EscucharEl ministro de Hacienda, Nogui Acosta, calificó de “desafortunado e inconveniente” el proyecto de ley presentado por la diputada Daniela Rojas, jefa de fracción del PUSC, para mantener por dos años más la tasa preferencial del 4%, en el impuesto al valor agregado (IVA), que hoy se cobra sobre los servicios turísticos.
“Es inaceptable una propuesta de ese tipo en un momento en que las finanzas públicas requieren de la recaudación para controlar el endeudamiento”, aseveró el titular de Hacienda.
Acosta explicó que, en primer lugar, las metas de ajuste fiscal pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyen el aumento en el IVA que se cobrará en el sector turismo a partir de julio de este año.
En segundo lugar, dijo, la tasa preferencial tiene el contrasentido de que, al no poder cobrar el tributo del 13%, los empresarios trasladan al costo de sus servicios la diferencia en el impuesto que ellos sí pagan a sus proveedores.
En tercer lugar, “no existe evidencia de que esta medida tiene efectivamente un impacto posterior sobre el sector”.
Acosta estimó que el proyecto produciría un faltante de ¢15.000 millones anuales en las finanzas públicas.
En julio del 2020, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que estableció un cobro gradual del IVA para los servicios turísticos. El cobró empezó con un 4% a partir del 1.º de julio del 2021. El siguiente paso es subir la tasa a un 8% el próximo mes de julio del 2022 y, finalmente, al 13% normal a partir de julio del 2023.
Bajo el argumento de que aún se sienten los efectos de la pandemia, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) plantea prorrogar por dos años más la tasa del 4% para servicios turísticos, a fin de que el 8% rija a partir del 1°. julio del 2024 y el 13% en julio del 2025.
El proyecto del PUSC, además, incluiría en el trato diferenciado a hoteles y restaurantes que estén inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), cuyos servicios hoy conllevan el pago del 13% del IVA.
El ministro de Hacienda dijo que, si eso fuese así, el daño fiscal sería mucho mayor.
Cuando la ley del 2020 fue aprobada, el ministro de Hacienda era el hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves, y en ese momento él se opuso al proyecto de tarifas reducidas para el turismo.
Advirtió de que, tal como fue redactado, sería contraproducente para los empresarios turísticos, pues no podrían trasladar a sus clientes el IVA que ellos sí tienen que pagar por sus insumos.
Chaves ofreció un plan alternativo en el que, según sus cálculos, los proveedores turísticos podrían aumentar sus ganancias aun el IVA, mediante el otorgamiento de créditos fiscales. No obstante, los diputados no acogieron esta propuesta.
