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Ottón Solís Fallas, diputado entre 2014 y 2018 y fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC, aseguró que, de haber tenido el tiempo para hacerlo, él habría apelado el informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) que libró de culpas al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, en el caso del cemento chino.
“Yo sospecho que todos (los legisladores de la gestión anterior) hubiésemos querido apelar. Yo hubiese querido recurrir la decisión (de la Procuraduría)”, expresó la noche de este martes, durante una comparecencia ante legisladores de la comisión investigadora del ente procurador.
“Estamos muy seguros de lo que firmamos”, enfatizó Solís, en referencia al informe de la comisión especial investigadora de los créditos bancarios, que indagó los préstamos otorgados por el Banco de Costa Rica (BCR) para la importación del cemento y para la compra de una planta hidroeléctrica por parte de Coopelesca R. L.
Solís, quien formó parte de ese foro investigador de los créditos bancarios, aseguró que en dicho documento, tanto él como los demás integrantes, habían encontrado que el expresidente Solís había faltado al deber de probidad y, por eso, habían solicitado a la Procuraduría de la Ética Pública investigarlo.
“La comisión estimó que pudo haberse gestado el beneficio en particular de un empresario (Juan Carlos Bolaños, importador del cemento chino). Las visitas de ese empresario a Casa Presidencial y otras cosas fueron las que indujeron a consultar a la Procuraduría si se había violentado el deber de probidad en la Ley de Enriquecimiento Ilícito”, comentó Solís.
El exdiputado y actual representante del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por Costa Rica, fue enfático en que no es admisible que personas con poder de decisión busquen beneficiar a unos pocos.
Documento escurridizo
La comisión investigadora del informe de la Procuraduría que liberó de responsabilidades al expresidente Solís en el caso del cemento chino, se conformó para esclarecer por qué los actuales diputados conocieron este documento cuando ya había expirado el plazo para apelar, que era de tres días hábiles.
La Procuraduría de la Ética Pública lo remitió a la pasada Asamblea Legislativa el viernes 27 de abril de 2018, tres días antes de que venciera el período constitucional e ingresaran los diputados de la gestión 2018-2022.
El expresidente legislativo de entonces, Gonzalo Ramírez, puso el documento en conocimiento de los otros miembros del Directorio el lunes 30 de abril, último día de sesiones de los anteriores legisladores.
De hecho, en el acta de sesión extraordinaria del Directorio de ese mismo día, consta un acuerdo para comunicar la existencia del informe a los diputados entrantes, o sea, los actuales.
Sin embargo, fue hasta mediados de mayo de 2018 cuando los congresistas de esta legislatura conocieron el documento.
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Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea durante el año anterior, había dicho que fue hasta ese momento cuando Antonio Ayales, actual director ejecutivo del Congreso, le habló del informe y también le dijo que le faltaban dos folios.
Por ese motivo, ella solicitó a la PEP una copia completa, la cual llegó el 17 de mayo.
El informe de la Procuraduría sobre Luis Guillermo Solís fue criticado fuertemente por el liberacionista y actual presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides.
El verdiblanco censuró la forma en que la PEP indagó las acciones y las decisiones del exmandatario.
En tanto, Gonzalo Ramírez, expresidente de la Asamblea Legislativa, calificó de “inoportuna” a la Procuraduría por el momento en que entregó a la Asamblea Legislativa el informe.
Sobre el papel de Ramírez cuando recibió el pronunciamiento de la Procuraduría, Ottón Solís dijo que “el presidente (del Congreso) debió informar a los miembros de la comisión (especial investigadora de los créditos bancarios)".
Exsuperintendente también compareció
A la comparecencia de este martes también asistió Javier Cascante, ex superintendente de entidades financieras.
Cascante atendió el llamado de los legisladores porque el informe elaborado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef ), también sobre el caso del cemento, cuando él lideraba esa instancia, fue pilar para el arresto del empresario Juan Carlos Bolaños y de seis miembros de la cúpula del BCR.
Según dijo Cascante, la intención de la Sugef fue pedir a la asamblea de accionistas del BCR la aplicación de medidas correctivas en el banco, pues se observaban “problemas de estabilidad” que eran notorios para las calificadoras de riesgo.
Sin embargo, recalcó, la entidad que él representaba nunca sugirió “quitar ni poner a nadie, ni suspender ni remover directores”.
Con esta comparecencia, se cierra el círculo de audiencias de la comisión investigadora del pronunciamiento de la Procuraduría.
El próximo 5 de agosto, este foro debe rendir un informe sobre sus indagaciones al plenario legislativo.
