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El nombramiento de Ottón Solís como embajador de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) viola la ley de adhesión a ese organismo aprobada por los diputados y firmada por el presidente de la República, Carlos Alvarado.
El artículo 4 de la ley 9981, que contiene el convenio de adhesión a OCDE, establece que “el Consejo de Gobierno, por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), designará al funcionario que representará al país ante dicha organización”.
Fue el propio presidente Alvarado quien propuso el nombramiento de Ottón Solís al Consejo de Gobierno, en la sesión del 6 de julio, desoyendo la propuesta del Comex.
El fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), de 67 años, reconoció que su nombre lo planteó el mandatario, al asegurar que se trata de un cargo de confianza presidencial.
En la misma sesión del gabinete, el ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, recomendó nombrar al actual representante de Costa Rica en la organización, Manuel Tovar, por la experiencia acumulada en el puesto.
Tan es así que el ministro Valenciano votó en contra de la designación de Solís, con base en criterios técnicos, según declaró. No obstante, el Consejo de Gobierno rechazó su recomendación y, por mayoría, acogió la propuesta del gobernante.
El artículo 4 de la ley agrega que “la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos formará parte del Ministerio de Comercio Exterior y dependerá de este para todos los efectos”.
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¿Fue una propuesta suya o del presidente?, le consultó La Nación a Solís la noche del pasado martes. “Del presidente”, respondió el economista.
En la misma entrevista, Solís aseguró que el mandatario le planteó su traslado al organismo “hace varias semanas”.
Este jueves, el Ministerio de Comunicación defendió la decisión tomada al decir en un comunicado: “Tenemos la convicción de que la designación hecha respeta plenamente lo establecido en la Ley 9981, concretamente en su artículo 4, párrafo segundo. El tema se vio por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior, que planteó una propuesta específica, y el Consejo de Gobierno tomó la decisión final sobre la designación”.
La Ley de adhesión a la OCDE, que contiene el convenio firmado por el país con ese organismo, lo aprobó en primer debate la Asamblea Legislativa, a principios de diciembre de 2020.
Dicha normativa superó la consulta de constitucionalidad ante la Sala IV que, por mayoría, resolvió que no encontró vicios de forma ni de fondo y, finalmente, se aprobó en definitiva en el Congreso en mayo del 2021.
El jefe de Gobierno la firmó el 21 de ese mismo mes.
Ottón Solís añadió que, cuando el presidente le propuso el cargo, ambos conversaron sobre asuntos personales relacionados con el nombramiento y de algunos temas que al mandatario le interesaba desarrollar, en cuanto a la calidad y transparencia del Estado.
Incluso, al consultarle sobre las críticas de los diputados que piden a Alvarado revertir la decisión, Solís respondió que “el presidente es muy seguro de lo que hace y sabe la responsabilidad con que se ha manejado eso”.
“Sabe de mis capacidades, lo que he hecho en el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica). Creo que es muy feo tener uno que defenderse”, resaltó.
Sobre las críticas a la forma de su designación, devolvió los cuestionamientos y argumentó que se trata de un cargo de confianza.
“¿Cuál es la forma de nombrar estos cargos? ¿Que lo nombre la Asamblea Legislativa? ¿Cómo se ha nombrado históricamente los cargos de representación externa? ¿Cuál es la otra fórmula? Si se ha violado, digan cómo es que se violó eso.
“Este es un cargo de confianza. Entonces, el tema es si la persona en que el presidente tiene confianza, está o no capacitado. Ahí tiene mi currículo. El gobierno circuló parte de mi currículo”, reaccionó molesto con los legisladores.
