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La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) presiona fuerte contra el proyecto que reduciría el marchamo del 2022, impulsado por la oposición en la Asamblea Legislativa y que, según el Gobierno, causaría un hueco de ¢30.000 millones en las finanzas públicas.
Este jueves, en la reunión de los jefes de las fracciones políticas, la vocera del oficialismo, Laura Guido, advirtió de que podrían presentar otras mociones de fondo al expediente 22.519, plan que sugiere un descuento en el impuesto a la propiedad de lo vehículos, el principal componente del marchamo.
Mientras tanto, los líderes de las demás fracciones parlamentarias manifestaron su interés de avanzar lo más pronto posible con el proyecto, pues para que se pueda hacer efectivo debe aprobarse con suficiente tiempo antes de que el INS empiece el cobro, el 1.º de noviembre.
Este jueves, de hecho, con una agenda ya prefijada desde un día antes, los diputados no pudieron avanzar en el proyecto de ley, sobre el cual aún pesan varias mociones del oficialista Enrique Sánchez y podrían llegar más de una decena de Luis Ramón Carranza, también del PAC.
Laura Guido dijo a La Nación que le piden a la oposición una propuesta para cubrir el faltante de ¢30.000 millones que generaría el plan, o de lo contrario, el PAC tendría que presentar mociones para tratar de atenuar el impacto del proyecto.
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“Estamos pidiendo que nos indiquen de dónde piensan que surgirán esos recursos, que lo incluyan en una moción, que nos hagan la propuesta para poner esos recursos y nosotros estamos con el ánimo de conversar, escuchar, tener un diálogo”, dijo la jefa oficialista.
Alegó que “posiblemente se presenten” más mociones, aunque por el momento solo quedan por tramitar algunas de las ocho que había presentado Enrique Sánchez.
El argumento de Guido es que el faltante en los ingresos genera un problema, que se traduce en menos infraestructura, servicios deficientes o mayor endeudamiento para el país y que, mientras a la gente se le haría un descuento en su marchamo, se le aumentan los intereses por la deuda interna para financiar el funcionamiento del Estado.
“Nosotros podríamos prescindir de las mociones si nos hacen un planteamiento de dónde van a sacar los recursos que están desfinanciando”, insistió.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, había calificado el proyecto como una irresponsabilidad fiscal.
El proyecto plantea una reducción en el monto que se paga por el impuesto a la propiedad de los vehículos que va desde un 9% hasta un 45%, según el valor del automotor. El beneficio aplicaría para autos particulares con valores inferiores a los ¢15 millones.
Además, con una moción de último momento aprobada esta semana, propuesta del socialcristiano Erwen Masís, se condonaría un millón de marchamos atrasados, siempre que los propietarios de esos vehículos paguen el marchamo 2022, antes del 1.º de enero del próximo año.
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El sancarleño Luis Ramón Carranza reafirmó la idea de minimizar el impacto del proyecto en las finanzas públicas, lo que calificó “responsabilidad como oficialistas”.
“Tanto se habla de huecos fiscales y vamos a generar un hueco más, eso no es responsable. Lo que pretendemos es que sea del menor tamaño posible y favorecer principalmente a las personas de más escasos recursos, y no a los vehículos de mayor valor, ni a empresas que no han sido afectadas por la pandemia”, dijo.
Aunque las mociones de Carranza no están formalmente presentadas, el trámite del proyecto, que fue dispensado de las etapas anteriores, sí permite plantear las mociones de fondo que cada diputado quiera, directamente, en el plenario legislativo.
Por ahora, la opción que tienen los partidos de la oposición es incluir el proyecto en la agenda del lunes o del martes próximos, y apurar el paso para aprobarlo definitivamente esa semana.
Mientras tanto, la presidenta legislativa, Silvia Hernández, dijo que lo que le corresponde a ella es poner a conocimiento y votación todas las mociones que se le presenten a la iniciativa.
“La mayoría de fracciones plantea que se le dé prioridad al expediente y se le dará prioridad en los días que restan, en tanto sea material y humanamente posible”, comentó.
El jueves, más temprano, la fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) había clamado por que se tramitara el proyecto ese mismo día y acusó al PAC de obstruccionismo.
“La iniciativa no ha logrado avanzar por la oposición del PAC, que por segundo año consecutivo utiliza todas las tácticas dilatorias para detener la propuesta. Este es un proyecto necesario para darles alivio a los costarricenses, afectados por la pandemia”, dijo el jefe de la Unidad, Pablo Abarca.
También, acusó al Gobierno de “no pensar en los ciudadanos, con el pretexto de las finanzas públicas cuando dispararon el gasto incumpliendo la regla fiscal en varias instituciones”.
