EscucharEl ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reconoció que el Gobierno sabía, desde hace meses, que Costa Rica podría entrar a la lista negra de la Unión Europea (UE) en materia fiscal si no implementaba una reforma legal para solucionar debilidades en el cobro del impuesto de renta sobre ingresos generados en el extranjero. No precisó la fecha, pero mencionó que pudo ser desde mayo del 2022.
Finalmente, Acosta advirtió a los diputados de la situación el jueves pasado, cinco días antes de que, este martes 14 de febrero, la UE tome una decisión. En lo que lleva de gestión, no presentó un proyecto de ley al respecto.
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¿Por qué tardó nueve meses en informarlo a la Asamblea Legislativa?, se le consultó al titular de Hacienda.
“Es muy fácil decir que nosotros no hicimos nada; perdón, a nosotros nos tocaba evaluar la realidad política del país, las condiciones en que recibimos el Gobierno y qué teníamos que priorizar. Y en este sentido fue darle sostenibilidad a la deuda”, respondió el ministro.
El bloque europeo cuestionó al país, desde mediados de 2021, por no cobrar impuesto a sus contribuyentes, sean personas físicas o jurídicas, por las ganancias obtenidas en el extranjero producto de rentas pasivas (inversiones como títulos valores o compras de acciones de empresas que generan dividendos). Para la UE, esto facilita la doble no imposición. Es decir, que las personas no paguen impuestos ni en un país ni en otro.
Nogui Acosta sostiene que el error de origen estuvo en que el exministro de Hacienda, Elian Villegas, se comprometió con la Unión Europea a que el Gobierno presentara un proyecto en agosto del 2022 y a que este fuese aprobado en diciembre del 2022.
Villegas sostiene que él advirtió a Acosta de la situación y le entregó un borrador. El ministro actual lo niega, pero en todo caso argumenta que el compromiso era inviable por la realidad política.
Por eso, dijo, se concentró en explicar a la Unión Europea lo que realmente se podía conseguir en la Asamblea y en insistir en una ampliación del plazo ante el organismo europeo, con el propósito de evitar la entrada en la lista.
El ministro alegó que no recurrieron a impulsar la reforma legal porque, según él, era impensable. Alegó que el partido de Gobierno, Progreso Social Democrático (PPSD), cuenta con apenas 10 diputados.
Agregó que, más bien, recientemente algunos sectores políticos hablaron de aprobar una interpretación auténtica para evitar que Hacienda pudiese cobrar impuesto sobre rentas pasivas obtenidas en el extranjero, luego de que un fallo de la Sala IV respaldó esa posibilidad.
“Bajo ese principio, nosotros teníamos la posibilidad de seguir discutiendo con la Unión Europea, explicarles cuáles eran las condiciones, porque era completamente inviable”, dijo Acosta.
Elian Villegas sostiene que en abril del 2022, antes del traspaso de poderes, envió un borrador del proyecto a la Unión Europea y dejó una iniciativa para que la nueva administración lo presentara e impulsara en el Congreso. No obstante, alegó que eso nunca ocurrió.
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¿Por qué no presentó el proyecto?
Al actual jerarca, Nogui Acosta, también se le preguntó los motivos por los cuales el gobierno de Chaves no presentó ese u otro proyecto de ley en sesiones extraordinarias ni lo socializó con los diputados de oposición con el propósito de cumplir con los requerimientos de la Unión Europea.
Acosta insistió en que no tenían el tiempo ni los votos suficientes para aprobarlo, además de que el tema era sensible. “Hay una gran diferencia entre comprometer a la Asamblea Legislativa en un gobierno que tiene 10 diputados. La pregunta es si nosotros podíamos tener esa responsabilidad”, señaló.
“Nuestro esfuerzo fue hablar con la gente de la UE; tuvimos conversaciones, les mandamos notas y ellos lo que nos dijeron fue ‘el acuerdo del Gobierno anterior es responsabilidad del Gobierno’. Lo que pasa es que es muy fácil, en una carta del 8 de abril de 2022, comprometerse a cumplir en un plazo impensable”, señaló.
Al confirmarse, este martes, que la UE incluyó a Costa Rica en la lista negra de naciones no cooperantes en materia fiscal, el país ahora afronta un daño en su reputación, un mayor escrutinio en sus transacciones financieras y el riesgo de perder fondos de cooperación de ese bloque.
Además, los 27 países de la Unión, que entre todos tienen 450 millones de habitantes, podrían establecer restricciones a las inversiones extranjeras en el territorio costarricense.
El jerarca insistió: “Lo que es interesante es que usted llegue y se comprometa a enviar un proyecto de ley que ni siquiera existía. La pregunta es si yo puedo hoy comprometerme sin decirle a la Asamblea las consecuencias de lo que va a pasar; no puedo”.
