EscucharLos resultados de las elecciones del 6 de febrero dejaron al Partido Acción Ciudadana (PAC) pendiendo de un hilo y a las puertas de un cierre técnico. La agrupación, que no recibirá ni un colón de la deuda política por su debacle en las elecciones del 2022, acumula más de ¢1.250 millones en deudas. A su vez, la reserva disponible para financiar su operación habitual le alcanzaría para mantenerse vigente por poco más de un año, si no consigue recursos frescos.
Si bien la situación económica del PAC ya era crítica, se agravó aún más tras los comicios. El partido adeuda al Estado ¢429 millones de la condena de ¢627 millones por estafar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en las elecciones del 2010. También arrastra un pasivo de ¢674,2 millones con el banco Lafise, que financió la campaña rojiamarilla del 2018, según consta en el último informe financiero entregado por el grupo político al TSE, con corte a diciembre.
La agrupación habría podido atenuar la crisis si hubiese obtenido un porcentaje de la contribución estatal de las pasadas elecciones, pero, como no consiguió llevar ningún diputado al Congreso y su fuerza electoral fue inferior al 4% (alcanzó un 0,66%) –requisitos indispensables–, no tiene derecho a ese dinero.
El más reciente informe contable del PAC indica que las deudas del partido ascienden a ¢1.255 millones. Además de las deudas con el Estado y con Lafise, se incluye una cuenta por “préstamos sin intereses” sin especificar, por ¢63 millones; así como un financiamiento con Coopealianza de ¢26 millones y un arreglo de pago de cargas sociales con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por ¢50 millones.
La Nación no consiguió conversar con un vocero partidario sobre la situación financiera del PAC. Fabián Solano, presidente del Comité Ejecutivo, indicó que se encontraba hospitalizado por una cirugía. Gonzalo Coto, el secretario, dijo que iba a estar en una actividad hasta las 5 p. m. del jueves y pidió conocer antes las preguntas de la entrevista. Pasada la hora señalada y hasta el cierre de este artículo, no respondió los mensajes que se le dejaron.
Contra el tiempo
Aparte de las millonarias deudas, el PAC se enfrenta a la encrucijada de cómo sufragará, en adelante, sus gastos de operación como pagos de alquileres, salarios, las facturas de agua, electricidad y teléfono, viáticos y suministros de oficina para trabajar a lo largo del año. Por lo general, los partidos políticos financian estos gastos con el porcentaje de contribución estatal de procesos electorales anteriores que dejan en reserva y que custodia el TSE, según lo ordena la ley.
La particularidad de estos fondos en reserva es que, si bien son parte del patrimonio de las agrupaciones, los partidos no pueden usarlos para pagar gastos de campaña electoral, sino que deben aprovecharlos específicamente para financiar actividades de organización (los operativos) y capacitación.
De acuerdo con el TSE, el PAC actualmente tiene en su reserva ¢889 millones, de los cuales ¢613,4 millones son los que pueden utilizar para gastos de organización. Los ¢275,9 millones restantes, deben aprovecharse para capacitar a los militantes. Los partidos acceden a este financiamiento con un mecanismo trimestral de reembolso, para el cual deben presentarle al TSE los comprobantes de los pagos que hicieron. Es decir, necesitan tener recursos propios para invertir, después presentan las facturas correspondientes y luego reciben el reembolso.
Según los registros del Tribunal, los reembolsos trimestrales que ha cobrado el PAC desde el 2019, en épocas no electorales, van desde los ¢84 millones hasta los ¢118 millones, con una suma promedio de ¢117 millones. Es decir: si la agrupación mantiene ese nivel de egresos, los ¢613 millones para gastos de organización que tiene guardados en el TSE le alcanzarían para financiar su operación por cinco trimestres más. Osea, 15 meses.
¿Habrá donantes?
Otra posibilidad son las donaciones de simpatizantes y adeptos, siempre que sean personas físicas de nacionalidad costarricense. En julio del 2021, Anthony Cascante, quien entonces era el secretario general del PAC, había anunciado que el partido usaría donaciones para pagar la condena de ¢627 millones que le impuso el Tribunal Penal de San José, por estafar al TSE a la hora de cobrar la deuda política de las elecciones del 2010.
En esa ocasión, Cascante dijo que no se usaría la deuda política para pagar la condena. Según informó, las donaciones que el partido tenía ahorradas se usarían para cancelar el primer tracto del arreglo de pago de la pena, fijado en ¢200 millones.
“Para los siguientes pagos, se está desarrollando una intensa campaña a lo interno del partido para recibir donaciones, la cual está dando importantes resultados”, dijo el exdirigente del PAC el 8 de julio del 2021.
Sin embargo, según los registros del TSE, después del 2018, cuando los comicios los ganó el actual presidente de la República, Carlos Alvarado, el PAC ha captado donaciones por un máximo de ¢53,6 millones, en el 2019; y en el 2021 sumaron ¢36,8 millones. No fue posible cotejar el monto de donaciones recibidas por Acción Ciudadana en enero del 2022, durante la campaña electoral, porque la agrupación no entregó a tiempo la información financiera de ese mes.
Los ¢36,8 millones en donaciones que recibió el PAC en el 2021 no le alcanzarían para cancelar el tracto de la condena que le corresponde pagar en 2022, el cual es de ¢100 millones. Tampoco serían suficientes para costear un trimestre de operación del partido, con el volumen de egresos acostumbrado.
Además, hay que tomar en cuenta que muchas de esas contribuciones fueron de diputados rojimarillos, quienes según los estatutos de agrupación, deben donar, mes a mes, parte de su salario. A partir del 1.° de mayo, sin ningún representante en el Congreso, esos ingresos también desaparecen.
La opción para el PAC, entonces, sería convencer a sus simpatizantes de aumentar sus contribuciones, pese a haber quedado fuera de los poderes Ejecutivo y Legislativo tras ocho años en el poder y a 21 años de su fundación.
Un partido que quedó en total inactividad, ahogado en deudas y con una condena judicial a cuestas fue el Movimiento Libertario, el cual cayó en un cierre técnico en el 2018, cuando la cantidad de votos que recibió fue menor a la requerida para cobrar deuda política. Tres años antes, el Tribunal Penal de San José condenó a esa agrupación y a tres excolaboradores por cobrar al TSE ¢209 millones por 194 “capacitaciones que nunca existieron” en la campaña previa a las elecciones del 2010.
La agrupación retomó su actividad en el 2021 y participó en las elecciones del 6 de febrero pasado, con el candidato Luis Alberto Cordero, quien tuvo la cantidad de votos más baja (0,1%) de los 25 aspirantes presidenciales que se presentaron a la contienda. El Libertario aún no paga la condena por estafa de ¢401 millones.
