El diputado Óscar Cascante intercedió, ante Casa Presidencial, en favor de un proyecto hotelero que pretendían desarrollar, en la costa de Limón, los integrantes de un grupo sospechoso de narcotráfico y lavado dinero, el cual se caracterizó por la opulencia de sus adquisiciones.
El legislador de la Unidad Social Cristiana (PUSC) hizo esta gestión en marzo del 2021, dos años después de que llevó a uno de los sospechosos de integrar la banda, de nombre Luis Guillermo Cartín Herrera, a una reunión con la entonces ministra de Turismo, María Amalia Revelo.
La idea era defender un proyecto de $12 millones, de nombre Beitos Place, con un hotel cinco estrellas, un residencial y un oficentro. El desarrollo se levantaría entre Portete y Moín, pero tenía un problema con la calle del acceso por un traslape de planos con una propiedad del ICT.
El pasado 2 marzo, el diputado Cascante planteó el tema al finalizar una reunión que el presidente de la República, Carlos Alvarado, sostuvo con tres legisladores del PUSC para conversar sobre los proyectos del ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
LEA MÁS: Diputado Óscar Cascante reunió a sospechosos de narco con altos funcionarios del Banco Popular
Así lo señala el oficio DP-P-036-2021, el cual Alvarado le remitió a la fiscala general, Emilia Navas, el pasado viernes.
En esa nota, el mandatario le explica a Navas que procedió a realizar una revisión de cualquier gestión que hayan realizado, en la Presidencia de la República, los detenidos e investigados del grupo desmantelado por la Policía Judicial el pasado martes 25 de mayo.
Ese día, 23 personas fueron detenidas como sospechosas conformar una banda dedicada a trasegar cocaína entre Colombia, Costa Rica y Europa, y a legitimar capitales. Se presume que habrían invertido al menos $20 millones (¢12.400 millones) en lujosos bienes.
Entre los hallazgos encontrados en Presidencia, Alvarado explicó que, después de sostener la reunión con los socialcristianos, Cascante lo abordó para comentarle una gestión que estaba “realizando un inversionista en Limón”.
“Para ello, manifestó el diputado Cascante que se requería de la declaratoria de calle pública de un terreno que donaría un particular a la Municipalidad de Limón, en el que aparentemente existía un traslape de planos con una finca del ICT (Instituto Costarricense de Turismo) y que el interesado en esa declaratoria había solicitado al ICT el criterio particular. Para ello, solicitó nuestra colaboración con el proceso ante el ICT”, explica el mandatario en la carta.
Carlos Alvarado informó a la fiscala Navas de que él remitió la petición de Cascante al ministro de Turismo, Gustavo Segura, el mismo 2 de marzo.
Ese mismo día, el jerarca respondió que se estaba elaborando una “nota de no objeción a la Municipalidad de Limón”, pero con una posición que no satisfizo al diputado.
El 3 de marzo, el ministro Gustavo Segura emitió el oficio DM-058-2021, en el que explicó que, si un privado donaba un terreno, el ICT no tenía inconveniente, pero si existía un traslape de planos entre lo que un privado decía donar y las propiedades del ICT, la Municipalidad de Limón tendría que presentar sus argumentos ante el Registro Público de la Propiedad, donde ya existía un procedimiento administrativo abierto sobre el tema.
El 17 de marzo, el ministro le comunicó al presidente que “el oficio enviado a la Municipalidad de Limón, por solicitud del diputado Cascante, no fue positivo y, por tanto, el diputado solicitó una nota más contundente”.
“Sin embargo, el departamento Legal (del ICT) no lo consideró procedente, a lo que el presidente señaló que ese era un tema que debía resolver el órgano competente”, explica la nota enviada a la fiscala Navas.
LEA MÁS: Grupo narco impulsó proyecto de hotel y condominios en Limón valorado en $12 millones
Todavía 20 días después de su primera petición, el socialcristiano le volvió a decir al mandatario que la Municipalidad de Limón requería que “el ICT indicara con mayor claridad que no se oponía a la declaratoria de calle pública”.
No obstante, “el presidente ya no se refirió más”, dice la nota.
“Ninguna de las gestiones realizadas por las personas hoy detenidas o investigadas surtió efecto ni resultado alguno favorable para el señor Cartín, el diputado o las personas detenidas”, enfatizó el mandatario.
El investigado Cartín Herrera ya había tocado otras puertas. En el primer semestre del 2019, intentó que la primera dama Claudia Dobles o el vicepresidente Marvin Rodríguez le concedieran una audiencia para hablar del proyecto, pero una “recomendación técnica” de Presidencia dispuso que la reunión no procedía.
En febrero del 2019, también le expuso el tema al diputado de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank, pero este también concluyó que las objeciones legales al proyecto eran “insoslayables”.
LEA MÁS: Dos detenidos y un investigado por caso narco registran más de 30 visitas a diputados
Entre diciembre del 2018 y julio del 2019, la Asesoría Legal del ICT le comunicó en numerosas ocasiones a la entonces ministra de Turismo, María Amalia Revelo, que no correspondía emitir los permisos ni traspaso de terreno que solicitaba Luis Cartín Herrera, quien falleció el pasado 6 de mayo.
Una ley de 1961 (la número 2906), que declaró “Zona Recreo y Turismo la Franja entre Portete y 12 Millas Limón”, tenía por objeto inscribir una propiedad en el Registro Público, para que el ICT promoviera el turismo y recreo en dicha zona y pudiera vender lotes a poseedores para efectos de proyectos turísticos.
Cartín Herrera presentó dos acciones de inconstitucionalidad contra esta norma, alegando que la empresa que representa y vecinos procuraban que se declarara calle pública la entrada a 10 propiedades, pero el Instituto se opuso, indicando que tiene una finca en esa zona.
Para desarrollar el hotel, una sociedad manejada por Cartín, llamada Urbanizadora Acre de Heredia, inscribió una propiedad de 18.865 metros cuadrados en julio del 2019.
Aunque el proyecto de la supuesta banda narco empezó con la construcción de una calle adoquinada y muros en la entrada, quedó paralizada porque la Municipalidad de Limón se negó a declarar como calle pública la vía de acceso debido a la oposición del ICT.