Revisar la metodología de las encuestas políticas fue una de las principales recomendaciones al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que hizo ayer el grupo de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La sugerencia forma parte del informe preliminar sobre el proceso electoral que cerró el domingo.
“Revisar los mecanismos para transparentar la metodología de las empresas encuestadoras con la figura de un ente regulador que pudiese ser el Tribunal Supremo de Elecciones”, resalta el documento.
Los 22 miembros de la Misión de Observación Electoral de la OEA (además de otros 100 visores de diferentes países) llegaron al país el jueves pasado para evaluar las elecciones costarricenses.
La mañana del sábado se reunieron con 10 de los 13 candidatos presidenciales, quienes manifestaron inquietudes sobre el papel de las encuestas. Uno de los más enfáticos en el tema fue el aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny Araya.
“Derivado de estas preocupaciones generalizadas es que estamos sugiriendo que se considere que el Tribunal se pueda hacer cargo de esta serie de consideraciones asesorados por un grupo de científicos y técnicos”, expresó Josefina Vázquez Mota , jefa de la misión.
Explicó que lo recomendable es que el TSE conozca mejor la metodología que usan las encuestadoras para realizar los estudios de opinión y así puedan, a su vez, informar a la ciudadanía.
Los observadores además externaron dudas sobre el hecho de que las encuestas sirvan como base para que las entidades financieras analicen si dan o no créditos a las agrupaciones políticas.
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Desacuerdo. Gustavo Román, asesor legal del TSE, explicó que la sugerencia de los observadores sobre las encuestas no se puede poner en práctica porque la ley lo impide.
“Las empresas encuestadoras dirigen su actividad científica y empresarial en un régimen de libertad ”, alegó Román.
Detalló que a las firmas lo que se les pide es inscribirse ante el Tribunal y cumplir una serie de requisitos para demostrar la rigurosidad de sus estudios, entre esos, conservar las encuestas para revisarlas en caso de una denuncia.
Víctor Borge, fundador y presidente de la firma Borge y Asociados, calificó de “normal” el que los sondeos sean puestos en duda.
“No sé cuál sería la diferencia con lo que ahora existe. Siempre hay cosas que se deben mejorar, pero una fiscalización previa me parecería inapropiada”, señaló.
Carlos Paniagua, presidente de Unimer, dijo que la recomendación le sorprendió, porque ya existen varias regulaciones.
“El problema es no hacer la diferencia entre las encuestas. Hubo algunas que trabajaron para un partido en específico.
”No tendríamos ningún problema de que alguien nos fiscalice, de hecho nosotros contratamos a un experto externo, el problema sería quién lo haría (la fiscalización)”, añadió Paniagua.
El informe de los observadores de la OEA también enfatizó en la necesidad de “fortalecer la equidad” en temas de participación femenina, financiamiento de partidos políticos y cobertura de medios de comunicación.