El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se reunió este jueves por la mañana con los jefes de las fracciones legislativas, en busca de atenuar el impacto fiscal de la rebaja al marchamo que promueven los legisladores.
Luego de una reunión que prácticamente acabó en punto muerto, Acosta reconoció a la prensa que vino a Cuesta de Moras sin una propuesta específica. Su intención fue “mostrarles a los diputados algunos datos en relación con el parque vehicular del país, con las implicaciones que tendría cada uno de los proyectos de ley”.
El jerarca, además, alegó que hubo acuerdo para sentarse a hablar “sobre encontrar un valor que no tenga un impacto tan grande como el que tiene hoy el proyecto dictaminado”. Hacienda estima que la rebaja de hasta un 67% en el monto del marchamo reduciría los ingresos fiscales en más de ¢110.000 millones anuales.
Nogui Acosta no precisó cuál es un monto aceptable de rebaja para el Poder Ejecutivo, considerando que cualquier rebaja tendría un impacto en las finanzas públicas.
“Nosotros tenemos que ver qué es aceptable para los diputados y qué lo es para nosotros, pero no hemos llegado a eso”, dijo el jerarca hacendario, quien también manifestó que el proceso de negociación va a durar lo que sea necesario
La bancada de Liberación Nacional (PLN) criticó que el ministro de Hacienda haya llegado sin una propuesta clara y que solo haya llegado a “asustar con la chaqueta del muerto”.
Aunque tanto Nogui Acosta como el presidente Rodrigo Chaves han hablado de vetar la iniciativa que impulsan los diputados desde la Asamblea Legislativa, este jueves el ministro de Hacienda aseguró que el Gobierno se compromete a tener un acuerdo aprobado antes de que inicie el cobro del marchamo, el 1.º de noviembre.
¿Qué monto sería aceptable?, se le preguntó. “Un monto que no dañe las finanzas públicas. Algo que pueda permitirnos cumplir con los objetivos y metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la emisión de eurobonos”, dijo Acosta.
El ministro defendió los números que ellos han planteado sobre el impacto de ¢118.000 millones, frente a la proyección del Partido Liberal Progresista (PLP), que es mucho menor.
“Hacienda tiene el universo de los vehículos, es diferente hacer una proyección que el análisis de la población completa de vehículos. Es importante que don Eliécer (Feinzaig, jefe del PLP) y los demás diputados estén dispuestos a analizar esto”, dijo el jerarca.
Acosta alegó que la responsabilidad sobre las finanzas públicas es compartida y que es necesaria una claridad total entre diputados y Gobierno, para evitar recurrir a alguna otra medida, como el veto.
El presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, calificó la reunión como positiva y adujo que finalmente se lograron poner todas las partes y toda la información sobre la mesa, para a partir de ello tomar una decisión más clara y definir una propuesta con mayor consenso político.
“Hay un consenso de todos en que el marchamo se debe reducir, aunque no hay acuerdo en cuánto. También, hay acuerdo en buscar un procedimiento especial, ágil, para aprobarlo a tiempo y tercero, hay coincidencia en que lo que se apruebe no afecte las finanzas públicas”, comentó el jerarca parlamentario.
El liberacionista Francisco Nicolás alegó que Acosta llegó “a mentirnos”, por ejemplo al decir que los vehículos iban a pagar cero porque la base impositiva, después de 10 años, iba a ser cero.
“Eso no es cierto, porque hay una reserva de monto básico y que se va a pagar; no importa los años que tenga el vehículo”, dijo Nicolás.
Tanto el verdiblanco como la frenteamplista Sofía Guillén, y el jefe del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, afirmaron que con los mismos números aportados por Acosta se demostró que el impacto en el superávit primario es mucho menor de lo que él alega.
El verdiblanco alegó que el mejor mecanismo para hacer alguna modificación sería ir por mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento, y no sentarse a desarmar el proyecto.