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El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, no descarta que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, emita un veto contra el proyecto de ley que exoneraría al OIJ de pagar IVA en sus compras de bienes y servicios.
Los diputados ratificaron este proyecto en segundo debate, el 25 de octubre, con el fin de permitir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) redestinar unos ¢1.250 millones al combate del crimen. Ocho diputados de Gobierno votaron en contra en esa ocasión.
La Nación consultó al ministro la posición del Gobierno, luego de que el diputado Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo el jueves tener información de que el Poder Ejecutivo evaluaba el veto.
Acosta contestó que no está descartada la posibilidad. Argumentó que considera más transparente que se le den esos recursos al OIJ mediante un presupuesto extraordinario, en vez de autorizar una exoneración del impuesto sobre el valor agregado (IVA).
“Pero vamos a consultarlo”, puntualizó el jerarca, quien emitió un criterio negativo sobre el proyecto antes de que los diputados lo aprobaran.
La iniciativa fue aprobada en el plenario en dos debates. En ambas ocasiones, votaron en contra los legisladores del oficialismo, con excepción de Luz Mary Alpízar, presidenta del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
En agosto pasado, el director del OIJ, Randall Zúñiga, advirtió de que la Policía Judicial no tiene recursos para abrir 500 celulares ligados a varios megacasos de corrupción, y que tampoco cuenta con equipo tecnológico adecuado para combatir organizaciones de delincuencia organizada.
Desde ese momento, abogó por la reforma para exonerar del IVA al Organismo, haciendo énfasis en que, si bien se liberaría un monto insuficiente para todos los requerimientos, por lo menos sería una contribución.
La reforma legal fue presentada por Danny Vargas, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN).
En un criterio emitido por Hacienda, Acosta dijo que la exoneración incrementa el gasto tributario, es decir, el ingreso que el Gobierno deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo específico a un sector.
Señaló, además, que la iniciativa no creaba una fuente alterna para compensar los recursos que perdería el erario, obligando al Estado a incurrir en un mayor endeudamiento público para cubrir el resto de necesidades.
Acosta sostuvo que, si bien la iniciativa es loable porque el OIJ es un pilar de la administración de justicia, las finanzas públicas aún atraviesan momentos complejos y cada fuente de ingreso es esencial.
Frente a la posibilidad del veto, el socialcristiano Carlos Felipe García cuestionó que ni siquiera hubiese diálogo de parte del Ejecutivo en torno a esta iniciativa y que, cuando le conviene, sí busca conversar.
“El país no está para dialogar cuando a ustedes les nazca. Si ustedes no tienen una hoja de ruta, la Asamblea Legislativa tomará decisiones”, agregó.
Mientras tanto, el diputado proponente, Danny Vargas, consideró posible el veto debido al “estilo revanchista” del Gobierno.
Aseveró que la falta de sensibilidad del Poder Ejecutivo en el tema de la seguridad es lamentable y que, en todo caso, el Congreso dispone de 38 votos para un eventual resello para convertir el proyecto en ley.
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