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La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa acogió, por unanimidad, un texto sustitutivo que autorizaría a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a condonar las deudas de 117.000 trabajadores independientes con la seguridad social.
Esta es una nueva versión para el proyecto de ley de amnistía con la CCSS, acogido a través de una moción de fondo durante el primer día de discusión de ajustes al texto 21.522, dictaminado en noviembre del 2020.
El texto lo votaron nueve legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN) y el independiente Erick Rodríguez.
La nueva redacción consensuada entre el diputado proponente Pedro Muñoz, el Poder Ejecutivo y técnicos de la CCSS, autorizaría a la institución a condonar a trabajadores independientes el principal, multas, recargos e intereses de sus deudas por cuotas de aseguramiento no pagadas.
A los patronos, en cambio, solo les condonarían multas, recargos e intereses de los aportes al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al Seguro por Enfermedad y maternidad (SEM) y lo correspondiente a la Ley de protección al trabajador.
En cuanto a los aportes patronales al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular, se perdonaría el principal, multas, recargos e intereses.
Aunque en la construcción del nuevo texto participó la CCSS, la Junta Directiva de la institución no se ha pronunciado, pese a que el Poder Ejecutivo lo presentó hace más de dos meses como alternativa para facilitar la formalización de los independientes y llevar recursos a la aseguradora social.
“Espero que la Junta Directiva se pronuncie a favor oportuna y prontamente. Mientras tanto, el proyecto sigue avanzando”, expresó Muñoz.
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Acogieron el nuevo texto los legisladores Karine Niño, Roberto Thompson y Daniel Ulate, del PLN; Aracelly Salas y Oscar Cascante, del PUSC; Luis Ramón Carranza y Enrique Sánchez, del PAC; Floria Segreda del PRN; y el independiente Rodríguez.
Esta nueva versión trae varios cambios de fondo con respecto al texto dictaminado.
Por ejemplo, el nuevo texto establece que la ley sería una autorización a la CCSS para condonar esas deudas y no un mandato de los legisladores, con lo cual se respetaría la autonomía de la institución.
La autorización se extiende al Fodesaf, INA, IMAS y Banco Popular.
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Los diputados ya habían decidido, desde el dictamen, que la iniciativa se trataba de una condonación de deudas, no una amnistía, por sugerencia del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea que consideró que el segundo concepto se refiere a la parte tributaria.
En cuanto a las reglas para acogerse al perdón de deudas, el texto sustitutivo establece el plazo de un año para que se acojan independientes y patronos, y exige una solicitud expresa para iniciar el proceso.
En cuanto a los independientes, se incluye a los asegurados que adeuden cuotas, así como a los que no están activos y se formalicen ante la CCSS.
A estos eventuales beneficiarios la redacción les deja claro que, en el caso de las cuotas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la condonación no generará derechos, de cara a la pensión, por las cuotas perdonadas.
A los patronos la condonación comprendería los adeudos correspondientes que superen el año de antigüedad, a partir de la entrada en vigencia de la legislación.
Tanto a independientes como a patronos, si tienen una investigación administrativa en curso, pueden comunicar a la Caja la transición para acogerse al beneficio de la legislación
Si existe un proceso de cobro judicial abierto, ambos podrían acogerse al beneficio siempre que paguen las costas procesales en las que incurrió la institución.
Para marzo pasado, 117.200 trabajadores independientes adeudaban ¢243.300 millones a la CCSS, el 72% del dinero que la entidad no ha podido percibir por cuotas sociales no pagadas.
Los restantes ¢95.000 millones corresponden a deudas de casi 15.550 patronos.
La legisladora verdiblanca Karine Niño, presidenta de la comisión de Económicos, destacó que este proyecto “es de suma importancia para la reactivación económica”.
Recordó que se consensuó entre diputados de ese foro, el Poder Ejecutivo y la CCSS.
Enrique Sánchez, legislador del PAC, resaltó que el proyecto básicamente viene a “facilitar la vida a trabajadores independientes y simplificar los procesos de formalización para estos y las empresas”.
El aporte patronal a la seguridad social del 26,5% sobre el salario del trabajador, se distribuye de la siguiente forma:
- 9,25% al SEM y 5,25% al IVM, para un 14,5% de aporte a la CCSS.
- 0,25% al Banco Popular, 5% del Fodesaf, 0,5% al IMAS y y 1,5% al INA para un total de 7,25% a otras instituciones.
- En cuanto a lo correspondiente a la Ley de protección al trabajador, el 4,75% se distribuye en 0,25% al Banco Popular, 1,5% al Fondo de Capitalización Laboral, 2% al Fondo de Pensiones Complementarias y 1% al Instituto Nacional de Seguros (INS).
