EscucharNogui Acosta, ministro de Hacienda, aclaró la fecha en que el Gobierno reanudaría el otorgamiento de aumentos salariales a los funcionarios públicos, después de que, el domingo anterior, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que el país está alcanzando las condiciones para eliminar el descongelamiento.
¿A qué se debió el congelamiento?
La suspensión de los incrementos por costo de vida es una medida extraordinaria ordenada por la regla fiscal porque, en el 2020, la deuda pública de Costa Rica superó un 60% del producto interno bruto (PIB), el peor escenario previsto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La medida se hizo efectiva en el 2022, aunque el Gobierno había congelado los salarios públicos por decreto a causa de la pandemia, dos años antes.
¿Qué está cambiando ahora?
Producto de las medidas de contención de gasto y reformas de impuestos, el país ha logrado bajar su nivel de deuda.
El pasado 16 de abril, en cadena nacional, el presidente Chaves anunció que “la deuda pública ya está por debajo del 60% del PIB” y que, “entre otras cosas, eso elimina la restricción de compensarle la inflación a los funcionarios públicos en sus salarios”.
En efecto, la regla fiscal solo prevé las medidas extraordinarias cuando el endeudamiento esté en el peor escenario.
¿Cuándo se descongelarían los salarios?
El ministro de Hacienda precisó que los incrementos serían retomados, si las condiciones persisten, en el año 2025.
Acosta hizo dos explicaciones al respecto:
“Entiendan una cosa, va a haber aumentos salariales hasta que la relación deuda-PIB esté por debajo del 60%. Eso no significa que por un mes que estemos debajo del 60% entonces ya hay aumentos salariales, ¿ok?.
“Yo creo que tiene que ser algo sostenible y no situación coyuntural, eso solo lo podríamos saber al finalizar el 2023″, respondió el jerarca.
Adicionalmente, explicó el ministro, el reglamento de la regla fiscal establece que el cálculo de la regla fiscal se hace con dos años de posterioridad. Es decir, para calcular el tope de crecimiento al gasto público de cada año por venir, se utilizan los indicadores del año anterior a la formulación del Presupuesto Nacional que se elabora en agosto de cada año.
Por eso, si la deuda se mantiene este año por debajo del 60%, el descongelamiento no aplicaría de inmediato.
“Si se cumple en el 2023, se aplica en el presupuesto de 2025″, sostuvo el ministro de Hacienda.
Por eso fue que las medidas extraordinarias se hicieron efectivas en el 2022, aunque desde el 2020 la deuda había superado el 68% del PIB. El año pasado, aún se mantenía en el rango del peor escenario.
La restricción salarial aplica para ministerios y sus órganos desconcentrados, así como para los demás poderes de la República y las instituciones que no están en competencia.
No obstante, el Gobierno y los diputados impulsan un proyecto de ley que eximiría de la regla a unas 20 entidades, como Recope y el AyA, las cuales podrían retomar de inmediato los incrementos, al igual que lo hacen hoy las municipalidades que están exentas de la ley.
Además del congelamiento salarial, la regla también prevé el impedimento del Gobierno de otorgar salvamentos a instituciones y la imposición del tope de crecimiento al gasto en obras y equipamiento cuando la deuda supera el 60% del PIB.
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El exministro de Hacienda, Elian Villegas, afirmó que, aunque la deuda se mantuviera debajo de ese umbral al cerrarse la contabilidad del 2023, sería muy difícil descongelar medidas en el 2024 desde un punto de vista operativo, cuando ya se tiene un presupuesto aprobado con base en los indicadores del 2022.
Si bien consideró que se podría hacer un presupuesto extraordinario que cambie las condiciones, estimó que lo conveniente es la prudencia para ver si la reducción de la deuda es un efecto coyuntural por la caída del tipo de cambio, además de hacer un ejercicio presupuestario más conciente y más responsable.
La última vez que se decretó un aumento fue en enero del 2020, cuando el gobierno de Carlos Alvarado aprobó un ajuste de ¢7.500 mensuales a todas las bases salariales del sector público, así como otros reconocimientos especiales a remuneraciones menores a los ¢750.000.
Sin embargo, por medio de un decreto se congelaron esos ajustes. Luego,. el presidente Chaves emitió otro decreto en el que afirma ese ajuste se reconocería de forma retroactiva en el 2024 “siempre y cuando se cumplan las condiciones de la regla fiscal”.
