Nogui Acosta baja tono sobre créditos del BID y AFD

Se trata de dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $200 millones, y uno con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), por 100 millones de euros.

El pasado 31 de enero, Acosta manifestó que el gobierno estaba dispuesto a renunciar a los empréstitos si los diputados ratificaban su intención de destinar el 40% del dinero a aliviar la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

A raíz de ello, los legisladores consultaron al BID si destinar dicho porcentaje de los créditos constituía un problema. El banco respondió que la decisión de usar los recursos al pago de deuda pública recae en el país. Tras esta respuesta, los legisladores no han cambiado su postura.

El jueves pasado, el ministro asistió a la reunión de jefes de fracción del Congreso y los instó a revisar la cláusula aprobada para los créditos, sin mencionar la posibilidad de la renuncia a los financiamientos.

Según dijo, lo razonable sería trasladar solo el 10% a la CCSS, unos ¢21.320 millones, en lugar del 40% fijado por una mayoría de congresistas de la Comisión de Asuntos Económicos.

Acosta también expresó su preocupación por la condición de que el gobierno solo pueda utilizar un 60% de los préstamos después de que se transfiera el monto aprobado para la Caja.

Según su criterio, las condiciones provocarían un tiempo prolongado para que el gobierno ejecute los créditos y crearían un destino específico adicional de casi ¢64.000 millones dentro del Presupuesto Nacional para transferencia.

Más endeudamiento

De acuerdo con Acosta, destinar el 40% de los créditos a la CCSS no solo reduciría la capacidad del gobierno para financiar gasto, sino que demandaría un mayor endeudamiento interno para fondear el Presupuesto Nacional.

“Si aprobamos estos términos, estaríamos sumando ¢2.400 millones al año en pagos de intereses al Presupuesto. Esto conlleva consecuencias significativas, por las restricciones de la regla fiscal. Cualquier aumento en los pagos de intereses ejerce presión sobre el gasto en otras áreas”, advirtió Acosta.

Subrayó que el gobierno quiere los créditos internacionales como apoyo presupuestario; es decir, para financiar el Presupuesto Nacional con condiciones financieras favorables, en comparación con las internas, y plazos extendidos de entre 15 y 20 años.

‘Me interesa pagarle a la Caja’

Con respecto a la deuda del Estado con la Caja, que la institución estima en ¢3,5 billones (millones de millones), Acosta afirmó que, hasta diciembre del 2023, se habían transferido ¢644.000 millones.

“Esto incluye los pagos destinados a caficultores, recolectores de café, programas de niñez, asistencia a indigentes, entre otros”, especificó.

Afirmó que esta es la primera administración, desde el 2011, en tener un convenio con la CCSS. En el último año, agregó, se acordó transferir ¢51.000 millones.

“Nosotros solo podemos pagar lo que está debidamente consolidado. No tenemos acceso a las deudas consolidadas y hemos encontrado discrepancias en la veracidad de los datos proporcionados por la Caja”, recalcó.

Señaló que han encontrado casos alarmantes, como hombres a quienes se les han practicado supuestas cesáreas, individuos que tienen 200 años, y personas registradas como niños a pesar de tener más de 30 años.

“Esto es de suma importancia, ya que los funcionarios públicos estamos obligados a garantizar la veracidad en los registros y pagos”, reprochó el ministro.

Agregó que Hacienda acumuló ¢235.000 millones para pagarle a la Caja –correspondientes al 10% de otros créditos externos–, de los cuales ya se cancelaron ¢157.700 millones.

“Esto tiene importantes implicaciones en la capacidad de la Caja para cumplir con los acuerdos. Nos hemos hecho cargo de la deuda, lo que ha afectado nuestros indicadores financieros. Por supuesto que me interesa pagarle a la Caja, pero me interesa pagarle en un contexto de claridad para nosotros y para ellos”, concluyó.