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El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, aseguró que esa entidad carece de recursos para contratar un software que le permita abrir celulares de alta gama que contienen información fundamental para importantes causas en marcha.
“Hay dos casos grandes, de interés estatal, sobre corrupción. Tenemos 500 celulares decomisados y están ahí, con información importante, pero no se pueden abrir, de momento”, aseveró este miércoles el jerarca en la comisión legislativa de Asuntos Jurídicos.
Dos megacausas por corrupción que maneja el OIJ son conocidas como los casos Cochinilla y Diamante, en las cuales se investiga el presunto pago de dádivas a funcionarios por parte de constructoras a cambio de favores relacionados con contratos de obras públicas.
La primera de estas dos pesquisas cumplió dos años, en junio pasado, sin que todavía se pudiera revisar la voluminosa prueba recabada que incluye computadoras, celulares, archivos digitales y otras evidencias, las cuales están guardadas en dos bodegas repletas.
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Zúñiga sostuvo que la Policía Judicial tiene una necesidad urgente de adquirir equipamiento tecnológico, pues en toda investigación habrá un celular de por medio, o una computadora.
El director mencionó, a modo de ejemplo, que entre los aparatos incautados hay teléfonos iPhone 14, o Samsung S23, con una “encriptación bastante fuerte” que no es factible abrir con las herramientas con que cuentan en la actualidad.
“Es necesario este tipo de tecnología. Hablamos con una embajada amiga, que nos va a facilitar ese software durante un año y medio, con el compromiso de que incorporemos, en el presupuesto, los recursos para seguir pagando la licencia después”, agregó.
Exoneración del IVA
La audiencia del director del OIJ se centró en la discusión del proyecto de ley 23.372, que propone exonerar a ese organismo del pago del impuesto al valor agregado (IVA), con la intención de fortalecer las herramientas para la persecución de los delitos.
La iniciativa del liberacionista Danny Vargas propone, básicamente, eximir del tributo a la adquisición de bienes y servicios que haga el OIJ “para el cumplimiento de sus funciones”.
Zúñiga estimó que esa exención significaría un ahorro hasta de ¢1.250 millones, aunque sostuvo que eso sería insuficiente para contar con otras herramientas para, por ejemplo, interceptar comunicaciones de redes sociales o dar seguimiento a delitos relacionados con criptomonedas.
En el caso del software para investigar delitos que tengan relación con las redes sociales, el jerarca manifestó que es inmensamente caro y que, ni siquiera con los recursos que se liberarían con dicha iniciativa, se podría comprar.
“Tenemos muchas carencias tecnológicas y de equipamiento. Estamos en un contexto complicado, muy difícil. La situación podría tender a complicarse. Los homicidios no paran. La proyección que hicimos en febrero, se mantiene: cerraremos entre 850 y 900 homicidios. Tener capacidad operativa es difícil”, advirtió.
Frente a la solicitud del director del OIJ, la mayoría de legisladores se manifestaron de forma positiva, excepto Jorge Rojas, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Rojas alegó que exonerar a la policía judicial del IVA, para comprar los insumos con que persigue la delincuencia, podría ser contrario a los compromisos que el país tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sostuvo que no está en desacuerdo en darle recursos al OIJ para perseguir la delincuencia, pero consideró que se le deberían pedir los fondos a la Corte Suprema de Justicia ya que esta es la que maneja el presupuesto de dicho cuerpo policial.
El liberacionista Danny Vargas afirmó que el OIJ ha visto decrecer su presupuesto en los últimos cinco años y que eso afecta la labor que desarrolla.
Por otra parte, el director policial señaló que no solo tienen falta de recursos para contratar los sistemas de software, sino que también encuentran problemas para conseguir vehículos con los cuales realizar las investigaciones.
Detalló que como los automóviles propios son fácilmente identificables, deben recurrir al alquiler de vehículos para realizar investigaciones y que no cuentan con suficiente dinero para ello.
