La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala a Costa Rica como el país que mayor porcentaje de sus ingresos gasta en el pago en salarios de empleados públicos, en comparación con los países miembros de la organización.

“La remuneración de los funcionarios del Gobierno representa más de la mitad de los ingresos totales, la mayor proporción entre los países de la OCDE y más del doble del promedio de la OCDE”, señala la página 42 del informe económico sobre Costa Rica elaborado en julio pasado.

En el 2019, el Ministerio de Hacienda presupuestó ingresos ¢5 billones y, para cubrir salarios, previó ¢2,6 billones. Ese último dato no contempla el dinero que utilizan en sueldos las instituciones descentralizadas que reciben transferencias del Gobierno Central.

Y pese a ser el país de la OCDE que más dinero destina a pagar salarios públicos, en Costa Rica el empleo público solo representa el 13% de la fuerza laboral, mientras que el promedio es de un 20% en la organización.

El análisis señala que “los salarios del sector público son casi un 50% más altos que en el sector privado, después de tomar en cuenta las características de los empleados”.

La situación obedece a un régimen salarial “sumamente fragmentado”.

La organización critica la existencia de 260 pluses salariales en el sector público, en el cual también existen diferencias salariales de hasta el 600% para un mismo puesto, entre instituciones.

Para esta organización, la remuneración de los empleados públicos en Costa Rica es “demasiado compleja, poco clara y sumamente difícil de controlar".

Según la OCDE, este es el resultado de una combinación de numerosas asignaciones e incentivos, los cuales varían de un empleado a otro.

También, el documento achaca los aumentos disparejos en el sector público a la gran cantidad de convenios colectivos y legislaciones.

“Existen grandes diferencias en los componentes salariales adicionales dentro de la misma categoría institucional. En total, hay hasta 260 pluses salariales en todas las instituciones (...). Esto da lugar a grandes diferencias dentro de la misma categoría de trabajo, que en algunos casos puede alcanzar más del 600%", indica el documento.

“Por ejemplo, el salario base de los empleados en el régimen del Servicio Civil puede complementarse con más de 20 incentivos diferentes, que incluyen pagos por antigüedad y pluses”, señala la OCDE.

Asimismo, su posición es crítica sobre la independencia que gozan las instituciones autónomas: "Las entidades desconcentradas, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), disfrutan de un alto grado de autonomía sobre la política salarial y tienen la mayor parte de los pluses salariales, que asciende al 46%.

Las instituciones autónomas son aquellas que pertenecen al sector público, por lo que reciben dinero de las arcas estatales, pero poseen independencia administrativa y financiera.

“El sistema supone una contribución a la desigualdad de ingresos y perjudica la moral del personal y el desempeño del sector público", agrega el estudio.

Según los datos del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), el cual posee un registro actualizado de los trabajadores inscritos ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el Gobierno Central laboran casi 145.000 personas. En julio, su salario promedio fue de ¢1.056.000. En setiembre, el sueldo medio fue de ¢1.042.000.

Ese mismo registro indica que en las instituciones descentralizadas laboran 173.500 empleados. En julio, su salario promedio fue de ¢1.322.000 y, en setiembre, de ¢1.123.000.

El documento Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020 se dedica a analizar las principales carencias y virtudes que posee el país, debido a que la nación costarricense se encuentra en la recta final para ser miembro de la organización.

El país será la cuarta nación latinoamericana en ingresar a la OCDE. Desde esa institución han sido críticos de las disparidades que presenta el empleo público.

Organización sugiere reforma al empleo público

Actualmente, en la corriente legislativa se encuentra un proyecto de ley que busca hacer una reforma al empleo público. Fue presentado por el Ejecutivo y busca reducir las desigualdades que posee este sector.

El plan crearía un sistema de salario global sin necesidad de los pluses salariales que aumenten el gasto público. El plan crearía ocho familias de empleo.

“Las medidas incluidas en la reforma fiscal son un primer paso para racionalizar la remuneración del empleo público”, sostiene la OCDE.

“La introducción de un régimen de salario único, con escalas salariales iguales para las mismas funciones en todo el sector público, mejoraría la transparencia”.

“Racionalizar los incentivos, los pluses salariales y hacer que se otorguen con base en el desempeño resultaría en un régimen de remuneración más equitativo”, señalan.

De hecho, el documento pone como ejemplo de regímenes laborales “competitivos" los del Banco Central y la Contraloría General, que implementaron el régimen de salario único en 1998 y 2007, respectivamente.

En el documento, la OCDE manifiesta que el nuevo sistema también facilitaría la gestión y control del gasto público.

La versión actual del proyecto de empleo público incluiría a los empleados públicos actuales y futuros en el sistema de salario global. En el caso de los funcionarios actuales que superen el futuro salario global, el texto establece que se respetará su remuneración actual y, en adelante, solo recibirán incrementos por costo de vida.

En el caso de los empleados que hoy estén por debajo el salario global, se permitiría su traslado inmediato, lo que podría tener un impacto económico en las finanzas del Gobierno.

Gran fragmentación

Para la OCDE, la administración pública de Costa Rica está “sumamente fragmentada” en una gran cantidad de entidades descentralizadas y empresas públicas.

Según el estudio, uno de los factores que potencia las separaciones de este sector, es la creación de al menos 100 nuevas instituciones públicas desde la década de 1990.

“Esta alta fragmentación se combina con una coordinación, dirección y responsabilidad limitadas, lo que resulta en duplicidades, asignación de responsabilidades poco clara y falta de liderazgo en algunas áreas”, asevera.

Una de las observaciones que hace el análisis es proceder con una revisión exhaustiva el sector público, esto para aumentar la eficiencia y la capacidad del Gobierno Central para asignar fondos a las áreas prioritarias.

No obstante, la publicación de la OCDE asegura haber realizado al Gobierno costarricense esta recomendación en estudios anteriores, en los cuales también identificaron una gran cantidad de instituciones públicas que no son funcionales.

"Los esfuerzos para identificar las responsabilidades de cada entidad gubernamental y, eliminar las duplicidades y las entidades no funcionales, establecería las bases para un sector público más eficiente.

“También es necesario desarrollar mecanismos de dirección y control más claros, para aumentar la rendición de cuentas al Gobierno Central y los ciudadanos”, agrega al respecto.