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Geannina Dinarte, nueva ministra de la Presidencia, adelantó que uno de los ejes de su gestión con la Asamblea Legislativa será impulsar proyectos de ley de reactivación económica.
En esa línea, dijo estar anuente a discutir con los diputados un proyecto de amnistía para los deudores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), partiendo de que la flexibilidad en el aseguramiento es una propuesta de generación de empleo que han planteado sectores y diputados.
“Ahí veo una gran oportunidad”, consideró Dinarte a La Nación.
En criterio de la ministra, un texto idóneo sería aquel que ayude a formalizar a trabajadores y empresas, al tiempo que respete la autonomía de la Caja y no afecte sus finanzas. “Eso yo creo plenamente que se puede compatibilizar”, expuso.
Dinarte dejó esta semana la cartera de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para asumir, a partir del próximo 4 de enero, el Ministerio de la Presidencia. Sustituirá en el cargo a Marcelo Prieto, a quien las fracciones de oposición achacan haber sido un ministro “ausente”.
Siendo ministra de Trabajo, Dinarte participó en el diálogo con sectores organizado por el Gobierno, entre octubre y noviembre.
En ese espacio, al discutirse la necesidad de impulsar la reactivación económica, algunos sectores mostraron interés en facilitar el aseguramiento de trabajadores con la CCSS, en la línea de fomentar la formalización de las empresas.
“Se planteó tanto en ese espacio como también lo han mencionado algunos diputados, por ejemplo, la amnistía con la Caja”, comentó.
Afirmó que, en su momento, la CCSS se ha mostrado abierta a que el tema se discuta, “pero implica un acercamiento para tratar de viabilizar algún proyecto que permita expresar las expectativas y que sea conteste con la autonomía de la institución”.
“También, siempre buscando que esto pueda compatibilizar la oportunidad de las empresas de formalizarse pero, también, que la Caja no vaya ser afectada financieramente”, puntualizó.
Para el primer trimestre del 2020, el 47% de la fuerza de trabajo del país trabajaba en la informalidad, sin seguro y sin cotizar para una pensión.
Al mencionar su apertura en discutir el tema, Dinarte no citó un proyecto de ley en especifico.
Texto dictaminado en Asamblea
En la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, a inicios del mes de noviembre, se dictaminó un proyecto de ley impulsado por el diputado socialcristiano Pedro Muñoz.
En su nueva redacción, la iniciativa autorizaría a la Caja “a condonar los cobros por multas, sanciones e intereses, a los trabajadores independientes, asegurados voluntarios y patronos”, solo en el caso de las deudas por el aporte patronal al Fodesaf, INA, IMAS y Banco Popular.
“Las cuotas principales de los patronos al IVM, SEM, INS y los aportes establecidos por la Ley de protección al trabajador no se condonan”, explicó Muñoz.
Para los trabajadores independientes, el texto de Muñoz solo contempla una amnistía por los cuatro años anteriores a la vigencia de la norma, en caso de que la deuda acumulada sea por más tiempo.
Tanto trabajadores independientes como patronos que estén en la informalidad, deberán inscribirse en la Caja dentro del plazo de un año desde la entrada en vigor de esa ley, para poder optar a la amnistía.
En todos los casos, el pago podría ser de un solo tracto, o bien, a través de un convenio o arreglo de pago con la Caja, cuyo plazo no podrá exceder cinco años y para lo cual no será requisito contar con un fiador.
La iniciativa contempla una serie de requisitos, entre ellos, tener procedimientos administrativos concluidos, con o sin arreglo de pago en curso.
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Actualmente, los patronos deben pagar un 26,5% de cargas patronales sobre el salario de cada trabajador.
De ese 26,5%, un 9,25% va a financiar al Seguro de Salud y Enfermedad (SEM) de la CCSS y un 5,25% al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Otro 3,75% es para financiar las pensiones complementarias de los trabajadores y el fondo de capitalización laboral establecidos por la Ley de protección al trabajador.
El restante 8,25% va a otras instituciones: un 5% al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), un 1,5% al INA, un 1% al Instituto Nacional de Seguros (INS), un 0,5% al IMAS, un 0,25% al Banco Popular (BP).
Durante el diálogo multisectorial, los sindicatos del sector público bloquearon una propuesta para reducir las cargas patronales que deben pagar los nuevos emprendimientos y las microempresas por el aseguramiento de los trabajadores.
El plan era para futuros emprendimientos, no para deudores. La idea había sido planteada por el sector productivo, en tanto se pudiera promover un trato diferenciado para estas empresas sin tocar las cuotas que financian a la CCSS. Es decir, la medida abarcaría el aporte a Fodesaf, INA, INS, BP o IMAS.
No obstante, los sindicatos, liderados por el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco), se opusieron de forma tajante en que se lograra un consenso inicial alrededor del tema.
Jorge Coronado, representante de Bussco, alegó que, entre otras razones, la redacción de la iniciativa “era muy abierta, no establecía ningún parámetro” y daría pie a una “afectación a instituciones emblemáticas del Estado”.
