El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el diputado Eliécer Feinzaig, jefe del Partido Liberal Progresista (PLP), chocaron por el proyecto de ley que reduciría impuestos a las empresas que contraten jóvenes, mujeres embarazadas o en lactancia, y adultos mayores de 40 años.
El jerarca cuestionó que el plan ni siquiera aporta un análisis de costo-beneficio de la implementación de la política pública propuesta. Además, insistió en que provocaría una disminución en los ingresos del Estado.
La oposición de Hacienda molestó a Feinzaig, quien reclamó al Gobierno la ausencia de iniciativas de impacto para la generación de empleo y mejora en las condiciones de vida de los costarricenses.
Nogui Acosta, en tanto, expresó disconformidad sobre las propuestas legislativas que plantean ese tipo de exoneraciones y beneficios fiscales, por las posibles consecuencias en las finanzas públicas y el acuerdo de sostenibilidad con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Efectivamente, desde el Ministerio de Hacienda vemos con preocupación las propuestas que se están tomando desde la Asamblea Legislativa para establecer exoneraciones o créditos al impuesto de renta que tendrán un impacto en las finanzas públicas y, sobre todo, que no tienen idea de un costo-beneficio que pueda generar”, manifestó Acosta.
El titular de Hacienda criticó que, con la presentación de este tipo de iniciativas, los diputados “solamente están viendo y analizando ideas, pero no están yendo más allá de las propuestas, que tienen implicaciones”.
“Aquí yo creo que esa parte nos deja ya en una situación bastante complicada”, puntualizó.
Deducción de salarios sobre la renta bruta
El plan propone que las empresas puedan deducir de su renta bruta los gastos en que incurran por salarios y otras remuneraciones de jóvenes de 18 a 25 años, así como mujeres embarazadas o en lactancia, y personas mayores de 40 años.
De acuerdo con el texto, las compañías accederían al beneficio una vez al año si demuestran tener entre sus colaboradores al menos a un 20% de personas con esas características.
Dicho porcentaje debe conformarse exclusivamente por personas de un mismo grupo. Es decir, el patrono podría deducir esos gastos si un 20% de sus colaboradores son jóvenes; o si un 20% son mujeres embarazadas o están en etapa de lactancia; o si un 20% son mayores de 40 años.
No obstante, la propuesta omite información básica sobre cuál sería el impacto en la recaudación del impuesto sobre la renta. Tampoco propone otra fuente de ingresos para cubrir el faltante de recursos que eventualmente provocaría la iniciativa.
Feinzaig reclama al Gobierno
El diputado Eliécer Feinzaig fue quien dio a conocer, en primera instancia, la oposición del Ministerio de Hacienda al proyecto del congresista Jorge Dengo, con el respaldo de sus compañeros de fracción.
Feinzaig reveló este martes, en el plenario legislativo, que recibió un mensaje de texto de Acosta expresando su preocupación sobre dicho plan.
En su intervención, el jefe del Liberal Progresista cuestionó la falta de iniciativas del Poder Ejecutivo para incentivar la contratación entre personas jóvenes y otros grupos con altas tasas de desempleo en el país.
“Yo tengo un mensaje de ayer que me dice que está muy preocupado porque el diputado Dengo, respaldado por la fracción, planteó un proyecto para crear un incentivo para la contratación de personas jóvenes”, expresó el congresista.
Enseguida, Feinzaig recordó que las personas jóvenes son las que enfrentan las tasas más altas de desempleo en el país. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo (ECE), la población de 15 a 24 años reporta una tasa de desempleo del 28,8%, mientra que la tasa general está ubicada en un 11,8%.
“Por fallos del sistema educativo ahora vemos a jóvenes matándose en las calles. Los vemos embarcados en guerras por territorios de drogas. Son jóvenes que se quedaron sin futuro en este país; ni el sistema educativo les da opciones, ni el sistema fiscal crea opciones para que a alguien le interese contratarlos, a jóvenes con poca o nula experiencia”, argumentó Feinzaig.
“Uno dice, ¿qué será? ¿que somos tan ciegos que solo podemos ver las cifras y no las tragedias que están sucediendo en este país”, agregó el jefe de la bancada Liberal Progresista.
Feinzaig también criticó que el Poder Ejecutivo impulsa proyectos de ley de bajo impacto para la sociedad costarricense.
Puso como ejemplo el plan de Hacienda para la reducción del marchamo. El liberal progresista aseguró que la reducción promedio del pago es de ¢500 o ¢400, a expensas de aumentos para otros contribuyentes.
En esa misma línea, cuestionó que, desde la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, se impulsen proyectos para flexibilizar la regla fiscal.
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Posición de Hacienda sobre exoneraciones e incentivos
El Ministerio de Hacienda se había opuesto a un plan del Frente Amplio, con el objetivo de ampliar de tres a seis años las exoneraciones que reciben las nuevas micro y pequeñas empresas costarricenses.
Acosta se opuso bajo el argumento de que la iniciativa “aumentaría el gasto tributario y generaría menos recursos para cubrir las necesidades actuales del país”.
Insistió en que la iniciativa frenteamplista ocasionaría un hueco en la recaudación “en momentos en que el Estado se encuentra realizando un recorte sustancial en el gasto público”.
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Incluso, mediante un criterio entregado a los diputados, el jerarca manifestó que ampliar estos beneficios fiscales a las micro y pequeñas empresas podría crear una “competencia desleal” con otras compañías y personas físicas contribuyentes, “provocando un abuso para este tipo de empresas y un enriquecimiento ilícito de su parte”.
En esa misma línea, el jerarca informó que el Ministerio de Hacienda se encuentra realizando una revisión sobre las exoneraciones existentes, para evaluar la necesidad de mantenerlas, modificarlas o eliminarlas.