EscucharAbel Salas Mora, nuevo presidente del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), fue castigado por hostigamiento sexual cuando laboraba como profesor en la Universidad de Costa Rica (UCR).
La UCR recibió dos denuncias de estudiantes en su contra, una en marzo y otra en abril del 2014. Luego de investigar lo sucedido, la universidad lo encontró responsable de haber cometido una falta grave y le impuso una suspensión de cinco días sin goce de salario en enero del 2015.
Así lo confirmó a La Nación la Comisión Institucional contra Hostigamiento Sexual de la casa de enseñanza.
Abel Salas, politólogo y especialista en banca y finanzas, de 69 años, fue nombrado por el actual Gobierno como directivo del Popular en representación del movimiento cooperativo.
Fue juramentado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el pasado 21 de setiembre, junto con otros directivos de diversas instituciones públicas.
Posteriormente, en la Junta Directiva del Banco Popular, Salas ganó la elección interna para el cargo de presidente.
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Anteriormente, este funcionario había ejercido como presidente de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR), entre los años 2017 y 2018. También, fue jerarca del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).
¿Tomó en cuenta el Gobierno esos antecedentes?
El directivo no fue nombrado en el Popular por recomendación del movimiento cooperativista, sino que fue seleccionado directamente por el Gobierno.
Ante consultas de La Nación, la secretaria del Consejo de Gobierno, Yara Jiménez, aseguró que, para la elección de ese cargo, “se confeccionó un cartel y un concurso público transparente” a partir de “criterios técnicos, legales y de idoneidad”, a fin de que participaran las personas que cumplían con los requisitos.
Añadió que, “después del proceso de verificación y entrevistas se presentaron las postulaciones al Consejo de Gobierno, para que nombrara a los miembros pro tempore (temporales)”.
Al consultársele a Abel Salas si él informó a Casa Presidencial de lo sucedido en la UCR, respondió que la existencia del antecedente “es de conocimiento público, pues incluso consta en publicaciones efectuadas en medios de comunicación en años recientes”
“La transparencia siempre ha formado parte de las convicciones más fundamentales en mi actuar y ha marcado una trayectoria profesional y académica importante”, agregó.
Este medio también consultó a la secretaria del Consejo de Gobierno si ese órgano estaba enterado de la sanción disciplinaria contra de Abel Salas Mora. La funcionaria de Casa Presidencial respondió que, conforme a los artículos 6 de la Ley de Control Interno y 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, “la información de los procedimientos sancionatorios es confidencial para terceros”.
En tanto, el presidente del Popular insistió en que existió un expedientem un debido proceso en la UCR y una sanción, pero nunca se le impuso una medida que le impidiera seguir ejerciendo cargos públicos o privados.
“Incluso, continué desempeñando mis funciones académicas en la UCR hasta el día en que me retiré, tras 30 años de servicio académico, y he tenido la bendición de ejercer cargos en muy diversas instituciones, siempre con el máximo profesionalismo y guiado por valores familiares que atesoro profundamente”, dijo.
Incluso, continuó el jerarca bancario, se mantiene escribiendo y especializándose en temas de defensa de los derechos de la mujer.
“Y sigo también aprendiendo de cada lección que nos da la vida y entregando el mejor de mis esfuerzos y conocimientos para aportar a las instituciones en las cuales tengo el honor de representar o trabajar”, comentó Salas.
Información sobre sancionados por acoso sexual es pública
Medios de comunicación como el semanario Universidad han publicado la lista de profesores y funcionarios de esa institución que han sido despedidos o sancionados por causas de acoso y hostigamiento sexual.
En octubre anterior, el Tribunal Contencioso Administrativo resolvió que los nombres de los funcionarios públicos sancionados por acoso sexual representan información de interés público y, por lo tanto, es legal publicarlos.
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