La penalización se agrava dependiendo de ciertos factores socioeconómicos. Es más severa para las madres solteras, habitantes de zonas rurales y sin niveles altos de educación. En muchos casos, el destino es el desempleo, la informalidad y la pobreza.

La OCDE, compuesta por 38 estados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales, destacó este castigo que afrontan las mujeres en el Informe Igualdad de género en Costa Rica: Hacia una mejor distribución del trabajo remunerado y no remunerado, publicado el viernes 12 de julio.

Incluso, en el caso de las madres profesionales, aunque tienen la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, deben aceptar tiempos parciales o trabajos informales. En el segundo trimestre del 2023, el 44% del total de mujeres ocupadas con al menos un hijo estaban en el sector informal, mientras que la cifra baja a un 24% en el caso de las que no tienen hijos.

“Las madres empleadas tienen más probabilidades de trabajar en los sectores informales, donde es posible que no se apliquen protecciones sociales como la licencia de maternidad o el seguro de desempleo y, como resultado, dejan a las mujeres más expuestas a la pobreza y la exclusión social”, cita el documento.

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En el 2023, la brecha de empleo entre hombres y mujeres era inferior a los 10 puntos porcentuales entre las personas de 15 a 24 años, pero la diferencia se amplía considerablemente a 27 puntos porcentuales para el grupo de 25 a 44 años.

“En Costa Rica, la edad de las madres al momento de tener su primer hijo se acerca a los 24 años, frente a los casi 30 años en promedio en la OCDE. Esto sugiere que asumir más responsabilidades de cuidado reduce considerablemente la capacidad de las mujeres para encontrar su camino en el mercado laboral. La penalización por maternidad probablemente conduzca a un deterioro de las condiciones del mercado laboral para las mujeres”, reconoció la Organización, a la cual Costa Rica ingresó en mayo de 2021.

La desigualdad de género en el trabajo tiende a aumentar con la maternidad. El nacimiento del primer hijo suele ir acompañado de un fuerte aumento de la informalidad laboral entre las madres trabajadoras, mientras que los padres no se ven afectados en gran medida.

El alcance del efecto disminuye en los niveles más altos de educación, lo que implica un efecto más leve entre las mujeres con un nivel educativo alto. Además, cuanto mayor sea la educación de las madres, mejores serán los resultados educativos y de salud de los niños.

Como la maternidad reduce la oferta de mano de obra femenina, también desplaza sus opciones profesionales hacia empleos más flexibles, como el trabajo a tiempo parcial, el trabajo por cuenta propia o las modalidades de trabajo informal.

Solo en el 19% de las familias con un hijo menor de 15 años, ambos miembros de la pareja trabajan a tiempo completo, mientras que el promedio de la OCDE es de un 46,5%.

En el caso de los hogares monoparentales, donde un gran número está bajo la jefatura materna, el 44,6% de la cabeza de hogar trabaja a tiempo completo, por debajo del 57,1% de la media de los países de la OCDE. Asimismo, en el 34% de los hogares monoparentales, la cabeza no trabaja.

Según la OCDE, estos datos revelan las desventajas sistémicas del mercado laboral que encaran las mujeres una vez que se convierten en madres en Costa Rica. El informe señala que, para el país, la educación juega un papel importante en la mejora de las perspectivas de empleo, ayudando a atenuar las desventajas que presenta el sistema.

Los resultados de las mujeres en el empleo son “comparativamente débiles” en Costa Rica. De forma general, la brecha en las tasas de empleo entre hombres y mujeres en el país se situó en 26 puntos porcentuales, 14 puntos porcentajes más que la media de la OCDE.

En promedio, la tasa de empleo de las mujeres con educación terciaria es del 63%, en comparación con el 24% para las mujeres con solo un título de primaria o menos. Además, las mujeres con un título universitario tienen una tasa de empleo 13 puntos porcentuales inferior a la de los hombres con el mismo nivel de educación.

Uno de los programas estatales que promueve que las mujeres puedan trabajar o estudiar es la Red de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi). Entre 2018 y 2022, según el plan estratégico interinstitucional, debía ampliar su cobertura en un 15%, pero, apenas llegó a 1,6%, reveló en octubre del año pasado la Contraloría General de la República (CGR). A diciembre de 2022, ese programa prestaba servicios de cuido a 71.994 niños, con una inversión de ¢69.494 millones.

En abril del 2023, La Nación informó de que el subsidio mensual que paga el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) a los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi) por cada niño o niña que atienden llevaba siete años estancado en ¢131.000 y por ende las administradoras de esos centros se quejaban de que, pese al aumento de salarios, alquileres y comida, cada vez tienen menos recursos.

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Recomendaciones para dar un giro

Para reducir las brechas de género en el empleo femenino, la OCDE recomienda garantizar el acceso a una educación de calidad para todos, asegurando que niñas y mujeres reciban las mismas oportunidades educativas que sus pares masculinos.

El informe recomienda dar apoyo al emprendimiento femenino, proporcionando recursos, financiamiento y mentoría para que las mujeres puedan iniciar y expandir sus propios negocios.

Asimismo, el documento subraya la importancia de combatir la violencia contra las mujeres, implementando políticas que protejan sus derechos y seguridad, tanto en el hogar como en el lugar de trabajo.

Zonas rurales enfrentan más retos

Los patrones de empleo femenino también tienen una fuerte connotación regional. Por ejemplo, en las zonas urbanas la tasa de empleo es 10 puntos porcentuales superior que en las rurales. En las zonas rurales la brecha de género en el empleo (35 puntos porcentuales) es significativamente más pronunciada que en las zonas urbanas (22 puntos porcentuales).

“Es probable que estas diferencias reflejen el considerable tiempo que las mujeres rurales dedican a responsabilidades laborales no remuneradas, por ejemplo, en las tareas del hogar y el cuidado de los niños y de otros miembros de la familia. Al mismo tiempo, cuando las mujeres rurales trabajan por un salario, es más probable que estén empleadas en el sector informal.

El trabajo informal está particularmente extendido entre las mujeres que viven en zonas rurales, donde el 52% trabaja en la informalidad, mientras que en la zona urbana la tasa es de 35%.

Las desigualdades aumentan cuando se trata de mujeres indígenas, quienes experimentan múltiples e interrelacionadas formas de desventaja debido a su género, origen indígena y condiciones sociales.

En los ocho territorios indígenas del país la tasa media de empleo de las mujeres es de 17%, en comparación con el 56% de los hombres.

El informe expone que en Costa Rica, el país con mayor proporción de migrantes de Latinoamérica, los trabajadores extranjeros se concentran en sectores y ocupaciones que los nacionales consideran menos atractivos por sus bajos salarios y malas condiciones.

Así por ejemplo, las mujeres migrantes, en su mayoría provenientes de Nicaragua, tienen muchas más probabilidades de trabajar en actividades domésticas.

La OCDE señaló la importancia de contar con iniciativas que renueven los programas de titulación de tierras para apoyar las actividades empresariales de las mujeres rurales.

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