Los jefes de fracción de la alianza opositora llenaron de reclamos al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, al reunirse este jueves por espacio de dos horas, en Casa Presidencial.
Los temas polémicos no tardaron en acaparar la mesa de diálogo entre ambos poderes. Así se constató después, cuando los diputados y el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, comparecieron ante la prensa para informar sobre lo conversado.
La jefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), Maureen Clarke, reclamó a Solís por la decisión del Poder Ejecutivo de modificar una regla presupuestaria que condicionaba el aumento en el tope del gato durante el 2016 para todo el Sector Público.
Según Clarke, el PLN está dispuesto a cuantificar en cuánto aumentaría el gasto público a causa de la flexibilización acordada por el Consejo de Gobierno, para este año, desde octubre pasado.
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Ante el ministro de Hacienda, Helio Fallas y sus viceministros, la parlamentaria afirmó que esa decisión es una "mala señal" de un Poder Ejecutivo que defiende la necesidad de más impuestos para reducir el faltante de ingresos del Gobierno central.
Gerardo Vargas Rojas, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), se enfocó en cuestionar a Solís y al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, por la liberación de más de cinco mil presos con el fin de reducir el hacinamiento en el sistema penitenciario.
Según Antonio Álvarez, presidente del Congreso, quien también participó de la cita, el mandatario contestó a los jefes de bancada que conversará con el Ministerio de Justicia para intentar buscar medidas alternativas a la liberación de los presos.
La preocupación de los diputados radica en que varios de los delincuentes que fueron liberados por el Gobierno han cometido nuevos actos de agresión contra la población, como el caso de un hombre que la semana pasada violó a una madre que, una semana antes, había tenido un hijo.
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Pero el reclamo en que coincidieron las fracciones de oposición fue el discurso que el gobernante dirigió ayer a los 81 alcaldes.
Solís dijo a los jerarcas municipales que, de no aprobarse su plan fiscal durante esta administración, el próximo gobierno deberá hacerle frente a un déficit fiscal de un 10,5% del producto interno bruto (PIB), escenario en el que Solís cree que en el país "habría violencia", como la que ocurrió en naciones europeas como España y Grecia, producto de su mala situación financiera. Hoy el déficit es de un 6% del PIB.
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"Le hicimos un respetuoso llamado a la prudencia. Consideramos que todos debemos practicar la prudencia en medio de este debate fiscal, más cuando la alianza de oposición está agradecida con el trabajo del Ministro de la Presidencia y de las autoridades de Hacienda que permitirá llegar a un acuerdo sobre la agenda fiscal en los próximos días", afirmó el socialcrisitiano Vargas, palabras que secundó él presidente de la Asamblea Legislativa.
Ante consultas de la prensa, Sergio Alfaro afirmó que Solís no quiso asustar ni amenazar a nadie con sus palabras, pese a que es la tercera vez que alza la voz para advertir sobre las malas consecuencias que enfrentaría el país de no aumentarse la carga tributaria.
"Es deber del presidente ver hacia adelante en el futuro y decirle al país lo que podría enfrentar en esas condiciones", defendió Alfaro.
Según Antonio Álvarez, la reunión entre el Parlamento y Casa Presidencial de este jueves fue informativa, por lo que no hubo acuerdos ni decisiones sobre cómo y en qué plazo se tramitará la agenda legislativa de carácter fiscal que impulsa la oposición que controla el Poder Legislativo.
Ese bloque espera avanzar con la dispensa de trámites a seis proyectos de ley para reducir el gasto en pensiones, mejorar la ejecución de recursos públicos y combatir la evasión fiscal.
En una segunda etapa, la oposición evalúa aplicar la vía rápida legislativa para reducir el gasto en salarios en el Gobierno central, aunque aún no hay un acuerdo sobre los planes de ley que servirían para tal fin.
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Una vez superadas esas etapas, el bloque opositor entraría a analizar los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo impulsa para aumentar la recaudación tributaria en ¢600.000 millones al año, mediante aumentos y cambios a los impuestos sobre ventas y renta.