EscucharEl alto uso de plaguicidas en Costa Rica afecta la salud y atenta contra la vida de los trabajadores de las plantaciones agrícolas, quienes constantemente son víctimas de intoxicaciones, las cuales generan un costo al país de más de ¢5.000 millones anuales.
A estos costos económicos, que se generan por el pago de incapacidades, medicamentos y tratamientos, se suman perdidas irreparables, como la muerte de 58 hombres menores de entre 29 y 39 años causada por intoxicaciones con plaguicidas entre el 2010 y el 2020.
Estos son parte de los resultados que se desprenden del Diagnóstico de afectación a la salud por uso de plaguicidas en Costa Rica, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“De acuerdo con el estudio, Costa Rica continúa utilizando sustancias que han sido eliminadas, prohibidas o categorizadas como peligrosas, tanto por organismos internacionales como por convenios firmados por el país, tal es el caso del paraquat, cuya toxicidad ha sido advertida en el Convenio de Rotterdam.
“Del mismo modo, da uso a otras catalogadas por la OMS como sumamente peligrosas y muy peligrosas, entre ellos etoprofos, terbufos, fenamifos, cadusafos y oxamil”, recalcó el informe.
“Creemos que urge un análisis riguroso por parte de las autoridades nacionales frente a los altos costos del uso de plaguicidas. El monto por tratamientos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pólizas del Instituto Nacional de Seguros (INS), pago de incapacidades y actividad económica no realizada por incapacidades supera los ¢5.000 millones de colones anuales”, expresó Kifah Sasa Marín, oficial a Cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la ONU.
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Sasa recalcó que este estudio les permitió detectar la falta de información y datos sobre los efectos de los plaguicidas en la salud de las personas y los daños psicológicos, sociales y ambientales que ocasionan estas sustancias.
La investigación realizada en suelo costarricense determinó que, en el periodo 2014-2020, el 88% de las intoxicaciones del país se presentaron en hombres, quienes tenían un promedio de edad de 32 años.
Además, seis de cada 10 personas sufrieron intoxicaciones en plantaciones agrícolas, siendo los cultivos de banano, café y piña los vinculados a estos eventos.
Por otra parte, el estudio registró que, en 800 personas intoxicadas por plaguicidas, el 99,6% de los casos terminaron en incapacidades, las cuales registraron un promedio de 13 días.
En el caso de los 58 decesos ocurridos en el periodo estudiado, se determinó que los agroquímicos que les arrebataron la vida pertenecen al grupo bipiridilo, específicamente paraquat, seguido por organofosforados y carbamatos.
Gabriela Rey, doctora y oficial técnica de la OMS Costa Rica, se refirió a la importancia de contar con este tipo estudios, los cuales llegan a sustentar la toma de decisiones orientadas a la prevención, para disminuir la carga sanitaria, social y económica que conlleva este problema.
“A nivel mundial, se ha evidenciado que la exposición a plaguicidas en el largo plazo puede causar efectos en la salud, tales como afectaciones en los sistemas cardiovascular e inmunológico, en el tracto digestivo, en la sangre e incluso se ha señalado que algunos pesticidas clasificados como altamente peligrosos pueden causar cáncer; por esta razón, es necesario continuar realizando estudios epidemiológicos y de evaluación de exposición”, aseveró Rey.
El 8 de mayo, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que pondría en consulta un decreto para la homologación de las moléculas agroquímicas para el registro de plaguicidas. Afirmó que la idea es abaratar el costo de los insumos agropecuarios.
En agosto del 2021, representantes de la industria de agroquímicos y de los exportadores insistieron en la necesidad de que el país resolviera el entrabamiento que persiste desde el 2004 en el registro de nuevos plaguicidas.
Ambos sectores argumentaron que la imposibilidad de contar con nuevos productos o moléculas de agroquímicos no solo afecta la productividad de las exportaciones de Costa Rica, sino que también se convierte en una traba para obtener certificaciones exigidas en algunos mercados.
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