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El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, rechazó utilizar créditos internacionales obtenidos por el Gobierno para renovar el servicio público de autobuses.
“Dada la situación fiscal, ese dinero no se puede utilizar para otros fines”, indicó Acosta.
El jueves, un grupo de 10 organizaciones solicitó al Poder Ejecutivo recurrir a esos recursos para “atender la precaria situación que enfrenta el servicio de transporte público modalidad autobús”, mediante la introducción de unidades eléctricas y accesibles.
La petición de las organizaciones se lanza en momentos de polémica por el impulso que el Gobierno le ha dado al proyecto de ley que busca aumentar aumentar la antigüedad de los autobuses, de 15 a 18 años, bajo el argumento de las consecuencias económicas de la pandemia.
En la nota, dichas organizaciones afirman que la crisis del transporte público afecta a la población, principalmente a la que depende de los buses para ir al trabajo, a los centros de estudio y asistir a instituciones donde reciben servicios de diferente tipo.
Aseguran que promover unidades más viejas es una política en el sentido equivocado.
Entre las organizaciones firmantes están el Movimiento de Discapacidad de Costa Rica, la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove), Aconvivir, Arquitectura en Bicicleta, la Fundación Centro para la Sostenibilidad Urbana, BiciBus, Chepecletas, la Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA), el colectivo Las Luciérnagas, y el centro de ciclismo urbano Pedalizate.
En la carta, las 10 organizaciones recordaron que, en el Plan Nacional de Descarbonización, Costa Rica propuso el desarrollo de un sistema de movilidad basado en transporte público seguro, eficiente y renovable, con esquemas de movilidad activa y compartida.
Entre los créditos que dichas organizaciones solicitan utilizar para mejorar de alguna forma el transporte en autobús están los $300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para apoyar el plan de descarbonización costarricense.
También, mencionaron un financiamiento por 100 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo y tres contratos de préstamo por $400 millones para implementar el Plan Nacional de Descarbonización.
Adicionalmente, las organizaciones sugirieron emplear los $700 millones del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en principio es un “respaldo a la pionera y ambiciosa agenda de Costa Rica para desarrollar resiliencia al cambio climático y acometer la transición hacia una economía de carbono cero”.
El último financiamiento que sugirieron utilizar las organizaciones es el del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para descarbonización, movilidad y negocios de economía circular.
Nogui Acosta: ‘No se pueden utilizar para otros fines’
Pese a la petición de las organizaciones, el ministro Nogui Acosta adelantó que no es posible utilizar dichos recursos para otros fines, puesto que “todos son de apoyo presupuestario”.
El ministro agregó que “sería plata perdida” usar recursos, como el crédito que estaba destinado al Fondo de Avales, para dar créditos blandos para la compra de autobuses, como han sugerido algunos diputados. “¿Alguna vez el Estado logra recuperar alguno de esos créditos?”, cuestionó.
Aunque Acosta prefiere no decir si la propuesta de las organizaciones es imposible, sí alegó que la ve difícil, pero apuntó que “podría idearse otro modelo” y que eso tendría que analizarse con el Ministeiro de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
De hecho, la propuesta lanzada por las organizaciones de movilidad urbana fue enviada también a los ministros de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, y al jerarca del MOPT, Luis Amador.
En la carta de las organizaciones, también cuestionaron cuál es el plan de inversión de cada uno de los empréstitos mencionados por ellos y en cuáles ejes del plan de descarbonización se están empleando, así como cuáles son las acciones puntuales para utilizar esos fondos en mejora de las condiciones del transporte público.
“¿Cuánto de dichos fondos han sido utilizados y en cuáles proyectos de descarbonización? ¿Cuánto queda disponible que pueda utilizarse para el cambio de unidades de transporte público que sean eléctricas, modernas y accesibles? ¿Cuáles otras fuentes de financiamiento existen que contemplen su implementación en materia de cambio climático y descarbonización?”, cuestionaron las organizaciones.
