La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ordenaron este martes la detención de tres personas sospechosas de los delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso en relación con permisos de tala en terrenos del Refugio Gandoca-Manzanillo.
Las capturas se efectuaron esta mañana durante siete allanamientos en las oficinas centrales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), en Santo Domingo de Heredia, así como en la sede del Área de Conservación La Amistad-Caribe, en Talamanca (Limón). Asimismo, se realizaron operativos en viviendas localizadas en Cahuita, Limón, Sarapiquí y Curridabat.
Los detenidos se encuentran a las órdenes del Ministerio Público, donde se les tomará la declaración indagatoria y, posteriormente, se valorará la solicitud de medidas cautelares. Son un funcionario del Sinac, de apellidos Campbell Lindo, quien labora en la Oficina Subregional Limón Talamanca en el Área de Conservación La Amistad Caribe; la administradora del Refugio Gandoca-Manzanillo, de apellidos Cruz Torres, y el representante de la empresa Playa Manzanillo S. A., de apellidos Pacheco Dent.
Según confirmó el Departamento de Prensa del Ministerio Público, los hechos que se investigan ocurrieron en una finca propiedad de Playa Manzanillo donde, al parecer, hubo una serie de irregularidades para la emisión de permisos de aprovechamiento forestal.
“Se cree que, de esa manera, se buscaba cambiar el uso de suelo en las áreas de bosque y humedales, con el presunto fin de desarrollar una infraestructura urbanística”, precisó el comunicado.
LEA MÁS: Presunta tala ilegal en Caribe Sur habría incluido donación de caminos a Municipalidad de Talamanca
Las diligencias comenzaron poco después de las 7 a. m. de este martes, cuando agentes del OIJ y la Fiscalía se presentaron a las oficinas centrales del Sinac, en Santa Rosa de Santo Domingo, en Heredia. Esta entidad está adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
“Tras los operativos de la Fiscalía y el OIJ en las oficinas centrales de Sinac, en Santo Domingo de Heredia, y en el centro operativo de Gandoca-Manzanillo, donde se confirman dos personas detenidas, nos hemos puesto a las órdenes de las autoridades para lo que requieran”, informó el área de prensa del Ministerio pasada la 1 p. m. de luego de consultas de este diario.
LEA MÁS: Franz Tattenbach llamado a cuentas por aparentes anomalías en Gandoca-Manzanillo
Por su parte, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, de forma unánime, una moción para que el jerarca de esa cartera, Franz Tattenbach, acuda a dar explicaciones por la situación de Gandoca-Manzanillo.
‘Tráfico de tierras’ en Refugio Gandoca-Manzanillo
El 24 de mayo anterior, La Nación divulgó que el presunto otorgamiento ilegal de un permiso para talar árboles en playa Punta Uva, cerca del Refugio, habría contemplado la donación de caminos a la Municipalidad de Talamanca, de acuerdo con informaciones de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental.
Por esa razón, el lunes 20 de mayo, la Fiscalía había allanado las oficinas del gobierno local para recabar pruebas de la posible comisión de delitos como cambio de uso de suelo e invasión a la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT).
De acuerdo con la Fiscalía Ambiental, se sospechaba de la existencia de un tráfico de tierras que pertenecen al patrimonio natural del Estado, mediante el cambio de uso de suelo.
Hace un mes, trascendieron pesquisas relacionadas con otro órgano adscrito al Minae. Se trató del llamado caso Comején relacionado con supuestas anomalías en el otorgamiento de permisos ambientales otorgados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
LEA MÁS: Propiedad en Caribe Sur: única con alerta por invadir litoral
Los involucrados son el jerarca de la Setena, Ulises Álvarez, otros dos funcionarios, de apellidos Quirós Brenes y Gutiérrez Durán, así como un empresario apellidado Murillo Martínez. A ellos se les sigue causa por los delitos de tráfico de influencias, cohecho propio e impropio, y penalidad del corruptor.