EscucharEl ministro de Hacienda, Nogui Acosta, confirmó que el gobierno evalúa la opción de renunciar a tres créditos internacionales, que suman ¢210.000 millones, si los diputados ratifican la cláusula que obligaría a destinar el 40% de los fondos (¢84.000 millones) a abonar la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El BID anunció su preocupación y señaló que una renuncia de Costa Rica a estos préstamos complicaría nuevos financiamientos en el futuro, mientras que las diputadas de oposición acusan a ministro de no querer pagarle a la CCSS.
El conflicto gira en torno a un crédito de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otro de $50 millones, también del BID, y un tercero de 100 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Además de incluir una cláusula que asigna el 40% de los recursos a la CCSS, los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos aprobaron la condición de que el gobierno solo podrá acceder al 60% restante (¢126.000 millones) cuando cumpla con el giro de los recursos a la Caja. El expediente con los tres préstamos aún debe ser aprobado en el plenario legislativo.
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Según Nogui Acosta, aprobar el financiamiento con esas condiciones ocasiona un “grave problema”, pues limita la capacidad de financiar gastos normales como el pago de planilla o inversión.
“Además, estaríamos cambiando el objetivo del préstamo y afectando los acuerdos con los organismos multilaterales con los que convenimos los créditos. Por supuesto que necesitamos recursos, pero no con las condiciones que establecen los diputados y diputadas”, agregó el ministro.
Hacienda propone que se traslade el 10% a la CCSS, pero los diputados de oposición desecharon la propuesta en comisión.
De acuerdo con el jerarca hacendario, él ya comunicó las intenciones de prescindir de los créditos a los representantes del BID y de la AFD. “Quienes no están respetando los acuerdos plasmados en el contrato de préstamo no es el Gobierno, sino los diputados y diputadas. Qué mal la Asamblea Legislativa, de cara a estos organismos multilaterales”, señaló el ministro.
Advirtió que, de renunciar a los empréstitos, el país tendría que pagar comisiones por no recibir los desembolsos.
Inicialmente, la administración de Carlos Alvarado contrajo estos préstamos con el fin de financiar el programa de transición hacia una economía verde, conocido como el Plan de Descarbonización. Sin embargo, la administración de Rodrigo Chaves decidió redirigir los recursos al financiamiento de las necesidades ordinarias del Presupuesto Nacional.
Preocupación en el BID
Francisco Javier Urra, representante del BID en Costa Rica, expresó su preocupación por el rumbo de las conversaciones en la Asamblea Legislativa, las cuales podrían llevar al Gobierno a renunciar a los desembolsos. Sin embargo, manifestó su respeto hacia las decisiones que tomen los diputados dentro de su autonomía.
“El hecho de que no se lleve a cabo el desembolso de las operaciones de apoyo presupuestario haría poco probable que, en un futuro próximo, se realicen nuevas operaciones de este tipo”, dijo Urra.
“El país estaría desaprovechando una oportunidad favorable para sus necesidades económicas, financieras y macroeconómicas, dado que este financiamiento de apoyo presupuestario se da en condiciones concesionales favorables que dan la oportunidad de un canje de fuente de deuda muy favorable”, continuó.
Explicó que los créditos de apoyo presupuestario son concesionales, y generalmente son usados por los países para un manejo responsable de la deuda pública. Añadió que tratará de exponer estos criterios a los diputados.
El crédito de $250 millones del BID tiene un plazo de 20 años, con cinco años de gracias y una tasa variable alrededor del 2,88%, mientras que el de $50 millones se adquirió a 15 años de plazo, con 2,5 años de gracia y con una tasa fija del 2,5%.
En tanto, los 100 millones de euros adquiridos con la AFD tienen un plazo de 20 años, con cinco años de gracia y a una tasa variable del 3,25%.
Diputadas refutan: No quieren pagarle a la Caja
Monserrat Ruiz, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y una de las proponentes de las condiciones con que se aprobarían los créditos, dijo que la valoración del Gobierno “demuestra, una vez más, la soberbia e irresponsabilidad con que toman las decisiones”.
La legisladora sostuvo que Hacienda no ha proporcionado criterios técnicos que sustenten la propuesta de girar solo el 10% a la deuda con la seguridad social, a pesar de la insistente petición de la Comisión de Económicos, donde se dictaminaron los créditos.
Sofía Guillén, jefa de bancada del Frente Amplio y otra proponente de los ajustes, concluye que el ministro de Hacienda no quiere pagarle a la seguridad social.
“Decidimos que, de cada 100, 60 van al Gobierno Central para pagar deuda, que es lo que el ministro desea, y 40 vayan a la Caja. Si el ministro de Hacienda me dice que prefiere que no se destine nada de cada 100 con tal de no pagarle a la Caja, entonces me parece que queda más que claro, una vez más, que lo que no quiere el gobierno es pagarle a la Caja”, aseguró Guillén.
