EscucharNogui Acosta, ministro de Hacienda, les pidió a los diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, derogar las normas de control presupuestario que, en su criterio, impiden hacer una ejecución eficiente del Presupuesto Nacional.
Acosta se quejó de que algunas de estas disposiciones, incorporadas por los legisladores pasados en el Presupuesto Nacional, obligan a los ministerios a acudir continuamente a la Asamblea Legislativa por autorizaciones para mover dinero entre partidas que, antes, podían ajustarse vía decreto.
En algunos casos, ejemplificó, esos movimientos internos pueden ser de ¢3 millones para eliminar una plaza en Hacienda o de ¢38 millones para la compra de computadoras, en el Ministerio de Economía, a fin de defenderse de los ciberataques.
“La Comisión de Asuntos Hacendarios es una de las comisiones que más trabajo tiene con relación a gestión de la Hacienda Pública, y no necesariamente tenemos que estar viendo 10 presupuestos extraordinarios en un año. Eso quita tiempo, esfuerzo y (establece) una serie de condicionalidades en la gestión del presupuesto”, justificó el ministro.
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Reiteró que al derogar esas normas, se regresaría a la etapa anterior en la que esos movimientos internos se podían hacer por decreto con algunas restricciones.
Con ello, añadió, se haría una mejor gestión de los recursos al invertir menos tiempo en la elaboración y discusión de unos cuatro presupuestos extraordinarios anuales, en vez de diez, en los que se pueda tramitar ajustes como incorporación de créditos externos al presupuesto, movimientos de una institución a otra o la autorización de nuevo gasto.
“No se estaría renunciando al control político; este se hace en la discusión del Presupuesto Nacional. En ese momento, los diputados ejercen ese control, hacen el análisis del presupuesto y aprueban el gasto máximo que puede hacer la entidad.
“El segundo momento de control se hace cuando viene un presupuesto extraordinario y cambia prioridades entre ministerios. En esa oportunidad, los diputados harán el análisis de la conveniencia o no de esa modificación entre ministerios, no a lo interno entre ministerios”, recordó Acosta.
Un tercer espacio de control, indicó el ministro, ocurre con la liquidación presupuestaria al año siguiente en la que, además, expone su criterio la Contraloría General de la República (CGR).
En total, el Gobierno pide a los diputados eliminar seis de las 10 normas incorporadas al presupuesto por el anterior Congreso, a través del proyecto que contiene el segundo presupuesto extraordinario del año.
La número 1 impide a los órganos que conforman el presupuesto destinar los remanentes de las partidas de remuneraciones, a otro tipo de gasto. La número 10 congela el uso de plazas vacantes en los ministerios y la 11 marca pautas sobre renegociación de los contratos de alquiler.
Acosta recordó que las normas de ejecución presupuestaria antes no existían. Fue durante el gobierno de Carlos Alvarado que los diputados empezaron a incorporarlas al Presupuesto Nacional como una forma de mejorar la fiscalización sobre la ejecución del presupuesto.
“Esto ha hecho que haya una inflexibilidad dentro de los ministerios para poder hacer una gestión eficiente”, remarcó.
Sobre plazas vacantes, permitió llenar esos puestos durante mayo y junio del 2022, por lo que sus efectos se verían durante el segundo semestre del año, explicó José Luis Araya, director general a. i. de Presupuesto Nacional de Hacienda.
Araya alegó que la disposición entorpece el servicio que presta el Gobierno, dado que, para poder reutilizar las plazas, se debe hacer toda una gestión justificada ante la Autoridad Presupuestaria para que se pueda aprobar.
Hacienda ha tenido que congelar 240 plazas, incluidas de subdirectores, lamentó por su parte Acosta.
“No decimos si deben restituirse, la pregunta es si responden a una verdadera definición estratégica del ministerio o a una disposición de ley que no aclara dónde deben estar esas plazas”, señaló el ministro.
Araya agregó que es una mala práctica hacer una reforma del Estado por medio del presupuesto. “Si uno quiere eliminar un programa o una institución por completa, es mejor que lo haga eliminándola por completa, pero no dejándola viva con las funciones, pero sin personal. Eso no tiene lógica”, lamentó.
Una disposición similar generó un ahorro de ¢5.000 millones en el 2020 al eliminar 2.200 plazas vacantes. Luego, durante el primer semestre del 2021, aún con ciertas flexibilidades, el ahorro ascendió a casi ¢9.300 millones. No obstante, el Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó problemas para sustituir docentes jubilados, despedidos, que renunciaron o fallecieron.
