En cinco meses, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, pasó de denunciar el supuesto “megacaso” de evasión fiscal a decir que desconoce los hechos. Su postura cambió conforme se ha revelado que el gobierno de Rodrigo Chaves omitió información clave que apuntaba a descartar la denuncia anónima a partir de la cual gira todo el asunto.
El pasado 20 de junio, cuestionado por la ausencia de un informe técnico que señalara el supuesto fraude y la existencia de un análisis que más recomendaba archivar la denuncia, el ministro alegó que no tiene posibilidad de conocer “absolutamente nada del caso”.
Agregó: “Las discusiones que se han planteado están basadas en información que yo no conozco”.
En cambio, el 19 de enero en conferencia de prensa, Nogui Acosta declaró: “Hubo una entidad ligada a un banco costarricense, con un banco en Panamá. Hizo una maniobra fraudulenta con la cual defraudó al fisco en alrededor de ¢11.000 millones.
“Esta maniobra representó para los costarricenses 1.297 soluciones de vivienda que no se hicieron, más de 23.000 becas de Avancemos que no se dieron. Y por eso el Ministerio de Hacienda trasladó este caso al Ministerio Público”.
Casi en simultáneo con la conferencia de prensa, perfiles en redes sociales afines al Gobierno atacaban al empresario Leonel Baruch, accionista del Banco BCT y del medio de comunicación CRHoy.
A partir de ello, el mandatario Rodrigo Chaves también empezó a achacar el supuesto “megacaso” directamente a Baruch, quien denunció que todo obedece a una persecución política por su vinculación con CRHoy.
La denuncia en realidad no era contra un banco, sino contra una sociedad de Leonel Baruch denominada Beta Matrix S. A.
Cuando Nogui Acosta hizo la conferencia de prensa, ya habían pasado tres meses desde que Hacienda había trasladado la denuncia anónima al Ministerio Público, el 10 de octubre del 2022.
Para ese momento, además, existía una solicitud de desestimación por parte del Ministerio Público y Tributación lo sabía; no obstante, el jerarca no informó al respecto.
La omisión de esta información provocó que los diputados convocaran al ministro a una interpelación en el plenario de la Asamblea Legislativa, el 31 de enero.
Ese día, el ministro declaró que Hacienda elaboró un informe técnico a partir de la denuncia anónima, el cual señaló un delito fiscal.
“La Dirección General de Tributación hace un análisis del caso y considera que se configura un fraude”, dijo el ministro.
Cuando la diputada Kattia Rivera, del Partido Liberación Nacional (PLN), le preguntó si verdaderamente existía dicho informe técnico, el ministro Acosta le respondió: “Hay un informe técnico, puede estar segura de eso”.
Cuatro meses y medio después de esas declaraciones, trascendió que Hacienda omitió decir que un informe de Tributación, del 26 de octubre, recomendó archivar la denuncia porque no podía concluir fraude alguno y las pruebas aportadas eran “simples” operaciones comerciales.
En tanto, a raíz de un recurso de amparo interpuesto por Leonel Baruch, la Sala IV le consultó a la Fiscalía si Hacienda le había entregado un informe técnico que señalara el fraude fiscal.
La Fiscalía respondió que el Ministerio de Hacienda no le entregó informe técnico alguno sobre el supuesto “megacaso”.
‘Ahí tiene que estar’
Cuando esto se conoció, el ministro de Hacienda dijo a la prensa el 14 de junio que el informe “ahí tiene que estar”, en el Ministerio Público, e insistió en que “efectivamente existe”.
“Es una cuestión del Ministerio Público. No puedo saber, yo no puedo llegar a revisar el expediente. No lo sé. El que es indiciado lo puede revisar, y él sabrá las cosas que quiere informar, pero yo no”, dijo Acosta.
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Ese mismo día en la noche, un comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda confirmó que Nogui Acosta faltó a la verdad cuando les dijo a los diputados, en el plenario legislativo, que su cartera elaboró un informe técnico sobre el “megacaso”.
Hacienda comunicó que, cuando el jerarca habló de un informe técnico, en realidad se refería al oficio DF-670-2022, del 10 de octubre del 2022, pero ese documento no señala acción fraudulenta alguna.
Ese es el oficio mediante el cual la Dirección de Fiscalización de Tributación trasladó la denuncia anónima a la Fiscalía. Está firmado por Karla Salas Corrales, directora de Fiscalización de Tributación.
En este documento, la funcionaria concluyó que la sociedad Beta Matrix S. A., de Leonel Baruch, estaba debidamente inscrita y al día con sus obligaciones, además de que para la administración no es posible calificar su declaración de impuestos sobre la renta como fraudulenta. Agregó que los supuestos hechos estarían prescritos en sede administrativa, porque datan del 2014.
El 20 de junio, ante estos hechos, fue cuando Acosta dijo que no tenía posibilidad de conocer absolutamente nada del caso y que los hechos revelados se fundamentan en información que él desconoce. “Entonces, yo no podría hablar muchas cosas más en relación con eso”, dijo.
El ministro Nogui Acosta será interpelado por segunda ocasión en la Asamblea Legislativa, este miércoles, en relación con sus omisiones al exponer el caso “megafraude” fiscal ante la opinión pública.
Diputados de cuatro fracciones legislativas manifestaron que el jerarca faltó a la verdad al exponer los detalles sobre el “megacaso”.