de los patrones de crianza hay múltiples manifestaciones de violencia. Se debe tener cuidado, pues las familias per se no buscan lo malo para sus hijos.
”A veces los familiares creen que están mejor con estos hombres”, añadió.
Denuncia, la clave. La doctora Tatiana Rivas, coordinadora regional de Iniciativa Mesoamérica para la Región Huetar Caribe, explicó que la denuncia de parte de la comunidad y de los funcionarios públicos, es esencial.
Las autoridades creen que en muchas ocasiones los casos se ocultan en las comunidades . Sin embargo, son claras de que el poder generar una mayor atención sobre el abuso sexual que sufren estas niñas permitiría crear una conciencia social para proteger a estas víctimas.
“Desgraciadamente ocurre. Esto no es un secreto para nadie. No me parece que sea solo en una zona; es algo que ocurre en todo el país. Es una realidad que es necesario corregir”, enfatizó Rivas.
Para la funcionaria, el tema de la edad y la madurez mental es un factor que juega en contra de las menores, por lo que es importante que las relaciones de pareja no se fomenten entre menores de edad y personas que son cinco años mayores que ellas.
“Dentro de la iniciativa (Mesoamérica) entre los caos que ocurren, lo que tratamos de hacer es articular para que la gente denuncie, y que las personas que trabajan en instituciones cumplan también con la denuncia y se dé el abordaje del caso.
”Lo complejo es que muchas personas empiezan a ver la situación dentro de un marco de normalidad; no le puedo puntualizar los lugares, pero ocurren en zonas rurales y también en ciudades; se está trabajando para que haya una mejor capacidad de respuesta”, aseguró Rivas.
En la actualidad, se encuentra estancado en el Congreso un proyecto para castigar con prisión las relaciones sexuales con menores de 15 años.
El plan también busca prohibir el matrimonio a los menores de edad, y establece una diferencia máxima de 5 años entre la menor y el adulto para tener sexo. Violentar esa diferencia de edad implicaría penas de cárcel de 2 a 4 años, que se tipificaría como “relación impropia”.
