EscucharEl diputado Óscar Izquierdo, jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que la “ley jaguar” expondría al país a la tentación de la corrupción, sea cual sea el gobierno de turno.
El vocero liberacionista aseguró que su bancada estudia, con profundidad, la iniciativa que el Poder Ejecutivo quiere llevar a referéndum antes de decidir si dan sus votos para que la Asamblea Legislativa convoque a la consultar popular.
Izquierdo enfatizó que es muy peligroso quitarle a la Contraloría General de la República (CGR) los instrumentos para controlar el uso de los recursos públicos.
“Eso no lo podemos permitir. Sea cual sea el gobierno de turno, la Contraloría tiene que ejercer los controles necesarios”, agregó el jefe de Liberación Nacional.
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No obstante, el vocero verdiblanco sostuvo que, para el PLN, el referéndum es una herramienta importante y necesaria, pues “todos los costarricenses tienen derecho de definir cuáles son los proyectos importantes para el país”.
Si bien la fracción liberacionista aún está analizado una posición, la diputada Andrea Álvarez Marín ya anunció su voto en contra de la “ley jaguar”, precisamente porque considera que abre paso a la corrupción.
En tanto, otras fracciones como Nueva República (PNR) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) están a favor de la propuesta de referéndum, tanto así que el jefe fabricista, José Pablo Sibaja, afirmó que las modificaciones a las potestades de la Contraloría son afines con la ideología de su partido.
La Unidad asegura que la mayoría de las respuestas recibidas por sus bases partidarias se manifestaron favorables hacia el referéndum. Leslye Bojorges sintoniza con la propuesta de Rodrigo Chaves, al tiempo que se unió al lanzamiento de ataques hacia la contralora general, Marta Acosta.
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Este martes, la contralora general, Marta Acosta, aseguró que el proyecto de ley es peor de lo que parece, pues eliminaría toda etapa preventiva de control contra la corrupción y enfatizó que el objetivo es claro: evadir todo control de los fondos públicos.
“Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes”, señaló Acosta.
Entre las advertencias que se han difundido contra la “ley jaguar” están las de Alex Solís Fallas, miembro del comité asesor del presidente en materia del referéndum, quien señaló inconstitucionalidades en la iniciativa.
Solís calificó de inconstitucional pretender disminuir o eliminar la potestad sancionadora de la Contraloría.
También, indicó que es inconstitucional eliminar o debilitar el principio de eficiencia y eficacia que corresponde fiscalizar a la Contraloría, así como reducir por vía legal la autonomía funcional y administrativa de esa entidad.
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La “ley jaguar” impediría a la Contraloría revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de que estos sean ejecutados; solo se le permitiría intervenir de forma posterior.
