“No podemos cambiar el pan de hoy por el hambre de mañana”. Con esta frase, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, expresó este martes su oposición a un proyecto que impulsa la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) en el Congreso para autorizar el retiro parcial de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
Para el jerarca, dicha iniciativa significaría abrir una puerta que afectará el futuro de las personas, porque se les permitirá retirar hasta el 30% del dinero guardado en sus cuentas del ROP, para que puedan pagar deudas. Se cuestionó, por ejemplo, si alguien realmente encontrará un alivio para sus finanzas con ¢300.000, que sería el monto que podrá retirar en la mayoría de los casos.
Acosta señaló que tampoco existe ninguna garantía de que quienes saquen sus fondos no se endeudarán de nuevo. Alegó, además, que una reforma de ese tipo presionaría más adelante a las autoridades de Gobierno, porque tendrían que asumir la protección de personas que en su vejez no contarían con los recursos suficientes para subsistir.
El ministro compareció ante los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales, donde se estudia la propuesta de ley que ha sido rechazada por varias entidades como la Superintendencia de Pensiones (Supén) y la Oficina del Consumidor Financiero. Anteriormente, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, había rechazado la propuesta por temor a que solo pudiese favorecer a los bancos.
Acosta coincidió con los legisladores que intervinieron durante la sesión al manifestar que hace falta educación financiera en la población, no solo para mantener finanzas sanas sino también para comprender las pérdidas que ha sufrido el ROP en los últimos meses, para tener un mejor criterio para definir si es conveniente o no el retiro de lo ahorros.
Contingencia fiscal
Además de los efectos en las finanzas personales, el jerarca de Hacienda sostuvo que también se opone a la propuesta para autorizar el retiro parcial del ROP pues, según alegó, tendría implicaciones sobre la macroeconomía, debido a la aparición de distorsiones que resultarían muy costosas para la hacienda pública.
Señaló que al retirarse gran parte de ahorro, estimado en ¢9 billones, habría un alza en las tasas de interés y, en consecuencia, en la inflación. Indicó que al Gobierno le costaría más dinero endeudarse y, con ello, se presionaría la deuda pública que en este momento es el equivalente al 60% del producto interno bruto (PIB).
Además, sostuvo que se pondría en riesgo a los ahorrantes al permitir que los bancos reduzcan el porcentaje que deben mantener en sus cuentas como garantía para sus clientes.
El proyecto, impulsado por el diputado liberacionista Francisco Nicolás, se encuentra en la etapa de discusión en comisión y de recepción de criterios de distintos sectores.