EscucharNogui Acosta, ministro de Hacienda, argumentó que la escasez de recursos obligó al gobierno a reducir las transferencias para ayudas sociales al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), una decisión que los siete diputados denunciaron, este martes, ante la Contraloría General de la República (CGR).
El Fodesaf financia programas como las becas Avancemos, la Red de Cuido de menores de edad, las pensiones para pobres y los bonos de vivienda.
El ministro alegó que “nadie está obligado a lo imposible”, en referencia al desafío que implica cumplir con las asignaciones presupuestarias fijadas por ley para diversos fines.
“Lo que sí es cierto es que las demandas de la sociedad están por encima de la capacidad del Estado”, remarcó el jerarca.
Por ejemplo, destacó la dificultad de las administraciones, incluida la actual, para girar el 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación, a pesar de ser una obligación constitucional, así como para pagar el incremento en las contribuciones estatales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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“Decisiones unilaterales tomadas por la Asamblea Legislativa y la Junta Directiva de la CCSS, junto con la aprobación de nuevas leyes que han reducido significativamente los ingresos, no tuvieron en cuenta la realidad fiscal del país ni su impacto en unas finanzas públicas ya insuficientes para cubrir todos los compromisos del Gobierno”, declaró Acosta a La Nación.
“Somos conscientes de la importancia de aumentar el gasto social y lo hemos venido haciendo, pero no tenemos el músculo suficiente para asignar el total de recursos a cada uno de los programas”, añadió.
Cinco diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y dos del Partido Liberal Progresista (PLP), liderados por la verdiblanca Montserrat Ruiz, denunciaron a Acosta ante la Contraloría, bajo el argumento de que incumple la disposición legal de destinar a Fodesaf al menos el equivalente a la transferencia del 2019.
Esa norma está incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
En el 2019, el giro fue de ¢255.583 millones, pero en el 2024 es de ¢193.452 millones. Según los diputados, el ministro incurre en un “desmantelamiento de la inversión social”.
El ministro dijo no entender el significado del “desmantelamiento del gasto social”. Sostuvo que, entre el 2022 y el 2024, el Gobierno aumentó el presupuesto social en ¢70.593 millones.
Añadió que, con los actuales recursos, se procura una distribución justa dentro de lo posible, para que todos los programas sociales puedan seguir operando.
Según Acosta, es necesario asumir un sacrificio fiscal para retomar el rumbo de las finanzas públicas, afectadas por “acciones irresponsables del pasado”, según dijo.
El ministro también informó, en la Asamblea Legislativa, de que el Gobierno está reduciendo el pago de los intereses de la deuda para generar un espacio fiscal que permita incrementar el gasto social posteriormente.
Argumentó que, si la deuda pública estuviera por debajo del 60% del PIB, el crecimiento del gasto del gobierno durante este año sería de ¢85.000 millones más, lo que permitiría cubrir varias obligaciones presupuestarias.
